La Fundación Apolo Bases para el Cambio de Argentina, cuestionó este viernes el asilo político de Evo Morales, debido a las denuncias que enfrenta por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, tras salir a la luz una supuesta relación sentimental con Noemí, cuando era menor de edad, entre otros delitos.
«Nosotros como Fundación defensora de la democracia y de las instituciones republicanas entendemos que no podemos darle asilo político a una persona que está prófuga de la justicia boliviana, en principio, y además mucho menos a una persona que se la acusa de violación y de trata de personas», aseguró el presidente de la institución, Antonio Fratamico, en contacto con el Periódico Bolivia.
El 25 de agosto, la organización solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, información pública del flujo migratorio de Noemí y además pidió al Gobierno argentino, precisar el lugar de residencia de la muchacha e informar en qué calidad de migrante, turista, asilada política o en qué otra condición reside en el país.
Según las investigaciones, la supuesta joven pareja de Morales, realizó un primer viaje a la Argentina, entre el 16 de diciembre y el 7 de febrero; además, da cuenta de un segundo desplazamiento, entre el 12 de febrero y el 5 de marzo de este año, fechas coincidentes con los recorridos aéreos que realizó el exmandatario. Morales ingresó a la Argentina en calidad de asilado político el 12 de diciembre de 2019.
Asimismo, se reveló que Noemí habría estado en México entre el 22 de noviembre y el 2 de diciembre de 2019, momento en que Morales estaba en ese país tramitando su asilo tras renunciar a la presidencia del país por el presunto fraude electoral de octubre.
Fratamico explicó que una vez que obtenga la información solicitada al Gobierno argentino, la primera decisión será publicar el documento. Detalló que en términos judiciales aún desconocen las acciones que podrían tomar y explicó que, primero, evaluarán si con la presencia de la joven se está vulnerando o no algún derecho, libertad o si existe uso de recursos económicos de los ciudadanos argentinos.
Hace varios meses, la institución argentina trabaja y evalúa la presencia de Morales en Argentina donde inicialmente, solicitaron información a su gobierno para saber si el Estado apoyaba o no con recursos económicos «para sostener su vivienda, vehículo, seguridad o víveres» al exmandatario boliviano y también para conocer el estado legal.
