Los periodistas de Página Siete exigieron la liberación de su compañero Carlos Quisbert, el cual fue aprehendido este martes 21 de septiembre cuando realizaba una cobertura del conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca). Asimismo, sus colegas calificaron el hecho como un abuso cometido por la Policía Boliviana.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo lamentó la vulneración de los derechos de los trabajadores de la prensa debido a la aprehensión del periodista de Página Siete. Es por eso que exigieron más información sobre el caso a la Policía y anunciaron el inicio de una investigación.
Según el reporte del medio de comunicación paceño, un efectivo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) amenazó y embistió con su motocicleta a Quisbert. El periodista trato de defenderse, pero no lo consiguió y su reacción fue excusa para aprehenderlo.
Posteriormente, un jefe policial autorizó su liberación, sin embargo, más adelante llegó otra orden de aprehensión en su contra y fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
“Denunciamos ante la opinión pública este atropello a los derechos fundamentales y exigimos a las autoridades de la Policía Boliviana y del Gobierno la inmediata liberación de nuestro compañero. También pedimos la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos”, señala parte del reporte de Página Siete.
Desde el medio, advirtieron el riesgo que representa el abuso de poder de efectivos para la seguridad de todos los bolivianos, asimismo, señalaron que la Policía intenta manipular los hechos para inventar un caso de agresión a un uniformado.
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo lamentó que Quisberth sea enmanillado y trasladado en un vehículo policial cuando realizaba su trabajo. Este hecho ocurrió en la zona de Villa Fátima, en inmediaciones del mercado de la coca de la ciudad de La Paz.
Este hecho se suma a otros dos ocurridos días atrás en Santa Cruz y Cochabamba, en el que otros dos trabajadores de la prensa, según denuncias de los gremios periodísticos y publicaciones en medios de comunicación, fueron agredidos mientras cumplían su trabajo, y se constituyen en una afectación a la labor periodística, toda vez que ésta permite mantener informada a la sociedad, indicaron desde la Defensoría.
Así también, reprocharon el uso excesivo de agentes químicos por parte de los efectivos policiales y la detonación de artefactos explosivos que afectó a la integridad física de otros dos periodistas que también realizaban la cobertura de este conflicto por la presidencia de la Adepcoca.
La Defensoría del Pueblo demandó a las autoridades de Estado y a los servidores públicos a garantizar la libertad de expresión, un derecho constitucional.
