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Comcipo en Potosí define paro de 48 horas para exigir la abrogación de la ley 1386

Una de las marchas del Comité Cívico Potosinista / ARCHIVO RADIO FIDES
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) junto con sus organizaciones afiliadas definió el martes un paro de 48 horas desde el jueves.

Mediante una convocatoria, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) junto con sus organizaciones afiliadas definió el martes un paro de 48 horas desde el jueves, como medida de presión, exigiendo que se derogue la Ley 1386 de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Esta medida se llevará a cabo desde las 00:00 horas del jueves 21, hasta el viernes 22 de octubre. La disposición fue coordinada con la representación cívica a nivel nacional anunciando que será acatada en todo el territorio boliviano.

“Por resolución de los Comités Cívicos a nivel nacional, que se determinó el 16 de octubre del presente año en la ciudad de Cochabamba, se determina acatar el paro de 48 horas los días jueves y viernes, siendo un paro movilizado con bloqueos en cada sector determinado de cada institución y organización de Potosí”, indica parte del comunicado.

Entre los sectores que se unirán a esta medida están los comerciantes, transportistas, trabajadores de salud, universitarios, mineros, maestros, juntas vecinales y otros, quienes se organizarán en las calles y avenidas para «cortar» el tráfico vehicular.

El Órgano Ejecutivo oficializó, la jornada anterior, el retiró del proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, varios sectores piden la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, la cual es considerada como la “ley madre”.

“No solo era el proyecto, estamos preocupados por la ‘ley madre’, la ley 1386 que el Legislativo sancionó sin hacer ningún tipo de socialización”, señaló el secretario de los Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, citado por El Deber.

Finalmente, desde el Comcipo señalan que el proyecto 218 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas aún no fue retirado por el Gobierno, a pesar del compromiso de hacerlo. Además, los cívicos potosinos piden la anulación de estas normas porque son “leyes que van en contra de los bolivianos”.

/GFS/


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