Desde la Cámara de Comercio de Oruro, emitieron ayer un pronunciamiento con el objetivo de demandar la realización de un control de constitucionalidad al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, cuyo objetivo aparente es atentar contra las actividades financieras.
En el documento, se hace mención al artículo 333 de la Constitución Política del Estado, el cual dispone que las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en procesos judiciales o se presuma comisión de delitos financieros.
Presidente
El presidente de la Cámara de Comercio de Oruro, Hernán Peláez señaló ayer que esa ley afecta a su organización, vulnera los derechos de la libre empresa, ya que a solo denuncia, la cual podría ser malintencionada de un funcionario contra algún empresario que tenga éxito en su emprendimiento, activaría los mecanismos de coerción para que esta actividad comercial sea intervenida, sin derecho a la réplica ni defensa pertinente.
“Esta ley, al margen de ser atentatoria y además draconiana, nos está vulnerando nuestros derechos a la libre empresa”, manifestó Peláez.
Asimismo, instó a todos los miembros de la Cámara de Comercio de Oruro y a la población en general, a no quedarse callados y hacer respetar los derechos de las personas.
En el pronunciamiento, también se indica la preocupación del proyecto de dicha ley, la cual a nombre de luchar contra el lavado de dinero u otros, atenta contra libertades democráticas y se constituye un riesgo para las actividades financieras, civiles y comerciales.
“Nuestra institución respaldará leyes que respeten la unidad del pueblo boliviano, la defensa de los derechos de las libertades y de la democracia… Cada sector afectado debería hacer conocer sus observaciones y la Cámara de Senadores debería abrir sus audiencias públicas para que la población conozca realmente cuál es el alcance de la ley”, finalizó.
