El presidente del Comité Cívico del Departamento de La Paz, Antonio Alarcón, señaló que se van comenzarán las medidas de presión y otras formas de resistencia, en caso de que se ponga en vigencia la Ley de Garantías, que recientemente fue aprobada por la Cámara de Diputados.
Asimismo, Alarcón señaló que aprobar esta ley significa que se otorga perdón, impunidad, para que gente que cometió delitos no rinda cuentas por sus faltas ante la justicia boliviana.
La presidente de la Cámara de Senadores, Eva Copa, días antes en medio de una conferencia de prensa señaló que el proyecto de Ley de “Garantías para el Ejercicio Pleno de los Derechos Constitucionales”, no otorga la impunidad por lo que la población no tenía de que alarmarse.
Este proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados, en la madrugada del pasado 6 de diciembre, con una división de los legisladores, por lo que el gobierno interino de Jeanine Áñez, anunció la aplicación de un veto presidencial contra la norma.
Por otra parte, el presidente de Diputados, Sergio Choque, indicó que no se trata de una norma de “impunidad”, sino una que pretende resguardar la situación jurídica de quienes se sienten amenazados luego de la crisis vivida en Bolivia tras la dimisión del expresidente Evo Morales.
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