Ante la ausencia de centros de acogida para víctimas de trata y tráfico, además de no contar con personal especializado para atender este tipo de casos, la Defensoría del Pueblo, luego de un diagnóstico nacional, determinó que en el país se vulneran derechos de las personas que fueron sujetos de este delito.
“Básicamente se está vulnerando la Ley 263, Contra la trata y tráfico de personas, el convenio internacional sobre la trata y tráfico de personas y la norma fundamental que nos rige esta temática precisamente la Constitución Política del Estado”, mencionó el delegado defensorial de Oruro, José León, hoy en una conferencia de prensa para presentar los datos obtenidos en el estudio realizado sobre esta temática.
Asimismo, señaló que existe una gran falta o es “casi nula” la existencia de personal especializado para trabajar en este tipo de casos ya que dependiendo de las características de cada víctima, la situación cambia.
“Lamentablemente no contamos con centros especializados para la atención y la reintegración fundamentalmente para las víctimas de trata y tráfico, y esto es una gran debilidad porque estamos dejando librados a la suerte a todas aquellas víctimas de trata y tráfico”, añadió.
Ante esta situación los Gobiernos, tanto nacionales, departamentales como municipales, deben incorporar en los Planes Operativos Anuales (POA) presupuestos para la creación e implementación de centros de acogida específicamente para personas que fueron víctimas de trata y tráfico.
Particularmente en el departamento de Oruro, tanto en la urbe central como en los municipios intermedios de Huanuni y Challapata, también se identificó debilidades en el personal técnico.
RMF/DVVQ.
