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Representante de Derechos Humanos de El Alto ve “manipulación política” en el caso “Senkata”

Activista David Inca / Archivo Opinión
El representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto e impulsor del caso “Senkata”, David Inca aseveró que las víctimas de los hechos de 2019 son objeto de una “manipulación política” del Movimiento Al Socialismo (MAS), que busca justificar acciones mediáticas en el caso del supuesto “golpe de Estado”.

El representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto e impulsor del caso “Senkata”, David Inca aseveró que las víctimas de los hechos de 2019 son objeto de una “manipulación política” del Movimiento Al Socialismo (MAS), que busca justificar acciones mediáticas en el caso del supuesto “golpe de Estado”.

Inca explicó, que las supuestas víctimas que aparecen en el proceso sólo son Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda y no así, quienes fallecieron, fueron heridas o torturadas en Senkata.

Indicó que el caso Senkata se abrió hace un año y siete meses y sólo se tiene dos cautelados, Generales de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el caso del supuesto golpe “avanza con mucha prolijidad”, puesto que se tiene 13 imputados y tres cautelados.

“Entonces lamentablemente se ve aquí la manipulación política partidaria de utilizar a las víctimas para justificar algunas acciones mediáticas, pero del tema de (lograr) justicia no se está haciendo lamentablemente este trabajo”, manifestó Inca en contacto con la red Erbol.

El activista subrayó que todo Gobierno, sea de izquierda o de derecha, utiliza a las víctimas de acuerdo a intereses mediáticos y de posicionamiento ideológico.

“Todo es utilizado políticamente por el Gobierno, sea de izquierda o de derecha, cuando les conviene utilizan a las víctimas, pero se olvidan de ellas llegado el momento de la justicia”, aseveró.

Asimismo, cuestionó la tarea de la Fiscalía respecto a la investigación, en que 24 personas fueron denunciadas por las manifestaciones de noviembre de 2019.

Inca detalló que, se determinó el sobreseimiento, pero fue impugnado y pasó al Fiscal Departamental para su ratificación, sin embargo, se encuentra seis meses esperando una respuesta cuando, por norma, el plazo era de 20 días para una resolución.

/JDLF/

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