El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez afirmó este domingo que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo no se impondrá fianza económica por el caso que se le investiga de lavado de dinero y sobornos en Estados Unidos (EE.UU.), porque ese delito está tipificado como atentado a la “seguridad nacional” de ese país y una vez cumplida su condena recién se dará curso a la solicitud de su extradición.
El representante del Gobierno de Arce dijo ser el momento de la negociación de Murillo por ser un derecho, para esclarecer su situación delincuencial, implicado junto a otras personas.
Indicó que los montos de fianza fijados por la justicia estadounidense son muy altos. En el caso de Luis Berkman, el intermediario con la proveedora de los gases, la fianza fue de 500.000 dólares y de su hijo, Bryan Berkman de 350.000, impuesta por el sistema judicial en ese país, además de la incautación de las dos casas y el tobillero de circulación.
Manifestó que en paralelo a la acción penal en EE.UU., se activó una acción civil con el bufete de abogados norteamericanos contratados por el Estado boliviano, a fin de recuperar los activos del millonario daño económico.
Añadió, en ese caso, que la situación de Murillo se agrava por el daño económico a la población de Bolivia, se destinaron recursos económicos públicos en medio de una emergencia sanitaria por la pandemia a causa del Covid-19.
Posible postergación de su audiencia
Según el procurador, en contacto con Bolivia Tv, existe la posibilidad de otra postergación de la audiencia de Arturo Murillo.
“Es probable, dependiendo de la estrategia de la Fiscalía en EE.UU., que se postergue (la audiencia), vamos a estar atentos con nuestros abogados, felizmente tenemos un equipo muy solvente en eso”, expresó.
Señaló que ya se activaron las solicitudes de extradición para el exministro de Defensa, Luis Fernando López Chávez y se espera que la justicia y el gobierno vecino del Brasil accedan a la demanda de Bolivia, en virtud a un acuerdo bilateral.
Caso Murillo
Arturo Murillo es procesado en Bolivia por el caso gases lacrimógenos uno y dos con un daño económico por más de 2,3 millones de dólares en el delito tipificado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Otro caso es el presunto “golpe de estado” por los delitos de sedición, conspiración, terrorismo y otros.
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