Este jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió el proyecto de Ley de «Justicia Digital» a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su consideración y aprobación. Se trata de un cambio institucional que involucra reformas normativas, organizacionales y culturales ante la adopción de nuevas tecnologías.
El documento señala que el actual sistema judicial en Bolivia se caracteriza por la retardación de justicia, la corrupción, la falta de acceso a la justicia, la detención preventiva y el hacinamiento en las cárceles, además de la falta de acceso a la información de los procesos, garantías y seguridad jurídica de inversión.
El proyecto de Ley de “Justicia Digital” establece que la digitalización del sistema judicial es la garantía para una justicia equitativa e igualitaria, para impulsar proyectos de fácil tramitación para las aperturas y clausuras de empresas y emprendimientos, el arbitraje, bajar la carga de los juzgados y garantizar los derechos de la sociedad civil.
“Justicia digital son muchas cosas: va desde la tramitación digital de expedientes hasta la introducción de juicios virtuales o la interoperabilidad de los datos de la policía, los tribunales y los centros penitenciarios para evitar cuellos de botella y puntos ciegos”, argumenta.
Se prevé mayor eficiencia y eficacia en la tramitación de casos y un mejor acceso a los servicios de justicia en línea. Esto va desde la existencia de procesos digitales sin la intervención de un juez o abogado, hasta la celebración de audiencias y juicios virtuales.
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