El exministro de Gobierno Arturo Murillo, aprehendido por el delito de presunto lavado de dinero en el país del Norte, debe cumplir una sentencia de uno a 20 años antes de ser extraditado, anunció este domingo la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips.
La diplomática en contacto con el diario La Razón indicó que, si bien existe un convenio entre los dos países, primero debe cumplir sentencia por los delitos cometidos en Estados Unidos, antes de ser extraditado. Asimismo, no quiso adelantar ningún criterio si se hizo algún pedido de traslado a Bolivia, solo mencionó que sí hay un convenio para hacerlo.
Consultada sobre si las autoridades bolivianas tendrán que esperar el juicio y una eventual condena, Phillips, respondió: «Sí. No sé mucho del caso, qué tan avanzado está o si habrá más cargos o involucrados, pero sé que están preguntando sobre el ciudadano boliviano que está en Estados Unidos relacionado en este caso”.
Indicó que si existe la solicitud de extradición vía Embajada de Bolivia en Washington, la documentación se remitirá al Departamento de Estado de ese país para registrarla y luego será revisada por el Departamento de Justicia.
Manifestó que su país tiene una Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), constituyéndose en una “herramienta clave” para este tipo de lucha, porque establece consecuencias legales para personas y entidades estadounidenses, así como para ciudadanos no estadounidenses, «y está enfocada a los que pagan sobornos a gobiernos extranjeros».
Dijo que para esta labor se tiene al Control de Delitos Financieros (Fincen), un equipo de 300 investigadores y analistas, una red de inteligencia para la detección, investigación y enjuiciamiento del lavado de dinero nacional e internacional, y otros delitos financieros.
Añadió que ese trabajo es importante para América Latina porque existe mucha circulación de dinero en los bancos de Miami, funciona como una especie de centro banquero hemisférico, y a través de la Fincen y la Ley FCPA es posible hacer seguimiento del dinero e identificar la corrupción.
Puntualizó que si los involucrados viven en Estados Unidos es fácil aprehenderlos y generalmente salen con una fianza; pero cuando no son ciudadanos estadounidenses y tienen relaciones con el extranjero, no se acepta una fianza sino quedan detenidos porque el riesgo de fuga es grande.
Enfatizó que este mecanismo ha sido usado varias veces contra narcotraficantes, y ahora contra la corrupción oficial.
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