En Bolivia no está funcionando el sistema de protección del trabajo adolescente, entre 14 y 18 años, alertó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, al explicar que son muy pocos los registros municipales de esta actividad, lo cual los deja en “indefensión”.
Cruz se pronunció éste sábado en el Encuentro virtual Unión de Niñas y Niños Trabajadores de Bolivia (Unatsbo). Un acontecimiento cuyo objetivo fue identificar las “principales preocupaciones, avances y desafíos con relación al trabajo infantil en Bolivia”, de acuerdo al boletín institucional de la Defensoría.
“La cuasi inexistencia de datos de registro y autorización no significa que no hay trabajo en adolescentes, tanto en cuenta propia como en cuenta ajena, sino más bien, que no está funcionando el sistema de protección”, aseveró la autoridad defensorial.
La Defensora informó sobre una investigación, en la que se constató que de 51 Gobiernos Autónomos Municipales, sólo siete tenían registros y autorizaciones de trabajo adolescente.
“La norma y las resoluciones han tratado de incidir en el registro de datos para hacer el seguimiento correspondiente, pero las y los adolescentes no acuden a registrarse, en muchos casos por desconocimiento, en otros por temor, y en otros porque el proceso es más bien largo y dificultoso”, explicó Cruz.
Y alertó que particularmente en el contexto de pandemia por el Covid-19, la situación de las niñas, niños y adolescentes se agrava en términos catastróficos, porque no se conocen las circunstancias de trabajo en la que se encuentran y la ausencia de intervención estatal los expone a la explotación y al trabajo peligroso.
DEFENSORÍA CUESTIONA AL ESTADO
También sostuvo que el Estado no aprobó, ni implementó el Programa de Prevención y Protección Social para niños y niñas menores de 14 años de edad en actividad laboral, recalcando que debería ser aplicado por todos los Gobiernos subnacionales.
“Esta tarea fue encargada a los Ministerios de Justicia, de Trabajo y de Planificación; sin embargo, este programa no ha sido aprobado ni implementado hasta la fecha, lo que genera una omisión en la obligación estatal de protección para con este especial sector”, cuestionó Cruz.
Asimismo, indicó que el Estado tampoco aprobó una política para la eliminación de las determinantes de la explotación laboral y las llamadas «peores formas» de trabajo infantil.
“(Convoco) a asumir el desafío de diseñar e implementar políticas públicas sobre el trabajo infantil, con todas las observaciones puntualizadas”, añadió.
Finalmente, Cruz reiteró su “compromiso” de trabajar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes trabajadores.
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