Pese al rechazo y amenazas del sector salud, sin ningún acto oficial y después de diez días de su sanción, el presidente Luis Arce promulgó la Ley de Emergencia Sanitaria, que entró en vigencia la noche del miércoles 17 de febrero.
Anoche, tras conocer la información de la promulgación, los colegios médicos del país se reunieron de emergencia y decidieron convocar a un encuentro del Consejo Nacional de Salud (Conasa) para las 11:00 horas de esta jornada, con el objetivo de definir el inicio de la huelga indefinida que anunciaron si el mandatario firmaba la norma.
Arce firmó la ley sin el habitual acto público y el documento oficial apareció publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, con lo que desde ese momento entró en vigencia.
La norma de 36 artículos y siete disposiciones generales, sancionada por la Asamblea Legislativa por la mayoría oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) hace diez días, fue rechazada por el sector salud y legisladores de la oposición por diversas observaciones.
El Consejo Nacional de Salud, que agrupa a todos los sectores de salud, advirtió que se realizaría una huelga indefinida si Arce firmaba la ley. En ese contexto, pidieron al Presidente reunirse para revisar la ley, pero no recibieron ninguna invitación.
Según las autoridades gubernamentales, la norma fue aprobada con las modificaciones acordadas por los médicos y que el desconocimiento de éstos por otros sectores respondía a intereses políticos.
En respuesta a la presión de los galenos, el Gobierno convocó a los sectores sociales afines, que respaldaron la ley y dieron plazo para su promulgación.
Los profesionales en salud consideraron que la norma vulnera la Constitución Política del Estado, además criticaron que se les haya excluido de su tratamiento.
También denunciaron que el Ejecutivo busca solucionar la emergencia sanitaria obligando al personal de salud a trabajar “en condiciones inadecuadas”, según un pronunciamiento difundido hace unos días.
Las fuerzas opositoras, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos cuestionaron que la ley apruebe las cláusulas de confidencialidad y reconocimiento de normativa extranjera para la compra de pruebas, vacunas y medicamentos, al considerar que eso restará transparencia a la gestión de la crisis sanitaria y podría dar paso a la corrupción.
También advirtieron que, con la norma, el Gobierno nacional quita autonomía y capacidades a los Gobiernos regionales y municipales en la gestión sanitaria, en contra de lo que señala la Constitución.
OBJETIVO DE LA LEY
La Ley de Emergencia Sanitaria tiene por objeto “proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro” y “establecer que la Ministra o Ministro de Salud y Deportes, dentro del ámbito de sus competencias, podrá adoptar las medidas previstas en la presente ley cuando así lo exijan razones sanitarias”.
Asimismo, busca garantizar la gratuidad de las vacunas, regular los precios de los medicamentos, evitar la mercantilización de la salud y reglamenta los cobros en las clínicas privadas para evitar especulación.
/MVSG/
