Tras el incremento de denuncias sobre violencia familiar, durante la emergencia sanitaria que involucra a menores de edad y a mujeres, la Defensoría del Pueblo, solicitó al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, convocar a las instituciones parte del Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de niñas, niños y adolescentes (NNA), para hacer frente a esta situación.
Mediante un comunicado, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó que tras un seguimiento al trabajo que realizan 56 DNA en distintos municipios del país, durante este periodo de cuarentena por el Covid-19, se identificaron deficiencias en la atención de casos de violencia y sin desplegar todo su potencial en acciones oportunas para proteger a esta población.
Según los datos emitidos por la defensoría, sólo el 9 por ciento (%) de las DNA en 56 instalaciones del país habilitaron líneas gratuitas de recepción de denuncias y el 98% de ellas cuentan con líneas de Whatsapp, sin embargo, en su mayoría corresponden a celulares personales de los servidores públicos.
Asimismo, detalló que el 7% de estas Defensorías habilitaron sus páginas web y redes sociales instancias de denuncia que sólo el 11% desarrollan brigadas móviles; además, el 40,5% de los gobiernos municipales consultados no desarrolla ninguna campaña de información y prevención para sus sectores.
Otro aspecto que denunció es que el 94.6%, los funcionarios de la DNA fueron alejados de las funciones de protección y atención a la niñez y adolescencia y destinados para otro tipo de acciones, como tareas de desinfección de calles, asistencia con refrigerio a usuarios en entidades financieras, entre otras funciones.
A tiempo de solicitar la coordinación entre el Ministerio de Justicia y la NNA, Cruz también pidió que se pueda genera una norma nacional que declare como esenciales los servicios de prevención, atención protección y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia.
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