Las consultas de constitucionalidad enviadas por el Órgano Ejecutivo el 13 de julio, respecto a la Ley de alquileres y la de donación de plasma, promulgadas el jueves reciente por la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, fueron declaradas constitucionales mediante “autos” por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“La Comisión de Admisión del TCP, en virtud a lo establecido por el art. 112.1 del Código Procesal Constitucional, resuelve RECHAZAR la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley 597/2019/2020, denominado ‘Ley Excepcional de arrendamiento (alquileres)’ remitida por Jeanine Áñez Chávez”, señala el auto constitucional 0124/2020-CA emitido por el TCP.
En ese mismo sentido, el auto constitucional 0135/2020-CA resolvió: “La Comisión de Admisión del TCP, en virtud a lo establecido por el art. 112.1 del Código Procesal Constitucional, resuelve RECHAZAR la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley 696/2019-2020, denominado `Ley que establece medidas temporales de fomento a la donación voluntaria e informada de plasma hiperinmune de pacientes con coronavirus (Covid-19)”.
El 13 de julio, Áñez solicitó al TCP la revisión de ambas normas, previas a ser promulgadas, para verificar si están acordes a la Constitución Política del Estado (CPE), entonces, el TCP rechazó admitir los pedidos argumentando que de acuerdo al Código Procesal Constitucional, la mandataria sólo tiene legitimidad para realizar la consulta cuando la Ley en cuestión es iniciativa del Órgano Ejecutivo, sin embargo, las normas sobre alquileres y donación plasma se tramitaron desde el Legislativo.
La Ley de alquileres dispone reducir en un 50 por ciento el pago del canon de alquiler durante la emergencia sanitaria, de manera retroactiva desde el 17 de marzo y la Ley de donación de plasma, regula esa actividad altruista y permite incentivos.
Ayer, el Gobierno calificó de “inconstitucional” la promulgación de las Leyes de reducción excepcional de alquileres, de donación de plasma y de atención gratuita en clínicas privadas y que detrás de la determinación hay un fondo político.
