Se presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para regular y controlar los servicios de las funerarias en el país, informó este miércoles el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.
Asimismo, indicó que el proyecto fue presentado con el objetivo de garantizar a los consumidores del abuso y exceso de estos proveedores del servicio de funerarias.
Señaló que los proveedores puedan someterse y adecuarse a los precios que regularán los gobiernos municipales de cada departamento.
Detalló que las funerarias en este momento de pandemia por el Covid-19 incrementaron los precios de sus servicios, es decir, antes cobraban entre 2.500 a 3.000 bolivianos, ahora tienen tarifas desde 8.000 hasta 12.000 bolivianos.
«Tenemos que ser conscientes en estos momentos difíciles, tenemos que unirnos, trabajar juntos para combatir este tema que causa bastante dolor en las familias que están atravesando la pandemia del coronavirus», expresó Silva.
Explicó que ante la situación de los cementerios públicos lo cual no tienen la capacidad para cremar a las personas que fallecieron a causa de la enfermedad. Los campos santos privados ofrecieron costos desde 3.000 hasta 5.000 dólares.
«Es decir, hay gente abusiva, lamentablemente que no pierde la oportunidad para lucrar con el dolor de la gente. No le importa el llanto de la gente, no le importa si la gente no tiene dinero», lamentó la autoridad.
Funerarias tenían miedo de prestar servicios
El presidente de la Asociación de Funerarias de Cochabamba (Afumec), Juan Carlos Orellana explicó que al principio, muchas funerarias rechazaron atender entierros de personas fallecidas por el coronavirus pero ante la demanda y ausencia de entierros por otras causas, al final accedieron.
“Yo mismo no quería atender, pero tuve que aceptar porque no había más servicios. Muchas personas habían muerto por la enfermedad o con sospecha”, manifestó.
Orellana dijo que, ante la demanda, las funerarias del departamento no daban abasto, tenían la agenda llena y una lista de espera de dos días, por lo que muchas solicitudes eran rechazadas.
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