Los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) mediante una carta al Contralor General del Estado, Henry Ara, pidieron este miércoles una “auditoría especial” al proceso de contratación por excepción que hizo la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la firma de Abogados Asociados de los exprocuradores del Estado, Héctor Arce y Pablo Menacho, por presentar “vicios de nulidad absoluta que atentan contra los intereses del Estado”.
Los legisladores sostienen que el contrato entre la ESM y la Alliance Abogados Asociados constituye una evidente “desviación de poder” que en materia contractual se la define: “Como la función administrativa ejercida por el servidor público, con el propósito de favorecer a un tercero, dejando de lado el fin legítimo que persigue la ley con la atribución de la respectiva competencia”.
Héctor Arce y Pablo Menacho, ocuparon el cargo de Procurador General del Estado, actualmente son socios de la firma de abogados que se adjudicó el contrato con la ESM por 2,5 millones de bolivianos. Arce, recientemente ha sido designado embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), según reportó la Agencia de Noticias Fides (ANF).
El diputado de CC, José Manuel Ormachea denunció que dicha contratación presenta vicios de nulidad y pretende beneficiar económicamente a miembros del partido del actual Gobierno, que además ejercen altos cargos diplomáticos.
“(Hay) presunción de daño económico al Estado; tiene por detrás el concepto de desvío de poder en función al aprovechamiento del Estado para beneficio económico personal de Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho (…) es una contratación a los amigos del gobierno”, expresó.
Los diputados de Comunidad Ciudadana, Elena Pachacute, José Manuel Ormachea, y Óscar Balderas, enviaron la carta al Contralor General del Estado, para que esta instancia realice la “auditoría especial” sobre el proceso de contratación.
Los diputados de oposición también observaron el incumplimiento del artículo 217 de la Constitución Política del Estado (CPE) y de la Ley de la Procuraduría General del Estado, que atribuyen al Procurador la función de “defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas, sea en resguardo de la soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses del Estado”.
La Resolución No CGE/144/2019 de la Contraloría General del Estado, establece que la auditoria especial, “es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales u otros aspectos que puede generar el establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública”.
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