Los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que emitieron la sentencia que avaló la reelección del expresidente Evo Morales, deben ser juzgados en instancias penales y no corresponde que se sometan a una proceso de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como solicitaron dos de los acusados, así lo afirmó el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava.
Nava manifestó que después de hacer un test de admisibilidad, la Unidad de Análisis de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, ha considerado prudente admitir la denuncia contra los exmagistrados del TCP, informó la agencia ABI.
Explicó que la Ley 044, de juzgamiento de altas autoridades fue modificada y su naturaleza es seguir en un proceso disciplinario y no penal para las autoridades en ejercicio con el fin de destituirlos de sus cargos.
Sin embargo, la Fiscalía concluyó que como los magistrados ya no están en ejercicio de sus funciones, corresponde que sean juzgados en la vía penal.
Los exmagistrados que presentaron su declaración ante la Fiscalía fueron Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Ruddy Flores y Neldy Andrade presentaron su declaración ante la Fiscalía, sin embargo, el relator de la Sentencia Constitucional 084/2017, Lacario Lahor Cortez, no se presentó.
Dos de los imputados, Ruddy Flores y Neldy Andrade solicitaron ser juzgados en la ALP, instancia que consideran competente, además de ampararse en la Sentencia Constitucional 2489/2012, que establece «juicio de responsabilidades a magistrados aun cuando hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos».
La Sentencia Constitucional Plurinacional 84/2017 fue aprobada por los cinco exmagistrados que autorizaba la re postulación de Evo Morales a la Presidencia.
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