El acoso y la violencia política hacia las mujeres se han naturalizado en el área rural, y apenas tres gobiernos municipales del departamento implementaron la normativa pertinente para hacerle frente a este flagelo que viven las demás autoridades. La Defensoría del Pueblo hace seguimiento de esta temática.
“Estos temas del acoso y violencia política se han naturalizado en el área rural, en particular, es altamente posesionado como parte normal de la vida de los concejos (municipales), etc., y algo que también es importante relievar muchas veces el tema de sororidad entre mujeres no es tan coherente porque hasta entre ellas se va generando esta circunstancia”, argumentó el delegado Defensorial de Oruro, José León.
Datos
De acuerdo a datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 2015, hasta el 2019 Oruro estaba entre los tres departamentos con mayor cantidad de denuncias por acoso y violencia política hacia las mujeres, con 12 denuncias, después de La Paz con 43 y Cochabamba con 17.
Y según la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), de 2018 hasta el 2020, a nivel nacional hubo 362 denuncias, de las cuales 16 pertenecen a Oruro.
Según León, los municipios de Challapata, Huari, y Santiago de Huayllamarca, son los que han dado el primer paso para la incorporación de la Ley 243.
“Lastimosamente no es fácil este proceso de incidencia porque muchos municipios no cuentan con asesores legales o apoyo técnico que pueda visualizar e impulsar que se concretice esta incorporación de la normativa”, añadió.
Ante esta situación hace algunas semanas se firmó una carta de intenciones junto al Tribunal Electoral Departamental de Oruro (TEDO), Acobol, Asociación de Municipios del Departamento de Oruro (Amdeor) para hacer el seguimiento respecto a la implementación de la normativa.
Compendio
Desde la Defensoría del Pueblo se trabajó en un paquete normativo que contempla la propuesta de reglamento general de la asamblea departamental o concejo municipal, proyecto de reglamento de comisión de ética, proyecto de reglamento interno de personal, y propuesta de régimen disciplinario, todo ello orientado a “luchar” contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres.
