La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionó la norma que prevé cárcel para quien difunda un comentario que genere incertidumbre sobre temas de salud y pidió mediante una nota al Gobierno, adecuar sus normas nacionales a las normativas internacionales en materia de derechos humanos.
Desde la Relatoría de la CIDH, Edison Lanza, mediante su cuenta en Twitter, informó que se envió una nota al Gobierno Boliviano, para adecuar sus normas nacionales, frente al decreto que también es objeto de críticas internas de sectores como los gremios de la prensa.
“No es compatible con el sistema Interamericano uso del derecho penal para expresiones de interés público. La desinformación se combate con acceso a información pública”, manifestó.
Asimismo, el director de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, consideró que el gobierno de Áñez usa la pandemia del Covid-19 para “pisotear la libertad de expresión de los bolivianos”.
“El nuevo decreto de Jeanine Áñez prevé cárcel para quien escriba o difunda un comentario o un trabajo artístico que “genere incertidumbre” sobre temas de salud. Eso es usar Covid-19 para pisotear la libertad de expresión de los bolivianos”, observó Vivanco.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que representa a los principales medios impresos, expresó preocupación por la ampliación de las restricciones a la libertad de expresión en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 en el país.
El Decreto 4231 aprobado por Áñez, señala lo siguiente: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal.”
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