Después de más de ocho horas de arresto, el exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink fue notificado por el Ministerio Público para declarar la tarde de este lunes en la ciudad de La Paz.
El economista fue arrestado el sábado 26 de junio en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, cuando abordaba un vuelo al exterior del país. Posteriormente fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Warnes en Santa Cruz.
La exautoridad denunció que no fue previamente notificado de una supuesta orden de arraigo que tiene, por lo cual lo arrestaron.
“Fui detenido cuando pretendía hacer un viaje junto con mi esposa bajo el argumento que tenía una alerta migratoria de la cual yo no estuve notificado y el encargado de Migración me dijo que no podía abordar y luego me condujeron a celdas de la Policía de Warnes sin tener ningún motivo, luego me dijeron que era por el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, expresó, según Innovapress.
Schlink fue citado a declarar en la ciudad de La Paz en calidad de testigo por el caso FMI que inició el Ministerio Público.
En 2020 el Gobierno de transición logró un crédito de al menos 327 millones de dólares, proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para “cubrir” los gastos sanitarios ocasionados por el brote de coronavirus, pandemia que golpeó el sistema sanitario del país y del mundo.
La exautoridad admitió que en la gestión de Jeanine Añez se tramitó un crédito del FMI cuando él era Viceministro del Tesoro.
“Me detuvieron para que yo vaya a dar mi versión, me imagino, pero nunca me notificaron que estaba implicado en el caso, que tenía que ir a declarar o que tenía una alerta migratoria, porque si yo hubiera tenido eso en mis manos, hubiera tomado mis recaudos”, manifestó.
La Asamblea Legislativa de ese año, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y actual partido de Gobierno, denunció que la operación era ilegal y condicionaba al país a seguir medidas de corte neoliberal.
Entre estas condiciones, denunciadas por el antiguo Congreso, el país se comprometía a devaluar la moneda y a achicar el gasto público. Esto fue negado, por el anterior Gobierno e incluso por el propio FMI, el cual en más de una ocasión advirtió que la operación no traía ningún tipo de condicionante.
Luego del retorno del MAS al Gobierno, el préstamo fue devuelto y se anunciaron procesos contra las exautoridades que lo tramitaron debido a que la operación habría provocado un daño económico al Estado.
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