La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) y las Cámaras de Industriales de Huajara (Cihor) y de Industriales de Vinto (Civin-OR) rechazó la puesta en vigencia de tasas fiscales departamentales de control de minerales mediante la “Regularización del Formulario 101” anunciada por la Secretaria Departamental de Minería y Metalurgia del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru).
Afirmaron que el secretario Departamental de Minería y Metalurgia del Gad-Oru, Alejandro Escobar pretende aplicar una norma anticonstitucional que además duplica el pago de las tasas que se cancelan al Senarecom por el Formulario M02, que consiste en montos de 25 y 50 bolivianos, por el comercio interno y externo de los minerales.
Presidente
La presidente de la FEPO, Elvira Valdez de Velasco, junto a los presidentes de la Cihor y Civin-OR, Michael Zalesky y Juan Antonio Mamani, respetivamente, calificaron la medida como arbitraria e inconstitucional por ser una competencia exclusiva del nivel central del Estado Plurinacional, por lo que acudirán a la Asamblea Legislativa Departamental para impugnar la Ley Nº 176 de 15 de mayo de 2019, por no adecuarse a lo establecido como competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
Citaron que la Constitución Política del Estado, en su Capítulo Octavo de la Distribución de Competencias, en el artículo 298, establece las competencias privativas del nivel central del Estado, que se regulan en el parágrafo II que determina que son competencias exclusivas del nivel central del Estado, estableciendo en el inciso 4, que los recursos naturales, estratégicos, que comprenden los minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua.
Indicaron que la aplicación de cobros de forma arbitraria genera inseguridad jurídica y además no constituye un incentivo a las inversiones que deben realizar para desarrollar la minería en el país, sector productivo que aporta con el pago de regalías mineras e impuestos que sostienen la economía departamental y nacional, generando importante número de empleos.
Pago
Con relación al doble pago que se podría generar con esta disposición que además no tiene Reglamentación y no fue socializada para su aprobación a nivel de los productores mineros, del sector privado, cooperativizado y estatal, deja a discrecionalidad de los técnicos de la Secretaria Departamental de Minería y Metalurgia del Gad-Oru la aplicación de “multas y sanciones” que se convierten en algunos casos en extorsión, porque se pretende aplicar para recaudar fondos económicos para esa secretaria.
Ley
La Ley Departamental Nº 176 de mayo de 2019 fue aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental durante la presidencia de Sabino Fábrica y promulgada en la gestión del gobernador Víctor Hugo Vásquez Mamani, con una Tabla de Tasas Fiscales del Gobierno que fueron incrementadas para los trámites de la Secretaría Departamental de Asuntos Jurídicos.
Trámites de la Notaría de Gobierno y Legalización de Firmas, Protocolización de Contratos con Cuantía para empresas públicas de Bolivia, trámites de legalización de firmas, títulos y valores, desarchivo de documentos.
Así como trámites de la Secretaria Departamental de Administración y Finanzas Públicas, Unidad Administrativa y Área de Recursos Humanos; Unidad de Finanzas, Unidad de Turismo, Unidad de Transporte y, para la Secretaria Departamental de Obras Públicas.
Además de sanciones por incumplimiento a deberes formales, el Régimen Sancionatorio Udetra y la Secretaria Departamental de Minería y Metalurgia del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru), con las tasas fiscales de control de salida y entrada de minerales.
