Ante una posible compra de 324 respiradores chinos con sobreprecio, el Gobierno negó las supuestas irregularidades en la adquisición, asegurando que los equipos están en funcionamiento en los hospitales del país, por su parte la Defensoría del Pueblo solicitó formalmente a la Contraloría General y a la Fiscalía General a iniciar la supervisión e investigación de la compra.
“No hubo sobreprecio y tenemos todo para demostrarlo. No se han escondido los respiradores, porque se han entregado a todos los departamentos y a los distintos hospitales y tenemos también cómo demostrarlo”, sostuvo la ministra de Salud, Eidy Roca en conferencia de prensa.
Asimismo, informó que desde mayo a la fecha fueron distribuidos 314 de los 324 equipos, quedando diez respiradores que serán entregados esta semana en hospitales del departamento de La Paz.
“Los respiradores que han tenido desperfectos han recibido la asistencia técnica necesaria por parte de la empresa proveedora, han sido arreglados. El 7% de los respiradores solamente ha tenido algún desperfecto”, agregó Roca.
Por su parte, el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, mostró documentación demostrando que el precio de fábrica de los respiradores, durante los meses de alta demanda de equipos por la pandemia, era de 18.500 dólares y no de 8.500 dólares como aseguraron los medios de comunicación.
La autoridad aclaró que Bolivia utilizó intermediarios para adquirir los equipos, ya que la fábrica no proveía los mismos de “forma directa” y que el costo final por unidad subió, aproximadamente a 35.000 dólares al sumarse los accesorios, gastos de transporte, aduana, impuestos, instalación, seguro, mantenimientos y otros.
DEFENSORÍA
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó que se está pidiendo la intervención de la Contraloría General y a la Fiscalía General, debido a las denuncias hechas públicas, existiría un hecho de corrupción en la compra de los respiradores chinos para el tratamiento de Covid-19 y además muchos de ellos, estarían en desuso debido a que causarían daños a la salud a los pacientes.
En una nota al Fiscal General, Juan Lanchipa, Cruz le solicita “la atención prioritaria a este tema instruyendo el inicio de la investigación de estos hechos a fin de conocer la verdad histórica de lo acontecido y se identifique a los posibles responsables de la presunta comisión de hechos ilícitos descritos en la presente».
