AFCOOP paraliza minería en el Parque Nacional Madidi

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP) anunció la paralización de los trámites administrativos mineros en el Parque Nacional Madidi, ubicado en Bolivia. Esta decisión surge en medio de fuertes cuestionamientos al acuerdo del Gobierno con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que ofreció derechos mineros para la extracción en áreas protegidas.

Detalles de la resolución administrativa

La resolución administrativa DCF 001/2026, emitida el 20 de mayo, se alinea con el auto agroambiental SR-TAA-012/2025 del 30 de septiembre de 2025. Esta disposición afecta a varias localidades, incluyendo:

• Ixiamas
• San Buenaventura
• San José de Chupiamonas
• Tumupasa
• Tahua
• Puerto Heath
• Apolo
• Aten
• Santa Cruz del Valle Ameno
• Pata
• Pelechuco
• Mojos
• Puina
• El río Beni y otros ríos como Guanay, San Buenaventura y Rurrenabaque.

Justificación de la medida por parte de AFCOOP

Eddy Jaldín Medrano, director general ejecutivo de AFCOOP, justificó la medida para garantizar el cumplimiento de plazos relacionados con los Trámites Administrativos en General, cuya naturaleza es improrrogable.

Reacciones ante la decisión de AFCOOP

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) criticó los compromisos asumidos por el Ejecutivo sin realizar consultas previas a las comunidades afectadas por la minería en la Amazonía. En un comunicado público, Contiocap exigió:

• Anulación inmediata del acuerdo entre el Gobierno y Fencomin R.L.
• Suspensión de ampliaciones mineras sin garantías reales.
• Fortalecimiento del Estado para recuperar control territorial.
• Aprobación de una ley para proteger recursos hídricos.
• Tratamiento de una nueva ley minera que involucre a toda la sociedad civil.
• Culminación del Plan de Acción Nacional para reducir el uso de mercurio.

Contexto del conflicto legal y ambiental

Este contexto se da tras un prolongado conflicto legal, social y ambiental que incluye:

• Expansión descontrolada: Entre 2013 y 2022, las concesiones dentro del Madidi crecieron más del 65% debido a la caída en reservas de oro.
• Violencia e indefensión: Los guardaparques enfrentaron amenazas y emboscadas por parte de mineros ilegales.
• Contraofensiva legal: Activistas interpusieron demandas ante la justicia ambiental que llevaron a la AFCOOP a su resolución actual.

Cifras sobre la minería en el Parque Nacional Madidi

Las cifras reflejan el impacto significativo de esta actividad minera:

• Superficie total del Parque Nacional Madidi: 1.895.750 hectáreas.
• Proporción comprometida para concesiones mineras: 8% del parque.
• Extensión total representada por cuadrículas mineras: 150.575 hectáreas.
• Operaciones mineras ilegales detectadas: 44.
• Trámites congelados: 195 contratos reportados por AJAM.
• Municipios afectados: cinco jurisdicciones del norte de La Paz.
• Cooperativas auríferas registradas en Bolivia: 1.102, concentrándose principalmente en La Paz.
• % del oro nacional controlado por el sector cooperativista: 89%.
• Nivel de rechazo social hacia la explotación aurífera en Madidi: 72% según Diagnosis.

Cierre y futuro del Parque Nacional Madidi

En su resolución, AFCOOP señala que “se resuelve suspender los plazos administrativos…” y enfatiza que “corresponde generar una disposición… para precautelar ante este nuevo atentado a derechos fundamentales”. Esta medida representa un paso importante hacia la protección del Parque Nacional Madidi y los derechos indígenas asociados a su conservación.

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Operativos en el río Tequeje

Una primera acción contra la minería ilegal semimecanizada se realizó el 29 de enero de 2026 en la cabecera del Río Tequeje, cerca del municipio de Ixiamas, en La Paz, y del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado “Madidi”. Este operativo, coordinado con guardaparques y funcionarios del Sernap, permitió desarticular cuatro campamentos clandestinos dedicados a la extracción ilegal de oro aluvial, según una nota de prensa de la Armada.

En el lugar, se destruyeron estructuras y se decomisaron equipos utilizados para la actividad, incluyendo motobombas, mangueras, tolvas, flotadores y otros implementos. Además, otro patrullaje fluvial de inspección a embarcaciones se llevó a cabo hasta la madrugada del 30 de enero de 2026 en el arroyo Lindero, próximo a la comunidad de Palma Real, en Pando. Durante esta inspección, los efectivos verificaron artefactos navales (balsas) dentro del área protegida Manuripi, según el reporte.

Intervención en el río Toromona

El mismo 30 de enero de 2026, se realizó otro patrullaje fluvial en contra de la explotación ilegal de oro en el río Toromona, un afluente del río Madre de Dios, en la región amazónica del departamento de La Paz. Como resultado de esta intervención, se procedió a la incineración de 3 carancheras (pequeñas dragas) utilizadas para el lavado de oro y se confiscó alfombras presuntamente empleadas en la extracción ilegal del mineral, señala el informe.

Compromiso de la Armada Boliviana

Juan Carlos Cuevas Moya, director general de Capitanías de Puerto de la Armada Boliviana, destacó que estas acciones refuerzan el compromiso permanente de la Armada en la lucha contra la minería ilegal. Esto es fundamental para salvaguardar los intereses fluviales del Estado y prevenir daños irreversibles a ríos y territorios protegidos.

Cuevas Moya aseguró que la Armada mantiene una presencia constante en los ríos amazónicos, trabajando en coordinación con instituciones como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Sernap.

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Durante su recorrido, el legislador municipal destacó que la actividad extractiva estaría perjudicando un sector que se encuentra a espaldas del cerro San Pedro.

Cruz elogió el papel de los vecinos que denunciaron esta situación, a quienes calificó como “guardianes” de los bienes públicos. Además, mencionó que, según los planes revisados, la mayor parte del área afectada es propiedad del Estado. Por lo tanto, cualquier actividad extractiva debe contar con las autorizaciones específicas requeridas.

Normativa vigente

“Esta es una zona que pertenece a todos los orureños y bolivianos. No se puede intervenir sin cumplir la normativa vigente”, expresó Cruz.

Como parte de su labor de fiscalización, el concejal anunció que solicitará informes formales a las instancias correspondientes. Esto es para verificar si la empresa que realiza la explotación cuenta con la licencia ambiental, la autorización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la documentación de Comibol y otros permisos exigidos por la ley.

Informe sobre derechos de propiedad

Asimismo, se pedirá un informe detallado sobre el derecho propietario del área intervenida. El objetivo es establecer con claridad si se trata de tierras fiscales y determinar las responsabilidades correspondientes.

Cruz recordó que una situación similar fue denunciada en 2021, cuando el Concejo Municipal inició solicitudes de informes para detener actividades extractivas irregulares en zonas sensibles del municipio.

Acciones ante irregularidades

En este contexto, advirtió que, si se confirma la falta de documentación, se tomarán acciones dentro de las competencias municipales para proteger el área afectada.

El concejal enfatizó que la inspección tiene como propósito evitar la expansión de la explotación de agregados en sectores de alto valor ambiental. También busca prevenir daños irreversibles en el entorno natural del municipio de Oruro.

Consecuencias ambientales

La actividad extractiva en esta zona podría tener consecuencias significativas para el medio ambiente local y afectar a los residentes debido a posibles daños al entorno natural.

La intervención no autorizada en tierras fiscales plantea interrogantes sobre el cumplimiento normativo y las responsabilidades legales asociadas a estas actividades.

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Según la legisladora, estas actividades se están realizando en lugares como Hampaturi, Chicani, Aruntaya y la zona alta de Achumani. Estos terrenos han sido declarados patrimonio natural conforme a la Ordenanza Municipal 147/2000.

Reque advirtió que se trata de zonas que se encuentran entre las cuencas de Irpavi y Achumani, específicamente en Alto Achumani. Las “Serranías de Aruntaya y Chicani” cuentan con protección legal como monumento natural.

Riesgos para la comunidad

A pesar de esta protección, la diputada denunció que la empresa asociada a Torres, quien es identificado como socio mayoritario, estaría loteando y urbanizando bajo el nombre comercial de “Terrazas de Achumani”. Esto podría afectar la estabilidad geológica del área.

“Estamos entrando a la época de lluvias, y los vecinos que viven abajo del cerro podrían quedar en riesgo. Ya hemos vivido situaciones trágicas en zonas como Bajo Llojeta y Codavisa, y ahora vemos lo mismo replicándose con visos de autorización por parte de algunas autoridades”, alertó la diputada.

Daños irreversibles

Reque mencionó que las actividades de la empresa podrían causar un daño “irreversible”, poniendo en peligro no solo el entorno ecológico, sino también a los vecinos cuyas viviendas ya están regularizadas en el municipio de La Paz. La diputada instó a las autoridades locales a detener inmediatamente estas obras.

Además, expresó su preocupación por la relación política entre Andrés Torres y el candidato Rodrigo Paz. Cuestionó cómo una persona que ha tenido incidentes con sectores sociales, como el autotransporte y familiares de personas con autismo, puede ser parte activa de una campaña presidencial.

Cuestionamientos a la política

“Torres no solo estaría involucrado en estos proyectos urbanísticos peligrosos, sino que además se presenta como asesor clave en la candidatura del PDC. ¿Por qué tanto interés en el poder político?”, cuestionó.

En relación con el marco normativo, Reque recordó que el propio Rodrigo Paz, en su rol como senador durante 2023, propuso un proyecto de ley sobre límites territoriales entre municipios. Esta iniciativa no prosperó.

“Él conoce perfectamente el problema de los avasallamientos que afectan a La Paz. Municipios como Palca, Chocaya o Mecapaca autorizan movimientos de tierra en terrenos que legalmente pertenecen a La Paz, y los perjudicados somos los paceños”, señaló.

Urgencia en la acción

Finalmente, la diputada observó que Torres no solo tendría presencia física en las obras, según imágenes difundidas en redes sociales, sino que estaría actuando con total libertad, a pesar del riesgo para cientos de familias.

“No es posible que se permita esta destrucción, mucho menos en zonas con protección ambiental. Las autoridades municipales deben actuar con urgencia”, concluyó.

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Incendios provocados

La decisión de cerrar el parque se tomó tras recibir denuncias sobre incendios provocados por personas externas que ingresan al área. Durante el mes de agosto, se registraron varios incendios que, afortunadamente, fueron controlados a tiempo. Sin embargo, el incendio más reciente arrasó más de 350 hectáreas de cobertura vegetal en el Tunari, lo que llevó a la aprehensión de dos personas, una de ellas menor de edad.

Patrullajes preventivos

Para fortalecer la protección del Parque Nacional Tunari, los comunarios del distrito han organizado patrullajes preventivos en colaboración con las instituciones mencionadas anteriormente. Septiembre es considerado un mes crítico para los incendios en la región, debido a las condiciones climáticas que facilitan su propagación.

El Parque Nacional Tunari presenta características geográficas que dificultan su acceso. Esto significa que se requieren equipos y materiales especializados para combatir los incendios. En algunas situaciones, es necesario recurrir al combate aéreo para controlar las llamas y evitar que se propaguen.

Control de incendios

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) estima que uno de los principales focos de incendio en Cochabamba estará controlado hasta diciembre. Esta medida busca prevenir daños mayores en el parque, que es considerado un pulmón verde importante para la región.

Cierre de acceso

“Acordamos cerrar las dos trancas hasta diciembre, cuando llegue la época de lluvias. No pasarán vehículos, ni motocicletas, ni personas a pie para prevenir los incendios en el parque”, anunció Víctor Arispe, secretario del sindicato.

Los patrullajes preventivos se llevarán a cabo en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y otras instituciones involucradas en la protección del medioambiente. Esta acción es fundamental para cuidar el Parque Nacional Tunari y asegurar su preservación para las futuras generaciones.

/KMMN

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La Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas de Oruro, compuesta por diversas instituciones y organizaciones, organizó este pronunciamiento para conmemorar una fecha que busca generar conciencia ambiental.

Norma Mollo, coordinadora departamental de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) y del Centro de Ecología y Pueblo Andinos (CEPA), explicó que el encuentro también tenía como objetivo denunciar la difícil situación que enfrentan los dirigentes de la Junta Vecinal Virgen del Socavón I y II. Estos líderes están bajo procesos de persecución penal por defender el Área Protegida Municipal “Serranías de Oruro”, que incluye los cerros Santa Bárbara, Quri Kancha, San Felipe y el Monumento de la Virgen del Socavón.

Denuncias de hostigamiento

Durante la actividad, Rosalinda Mamani, presidenta de la Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas y los Ecosistemas, se unió al manifiesto que busca la reivindicación de las áreas protegidas.

“A pesar de que la Acción Popular interpuesta otorgó tutela a favor de los vecinos, esta resolución no se ha cumplido. Las amenazas y el hostigamiento persisten hacia nuestros dirigentes, por parte de los avasalladores mineros, generando seria preocupación entre los vecinos de las zonas altas de la ciudad de Oruro. No es posible procesar a los defensores de las áreas protegidas y, al mismo tiempo, premiar a los avasalladores. ¿Dónde están las autoridades que deberían hacer cumplir la ley?”, manifestó la activista.

Día Nacional de las Áreas Protegidas

El 4 de septiembre se recuerda el Día Nacional de las Áreas Protegidas, establecido por el Decreto Supremo Nº 28315 del 26 de agosto de 2005. Esta fecha tiene como objetivo promover la conciencia sobre la importancia de estos espacios que resguardan gran parte de la biodiversidad, así como el patrimonio cultural, histórico y arqueológico del país.

Áreas protegidas en Oruro

A nivel nacional, Oruro cuenta con una única área protegida de gran relevancia: el Parque Nacional Sajama, creado en 1939 y considerado la primera área protegida del país.

Además, en el ámbito departamental y municipal, existen iniciativas de conservación. Entre las más conocidas están el Refugio de Vida Silvestre Huancaroma y el Patrimonio Nacional y Reserva Ecológica del Lago Poopó. Asimismo, el municipio de Oruro ha reconocido oficialmente dos áreas de interés: el Patrimonio Cultural y Paisajístico “Arenales de Cochiraya y San Pedro” y la Reserva Natural y Deportiva “Cerro Viscachani”. En total, se han registrado al menos 11 áreas protegidas en la jurisdicción local de Oruro, entre ellas las Serranías de Oruro, Cerro Santa Bárbara, San Felipe, Cerro San Pedro, Quri Kancha, Arenales de Cochiraya, Monumento Natural El Sapo, Cerros Rumy Campana I y II, Cerro Cerrato, la zona Corazón de Jesús, Capachos, El Cóndor y la Cabeza de la Víbora.

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El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, explicó que las aeronaves ya han partido y que se enviarán dos más para reforzar las labores de control. Esta medida permitirá contener las llamas antes de que se propaguen a sectores críticos y boscosos.

Según datos oficiales, hasta el domingo 17 de agosto se habían registrado 1.850 focos de calor en todo el país, de los cuales 1.422 se concentraron en Santa Cruz. Calvimontes precisó que los incendios ya han alcanzado áreas sensibles dentro de los espacios naturales.

Incendios en áreas críticas

“En Santa Cruz, lamentablemente, ha habido un incendio en el municipio de San Matías, que corresponde ya al ingreso del ANMI San Matías, y el otro todavía se mantiene activo en el Parque Noel Kempff Mercado”, detalló en una entrevista con Cadena A.

El fuego en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado afecta la sierra de Caparuch, una zona de difícil acceso donde las condiciones climáticas dificultan las labores de contención.

Condiciones climáticas adversas

“Durante el fin de semana se registraron vientos intensos y un aumento de temperatura, lo que impidió sofocar completamente el fuego. Por eso enviamos aeronaves que refuercen las tareas antes de que las llamas lleguen a los bosques, ya que todavía permanecen en los pastizales”, explicó el viceministro.

El viceministro también indicó que los fuertes vientos y el aumento de la temperatura han dificultado el control del fuego. Por esta razón, se enviarán aeronaves que refuercen el combate antes de que las llamas alcancen los bosques, mientras que el incendio todavía se mantiene en los pastizales.

Reunión de coordinación

Ante la gravedad de la situación, el Viceministerio de Defensa Civil convocó a una reunión de coordinación con autoridades municipales, departamentales y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El objetivo es definir acciones más contundentes que permitan frenar la propagación de los incendios y proteger las áreas afectadas, garantizando así la preservación de estos ecosistemas.

LDVY

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El proyecto de ley fue aprobado el martes 12 de agosto, en una sesión que estuvo marcada por denuncias de irregularidades y hechos de violencia. Esta sesión contó con la presencia de resguardo policial para garantizar la seguridad.

Llamado a la responsabilidad

En este contexto, la entidad defensorial instó a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a actuar con responsabilidad. Se enfatizó la importancia de apegarse a los principios de protección ambiental, priorizando el respeto a los derechos de la Madre Tierra, el interés nacional, las acciones legales en curso y las demandas de la población potosina.

Medidas cautelares solicitadas

La Defensoría del Pueblo recordó que solicitó medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz. Esta solicitud busca suspender el tratamiento de proyectos de ley relacionados con estos contratos hasta que se cuente con estudios ambientales integrales.

Necesidad de consultas previas

Además, se planteó la necesidad de cumplir con procedimientos de consulta previa, libre e informada. También se destacó la importancia de realizar evaluaciones estratégicas ambientales antes de aprobar este tipo de acuerdos.

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Marco legal de protección

La Constitución Política del Estado (CPE), en sus artículos 8 y 33, establece el mandato de vivir en armonía con la naturaleza y de preservar el medioambiente. Además, las Leyes 071 y 300 refuerzan esta obligación y exigen a todas las instituciones estatales, incluidas las Fuerzas Armadas, que respeten y protejan la biodiversidad.

En este contexto, la Defensoría enfatizó que “la fauna silvestre es un bien jurídico protegido que no puede ser utilizada, maltratada ni cosificada”, resaltando así la importancia de respetar a los animales.

Incidente en la parada militar

Este pronunciamiento se produjo después de la Parada Militar que tuvo lugar el 7 de agosto en Sucre, donde todas las unidades de las Fuerzas Armadas mostraron sus habilidades y trabajos. Sin embargo, llamó la atención que efectivos de la Escuela de Cóndores Bolivianos del Ejército portaran boas vivas, conocidas como boyé, tanto en sus manos como colgadas de sus cuellos.

La Defensoría advirtió que esta práctica incumple diversas normativas nacionales, como la Ley 1333 y el Decreto Supremo 4489, que prohíben el uso de animales con fines de entretenimiento. Además, contraviene la Ley 700, que sanciona el maltrato animal. Sacar a la boa constrictor de su hábitat para exhibiciones públicas le causa sufrimiento, altera sus ciclos vitales y va en contra del principio del Vivir Bien.

Amenazas a la fauna silvestre

Esta especie enfrenta graves amenazas, como la pérdida de su hábitat, incendios, la caza ilegal y el comercio como mascota exótica, lo que la mantiene en situación vulnerable. La exhibición en actos públicos no solo incrementa su riesgo, sino que también refuerza la idea errónea de que es un objeto de entretenimiento, fomentando así el comercio ilegal de fauna.

La Defensoría señaló: “Proteger esta especie es defender el valor de toda forma de vida y la salud de la Madre Tierra. Reconocer estos derechos implica un cambio de paradigma: el ser humano es un actor más, en equilibrio con los demás sistemas de vida. Honrar nuestro patrimonio natural exige conservarlo en su hábitat, no explotarlo en actos que le causen sufrimiento y vulneren sus derechos.”

Responsabilidad de las Fuerzas Armadas

Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó a las Fuerzas Armadas a cumplir su rol como guardianes de la Madre Tierra. También pidió que adapten sus prácticas a la normativa vigente, capaciten a su personal en temas ambientales y eviten el uso de fauna silvestre en actos oficiales.

“El verdadero compromiso con el país también se refleja en el respeto y protección de la biodiversidad nacional”, concluyó la institución.

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Informes técnicos sobre ingenios

La autoridad informó que ya se han emitido informes técnicos sobre los ingenios que no cuentan con fichas ambientales ni licencias de funcionamiento. Estos documentos han sido enviados a las unidades correspondientes para exigir el cumplimiento de la ley.

En este contexto, Cruz afirmó: “Estamos haciendo que realmente se cumplan las leyes y normas”.

Situación de la Laguna Pampa

Uno de los casos más críticos es el de la Laguna Pampa I y II. Según la autoridad, existe una resolución judicial que ordena su cierre, aunque esta aún no ha sido ejecutada. Por esta razón, advirtió que no descarta activar procesos legales si el incumplimiento continúa.

En este sentido, Cruz aseguró que será firme en sus acciones para proteger la salud de los potosinos y el medioambiente.

Falta de colaboración municipal

Por otro lado, Cruz también denunció la falta de colaboración por parte de algunas dependencias municipales. En particular, cuestionó la actitud del responsable de la Unidad de Medio Ambiente, Isaac Gómez, quien no asistió a una convocatoria para presentar un informe oral.

Según Cruz, al menos 6 autoridades estarían protegiendo al funcionario y encubriendo su inacción.

Fiscalización en otras áreas

El trabajo de fiscalización también se extiende a otros sectores, como la zona de Cantumarca, donde se han registrado denuncias por contaminación ambiental. Cruz reiteró que su comisión continuará con firmeza en la defensa del interés colectivo y en la protección de la Madre Tierra.

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La mayor parte de la superficie afectada era bosque, mientras que el resto eran pastizales. Esta destrucción ha dejado a pueblos indígenas “gravemente” afectados y ha causado la desaparición de millones de especies de fauna y flora, muchas de ellas endémicas, según la Defensoría del Pueblo. Para proteger los bosques y la Amazonía, así como para evitar acciones ilegales que dañen el medio ambiente, los candidatos a la presidencia están proponiendo reforestación masiva, sanciones por “chaqueos” (quemaduras ilegales en el país) y reformas a las leyes de protección y fiscalización.

Propuestas del MAS

El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) ha inscrito como candidato al exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Este partido propone “sustituir las leyes que permiten la quema controlada o que legalizan la deforestación masiva”.

Además, el MAS plantea construir un marco normativo sólido que priorice la conservación, el desarrollo sostenible y la participación ciudadana. Esto busca evitar la afectación del medio ambiente, sus ecosistemas y su biodiversidad. También propone “detener la degradación ambiental y regenerar los componentes de la Madre Tierra”, trabajar en una “reforestación masiva” y promover “el uso sostenible de los recursos naturales para el desarrollo económico productivo en armonía con la Madre Tierra”.

Propuestas de Andrónico Rodríguez

Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y militante del MAS, pero distanciado de Evo Morales (2006-2019) y del presidente Luis Arce, se postulará a la presidencia con Alianza Popular. Rodríguez propone la aprobación de una ley “de protección integral de la Amazonía y la Chiquitanía, que prohíba la expansión extractivista en áreas sensibles”.

Su plan de Gobierno incluye la creación de un sistema nacional “de restauración ecológica con reforestación masiva” y una reforma “estructural” de las leyes ambientales.

Propuestas de la Alianza Unidad

La Alianza Unidad, que tiene al empresario Samuel Doria Medina como candidato presidencial, propone crear una plataforma digital pública para monitorear la deforestación. “Prohibiremos el chaqueo y la quema de árboles en cualquier forma. Ante un foco de calor, inmediatamente se levantará una investigación y se sancionará con 30 años de cárcel a los responsables”, señala su programa de Gobierno.

Además, Doria Medina propone que, si es elegido en los comicios, se plantarán 10 millones de árboles por año durante su mandato.

Propuestas de la alianza opositora Libre

Finalmente, la alianza opositora Libre postula al expresidente Jorge Tuto Quiroga como candidato a la presidencia. Esta alianza considera que “es necesario recuperar” la Amazonía “para fortalecer el turismo como una fuente de ingreso a todas las comunidades de esas regiones”.

El plan de Quiroga incluye un “plan integral de restauración ecológica de la Chiquitanía”. También se enfoca en “implementar acciones concretas para enfrentar las consecuencias del cambio climático” y en tener escenarios sobre cómo puede afectar el cambio climático a diversas regiones. Esto permitirá adelantarse a los problemas con proyectos que disminuyan dicho impacto.

Para los comicios de agosto se han inscrito 10 partidos políticos. También destacan las candidaturas de Manfred Reyes, alcalde de Cochabamba, y Eva Copa, alcaldesa de El Alto, así como el “outsider” liberal Jaime Dunn.

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La resolución se fundamenta en las afectaciones ambientales y patrimoniales que se constataron durante dos inspecciones “in situ” realizadas en el cerro. La primera medida que se ha dispuesto es la paralización de todas las actividades mineras en el lugar.

Además, se ha ordenado el cese total de estas actividades tanto para personas jurídicas como para personas naturales. También se notificará al Comando Departamental de la Policía para que se realice el resguardo policial correspondiente en la zona afectada.

Control mensual de actividades

La Alcaldía y la Gobernación de Oruro tendrán la responsabilidad de realizar un control mensual sobre las explotaciones en esta área protegida. En un plazo de 90 días, el Gobierno Municipal deberá emitir un documento que contenga un plan de manejo para esta área específica.

Asimismo, la Gobernación y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) están encargadas de supervisar la explotación minera y de determinar el daño ambiental que se haya causado en el cerro San Felipe.

Declaraciones de autoridades

Víctor Hugo Miranda, secretario Municipal de Asuntos Jurídicos, comentó que esta decisión es un segundo precedente muy importante en materia de áreas protegidas. El primero fue el cerro San Pedro, que se logró con éxito. Miranda también mencionó que se tomarán las acciones necesarias para proteger las áreas protegidas, de acuerdo con la política del alcalde Adhemar Wilcarani.

Ante las denuncias de los vecinos sobre las continuas explotaciones en el cerro San Felipe, Miranda condenó a quienes operan ilegalmente en esta área protegida, a pesar de la resolución judicial que se ha emitido. Informó que en los próximos días, la Dirección de Salud Ambiental trabajará en coordinación con la Policía para implementar acciones que garanticen el resguardo del área.

Consecuencias por incumplimiento

Miranda advirtió que, en caso de incumplimiento de esta medida, habrá consecuencias jurídicas y penales para las personas involucradas. Hizo un llamado a que se abstengan de realizar actividades mineras en el cerro, ya que ya existen determinaciones judiciales al respecto.

Resaltó que se ha sentado un precedente y que lo único que queda por hacer es cumplir con esta resolución como gobierno municipal. Los impulsores de las acciones populares han participado activamente en las audiencias relacionadas con este caso.

Esfuerzo conjunto por el medioambiente

Las medidas adoptadas reflejan un esfuerzo conjunto entre las autoridades municipales y los ciudadanos para proteger el medioambiente y los recursos naturales en Oruro. Este trabajo en conjunto busca asegurar que el cerro San Felipe, como área protegida, reciba la atención y el cuidado que merece.

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Entre las especies que fueron liberadas se encuentran un oso perezoso, un oso hormiguero (tamandúa), un tucán y una serpiente boyé. Estos animales habían sido encontrados en condiciones críticas, presentando signos de deshidratación y otras afecciones que comprometían su vida.

Proceso de recuperación

La veterinaria Sofía Bello proporcionó información sobre el estado de los animales al momento de su rescate. Después de un riguroso proceso de recuperación y evaluación médica, el equipo del CAD determinó que los 4 animales estaban listos para regresar a su hábitat natural.

La liberación de estos animales se llevó a cabo en el Jardín Botánico Municipal, un lugar que ofrece las condiciones ideales para su adaptación y reintegración al entorno natural.

Importancia de la protección

La Gobernación de Santa Cruz ha enfatizado la importancia de proteger a la fauna silvestre. Además, ha hecho un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier actividad ilegal relacionada con estas especies, como la captura, tenencia o comercio. Todas estas acciones están sancionadas por la normativa vigente.

Colaboración ciudadana

Asimismo, se instó a la población a colaborar activamente con las autoridades si encuentran animales silvestres fuera de su entorno natural, ya sea desorientados o heridos. Para ello, pueden contactar con la Gobernación, la Alcaldía o entidades especializadas que se encargan de la fauna silvestre.

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Según los datos del informe, el país experimentó la pérdida de 1,8 millones de hectáreas de bosque, lo que representa un incremento del 200% en comparación con el año anterior. De esta cifra, el 81% corresponde a bosque primario, lo que subraya la gravedad de la situación.

Incendios forestales y deforestación

Por primera vez, los incendios forestales se convirtieron en la principal causa de la deforestación en Bolivia, siendo responsables del 59% de las hectáreas arrasadas. Además, el desmonte para cultivos de soya, ganado y caña de azúcar alcanzó un récord de 700.000 hectáreas, lo que agrava aún más el problema.

Departamentos más afectados

El departamento de Santa Cruz fue el más perjudicado, con daños significativos en áreas como San Matías, Urubichá, Ascensión de Guarayos, Concepción y San Ignacio de Velasco. Esta situación ha generado una gran preocupación entre las organizaciones ambientales y la población local.

Denuncias sobre la tala de árboles

El Comité de Defensa del Valle de Tucabaca ha denunciado que más de 10 millones de árboles han sido talados en los últimos años. Esta actividad se ha realizado con el aval de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra, además de la inacción de las autoridades locales, departamentales y nacionales.

Pérdida de bosque en otras regiones

En la región de Beni, la pérdida de bosque primario alcanzó 348.000 hectáreas. Por su parte, los departamentos de La Paz y Pando reportaron 83.000 y 29.000 hectáreas destruidas, respectivamente. Estos datos reflejan un panorama alarmante sobre la deforestación en el país.

Impacto global de la deforestación

A nivel mundial, los autores del informe señalaron que en 2024 se perdieron 67.000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales primarios, una extensión casi equivalente a la superficie de Panamá. Esta tendencia global resalta la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para proteger los ecosistemas forestales.

En el caso de Bolivia, el problema es especialmente grave, ya que el 75% del territorio nacional forma parte de la cuenca amazónica, que abarca más de 824.000 kilómetros cuadrados. La conservación de estos bosques es crucial para el equilibrio ecológico y la salud del planeta.

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Roly Mansilla, representante de la organización, ha expresado su preocupación por el impacto ambiental que estos asentamientos podrían generar. Advierte que si estas áreas verdes son destruidas, habrá una afectación significativa, que se traducirá en un aumento del calentamiento global.

Inquietud por avasallamientos

La Sociedad de Ingenieros ha manifestado su inquietud por los constantes avasallamientos en predios municipales, que están afectando al pulmón de la capital cruceña. Por ello, piden a las autoridades municipales que procedan con el desalojo, contando con el apoyo de la Policía Boliviana.

Asentamientos en zonas críticas

En los últimos días, se han registrado asentamientos en la zona del Jardín Botánico, donde ya hay familias que han construido viviendas. Además del Cordón Ecológico, estos asentamientos representan un riesgo para las áreas verdes que benefician a la ciudad.

Urgente protección de espacios naturales

La situación actual pone en evidencia la necesidad urgente de proteger estos espacios naturales. La Sociedad de Ingenieros considera que es fundamental actuar antes de que sea demasiado tarde y se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente local.

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Según declaraciones de Paulina Hennig-Kloska, ministra de Clima y Medio Ambiente de Polonia, “cada año, se pierde en el medio ambiente el equivalente a hasta 7.300 camiones cargados de pélets de plástico”. La ministra, cuyo país ocupa la presidencia del Consejo de la UE este semestre, destacó que la Unión Europea ha dado un paso histórico al adoptar medidas para reducir la contaminación por pélets.

Hennig-Kloska también subrayó que “los microplásticos, incluidos los pélets de plástico, se encuentran ahora en todas partes: en nuestros océanos, mares e incluso en los alimentos que consumimos”.

Fuentes de microplásticos

Los pélets de plástico son la tercera principal fuente de liberación no intencionada de microplásticos, después de las pinturas y los neumáticos. César Luena, ponente de la Eurocámara y miembro del Partido Socialista español, comentó: “Hemos alcanzado un buen acuerdo que garantizará que las pérdidas de pélets ya no sean imposibles de abordar, como ha sido el caso hasta ahora”.

Luena añadió que “Europa gana en seguridad y prevención, y se dota de instrumentos para reaccionar ante incidentes y accidentes que puedan implicar pérdidas de pélets de plástico”.

Medidas de prevención y gestión

La nueva normativa, acordada la noche del 8 de abril, pone un fuerte énfasis en la prevención de pérdidas de pélets por parte de los operadores y transportistas, tanto de la UE como de fuera de ella. Aquellos que operan fuera de la UE deberán designar un representante autorizado dentro de la Unión.

El reglamento establece un marco claro que define las obligaciones en caso de pérdidas accidentales, centrándose en las operaciones de limpieza. Además, se incluye un conjunto de medidas en un plan de gestión de riesgos que cada instalación que manipule pélets deberá elaborar. Este plan abordará aspectos como el embalaje, la carga y descarga, la formación del personal y el equipo necesario.

Reducción esperada de pérdidas

Se estima que, una vez que esta reglamentación entre en vigor, las pérdidas de pélets de plástico se reducirán hasta en un 74%. Esto contribuirá a la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, a la reducción de riesgos para la salud humana y a la mejora de la reputación del sector, según un comunicado de la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario también celebró que los actores económicos, como los sectores de la agricultura, la acuicultura y el turismo, se beneficiarán de esta nueva medida.

Equilibrio entre protección y requisitos

El acuerdo provisional busca establecer un equilibrio entre un alto nivel de protección ambiental y requisitos adaptados a las empresas según su tamaño. Por ejemplo, se requerirán requisitos de certificación para las empresas que procesan más de 1.500 toneladas de gránulos de plástico al año. Para aquellas que operan por debajo de este umbral, solo será necesaria la autodeclaración.

Además, las pequeñas empresas recibirán asistencia especial para ayudarles a cumplir con esta nueva regulación.

Obligaciones para el transporte marítimo

Los colegisladores también acordaron establecer obligaciones específicas para el transporte de pélets de plástico por mar, que se realizará en contenedores de carga. Esto incluye garantizar un embalaje de buena calidad y proporcionar información relacionada con el transporte y la carga, siguiendo las directrices de la Organización Marítima Internacional.

En 2022, el transporte marítimo representó aproximadamente el 38% del total de pélets transportados en la UE. Es importante señalar que este material no es biodegradable.

Para facilitar el cumplimiento en el sector marítimo, se acordó posponer la aplicación de las normas pertinentes un año en comparación con el resto de las normas establecidas en el reglamento.

Próximos pasos para el reglamento

Este acuerdo político deberá ser refrendado formalmente por el Consejo y el Parlamento antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Una vez publicado, el reglamento entrará en vigor dos años después.

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La ley fue aprobada el miércoles 2 de abril con un total de 11 votos a favor, de los cuales diez fueron en sala y uno de manera virtual. Ahora, el alcalde Jhonny Fernández tiene un plazo de diez días para promulgar este documento. Durante su intervención, el concejal Federico Morón destacó la importancia del Cordón Ecológico, señalando que “no es sólo un Cordón Ecológico. Es un lugar hecho para proteger vidas”, haciendo referencia a la riada que ocurrió en 1983.

Colaboración de instituciones

Los concejales esperan que diversas instituciones, como el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entre otras, se unan al esfuerzo para llevar a cabo esta auditoría.

Detalles de la auditoría

La presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, explicó que esto implica que el alcalde tiene diez días hábiles para promulgar la auditoría solicitada por el Concejo a través de esta ley. La auditoría funcionará como un escáner de los supuestos dueños del Cordón Ecológico. Además, se llevará a cabo un saneamiento que permitirá identificar a los verdaderos propietarios, y el municipio tomará posesión de lo que le corresponde.

Declaración de emergencia

Por otro lado, el Concejo cruceño se declaró en estado de emergencia tras un fallo de un juez del municipio de Concepción. Este fallo dictó un amparo a favor de un privado, permitiéndole la toma de posesión de esta área que es considerada de protección del río Piraí.

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André es uno de los líderes del Proyecto Providencia, que busca crear un “mapa sonoro” de la biodiversidad amazónica. Este mapa permitirá recoger datos que mejorarán el conocimiento sobre la fauna de la zona y promoverá un modelo de conservación que integre a las comunidades locales en la gestión sostenible de los recursos. Esta información fue proporcionada a través de un comunicado de la iniciativa Perpetual Planet de Rolex, que apoya a exploradores, científicos y conservacionistas.

Más de 25 años de experiencia

El investigador francés tiene más de 25 años de experiencia trabajando en ecosistemas vulnerables. Utiliza tecnologías innovadoras de sonido para detectar y proteger la vida silvestre, lo que ha “revolucionado la monitorización y conservación de la biodiversidad”. Su trabajo en este campo ha sido fundamental para el avance de la conservación ambiental.

Historia de la Reserva de Mamirauá

La Reserva de Mamirauá fue establecida gracias a la labor del primatólogo brasileño José Márcio Ayres. Él se dedicó al estudio y protección del mono uakari calvo, un primate endémico cuya población estaba en declive en ese momento, con el apoyo de las comunidades nativas. El reconocimiento a su trabajo le permitió expandir el proyecto a la vecina Reserva de Amanã, creando así una de las mayores extensiones continuas de selva tropical protegida en el mundo.

Después del fallecimiento de Ayres en 2003, su discípulo Emiliano Esterci Ramalho asumió la dirección del Instituto Mamirauá. Ramalho continúa con el modelo de ecosistema sostenible y colabora estrechamente con el trabajo de André en la región.

Funcionamiento de los sensores

Los sensores instalados en las copas de los árboles registran sonidos en diferentes longitudes de onda y pueden captar sonidos a varios kilómetros de distancia. Además, estos dispositivos son capaces de capturar secuencias de vídeo, lo que enriquece aún más la información recopilada.

Una vez al año, el equipo científico retira los sensores para llevarlos al laboratorio. Allí, se realiza su mantenimiento y se analizan los datos recogidos. Con esta información, se confecciona el “mapa sonoro”, que podría ser la mayor base de datos bioacústica del mundo.

Objetivos futuros

André y Ramalho, consolidándose como referentes en la conservación ambiental, tienen como objetivo aplicar el modelo de Mamirauá y el Proyecto Providencia al resto de la cuenca amazónica. Esta expansión podría tener un impacto significativo en la protección de la biodiversidad en una de las regiones más ricas en vida silvestre del planeta.

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¿Funciona nuestra justicia?. A veces si, a veces no. En ocasiones, de manera correcta; en otras escandalosamente mal. Pocas veces las sanciones son ejemplarizadoras; las más de las veces no es así, pues corrupción,ilegalidad, crimenes, etc., quedan en la impunidad o con sanciones irrisorias.

Pero no perdamos la esperanza (que es lo último que nos queda). La última desición de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz , a recurso presentado por la Defensoria del Pueblo, ha fallado y está ordenando al SERNAP, la reincorporación del señor Marco Uzquiano, reconocido guardaparques boliviano, que sólo cumplía eficientemente con su trabajo y fue cesado en diciembre pasado por argumentos absurdos que el SERNAP esgrimió a tiempo de alejarlo junto a otros tres importantes guardaparques.

Uzquiano se desempeñaba como Jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni. Es de esperar que sea repuesto en su cargo y, ojala, también resulten beneficiados los otros tres guardabosques cesados injustamente.

¿SUMISOS  O  EFICIENTES?

Toda institución u organización que ejerza un trabajo en beneficio y resguardo de la nación y que se respete a si misma, debe optar por tener entre sus empleados a aquellos eficientes que, al márgen, de aspectos políticos engrandecerán el desarrollo y prestigio de un país.

Nuestra Bolivia tiene enorme extensión geográfica para los pocos 12 millones de habitantes que somos, tiene grandes reservas de flora y fauna que, seguramente, son la envidia de otros paises. Estos grandes espacios geográficos son el jardin de nuestra casa grande, son nuestra gran reserva ecológica y son la base de la gran industria turística, que aún falta desarrollarse e implementarse para captar las divisas de oleadas de visitantes (lease turistas) que buscan respirar y ver naturaleza.

Asi pues, quienes deben manejar y cuidar estas reservas y parques deben ser eficientes en sumo grado y estar, ademas, comprometidos con la patria.

Los empleados sumisos sólo dañan al estado, peor si son indolentes en el trabajo o si hacen la vista gorda permitiendo cacerias ilegales, deforestación, contaminacion minera, incendios,etcetera.

EL SERNAP

Las ordenes supériores, que el SERNAP emite, muchas veces  por intereses políticos que implican  convenios con  mineros, colonizadores, avasalladores, interculturales, agencias de turismo, etc. no deberian darse, pero ocurre a vista y paciencia de la ciudadania conciente, a vista y paciencia de los medios de comunicación  y también de senadores y diputados, que muy poco o nada hacen para cuidar el patrimonio agroforestal de la madre tierra.

El Servicio Nacional de Areas Protegidas esta para, precisamente, proteger áreas ecológicas reservadas, y debe hacerlo sin que influyan intereses políticos, porque la naturaleza no entiende de izquierdas o derechas, de socialismo o capitalismo, La madre tierra, el habitat natural de mucha flora y fauna solo quiere existir en paz, como lo hizo por cientos de miles de años, mucho ántes de la aparicion de mezquinas y absurdas ideas políticas inventadas por el ser humano.

ALGO DE JUSTICIA

La desición de la Sala Constitucional paceña marca un hito interesante a la hora de  reconocer legalmente a los protectores de la madre tierra, evitando que sufran hostigamientos y amedrentamientos insulsos por motivos baladíes o por intereses políticos entre el estado y depredadores de la naturaleza siempre prestos a dañar a la pachamama, nuestro habitat y refugio natural y maternal.

Sería la primera vez que se emite un fallo favorable a un injusto despedido. Ojalá, esto marque un positivo precedente en beneficio de nuestras áreas reservadas. Algo de justicia? Si, muy bien. Por algo hay que comenzar.

                                                                      (*)  Comunicador Social

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Las cifras del año pasado muestran que solo el 7,1% (aproximadamente 1,29 millones de toneladas) fue tratado adecuadamente. Esto significa que casi el 93% de los residuos no reciben el tratamiento correcto y muchos terminan en basuras ilegales. La implementación de procesos de tratamiento adecuados no solo reduce la contaminación, sino que también asegura el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales sobre el manejo de residuos peligrosos y mitiga los riesgos sanitarios asociados.

Desafíos para el futuro

El presidente de Caitpa, Gustavo Solari, consideró que “los desafíos para el futuro son enormes: la información, los datos, las nuevas tecnologías, la educación y el desarrollo sostenible”. Desde 2022, gracias a un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), las empresas que forman parte de Caitpa miden la cantidad de residuos que reciben el procedimiento adecuado tras ser generados.

Historia de Caitpa

Caitpa fue la primera cámara en reunir al sector luego de que se sancionara la Ley Nacional de Residuos Peligrosos en 1991. Está integrada por empresas dedicadas al tratamiento y transporte de residuos industriales y patogénicos para la protección ambiental. Su objetivo es evitar que sustancias peligrosas se filtren al medioambiente.

Avances en el tratamiento de residuos

En los años recientes, el tratamiento de residuos avanzó significativamente gracias a las nuevas tecnologías que permiten procesar una mayor cantidad de residuos. Esto reduce la cantidad que debe ser dispuesta en vertederos y aumenta las oportunidades para incorporar materiales reciclados en nuevos procesos industriales.

Riesgos de la mala gestión

Los residuos industriales mal gestionados pueden liberar sustancias tóxicas en el aire, agua y suelo. Esto pone en riesgo la biodiversidad y afecta la calidad de vida en comunidades cercanas a vertederos. Además, los residuos patogénicos representan un riesgo específico para trabajadores y población general.

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Leonardo Rodríguez, cacique de la zona, ha señalado que los vientos fuertes han contribuido a la rápida expansión de las llamas, causando preocupación entre los habitantes de las comunidades. Las autoridades locales han respondido a la emergencia, advirtiendo a los viajeros en la carretera Bioceánica que tomen precauciones para evitar incidentes.

Devastación de flora y fauna

Los incendios han destruido vastas áreas de flora y fauna en el municipio, dejando imágenes desoladoras a su paso. En las comunidades de San Lorenzo Nuevo y El Naranjo, los residentes han encontrado restos de animales carbonizados en la carretera Bioceánica. Entre ellos, se destacan los cuerpos de una vaca y un caballo, aparentemente atrapados y quemados por el fuego, lo cual es un trágico recordatorio de la devastación que está causando el siniestro.

Balanceando la protección y la permanencia

La comunidad se encuentra en una encrucijada, tratando de equilibrar la protección de sus habitantes con el deseo de no abandonar por completo sus hogares. Roxana Guasase, segunda cacique de San Lorenzo, expresó: “No podemos dejar a toda la comunidad, solo podrían ir los niños y los ancianos. Lamentablemente, parecía que el fuego ya no iba a estar presente, pero el viento lo reactivó”.

Impacto en la movilidad regional

Además de los efectos devastadores en la vida silvestre, los incendios han afectado la movilidad en la región. Un minibús se incendió después de salirse de la ruta, y dos trenes de carga están varados debido al fuego, uno transportando soya y el otro gasolina, a la espera de un operativo de enfriamiento por parte de los bomberos.

Trabajo conjunto para mitigar el impacto

La situación sigue siendo crítica y los habitantes de las comunidades permanecen alerta mientras se enfrentan a la implacable amenaza del fuego. Las autoridades y la comunidad están trabajando juntas para mitigar el impacto de esta situación.

/ APC /

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Informe sobre la biodiversidad

Durante la presentación del nuevo informe titulado Planeta Vivo de WWF, se destacó una alarmante disminución del 73% en la población de vertebrados a nivel mundial entre 1970 y 2020. Analiz Vergara, técnica de la Unidad Amazónica ACU WWF, subrayó la relevancia de la Amazonía para el equilibrio del planeta.

El informe también menciona “puntos de inflexión o de no retorno” que están relacionados con el debilitamiento de los ecosistemas. Estos se vuelven más vulnerables ante amenazas como el cambio climático y la deforestación, una situación que ya se está observando en la Amazonía, explicó Vergara.

Importancia de la Amazonía

En un encuentro con la prensa en Quito, Vergara recordó que la Amazonía alberga al menos el 10% de la biodiversidad conocida del planeta. Además, destacó que en esta región se descubren nuevas especies cada 2 o 3 días.

La Amazonía también es un importante reservorio de carbono, con entre 250.000 y 300.000 millones de toneladas. La pérdida de esta vasta región significaría que sería imposible alcanzar la meta global de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, como se establece en el Acuerdo de París.

Consecuencias de la pérdida

Por lo tanto, Vergara sentenció: “Si perdemos la Amazonía, perdemos la lucha contra el cambio climático”. Aunque Ecuador representa un porcentaje pequeño de la Amazonía a nivel regional, su importancia en términos de biodiversidad es significativa. En esta zona se encuentran los mayores índices de diversidad de especies en diferentes grupos, como mamíferos, anfibios y aves, entre otros.

Vergara también añadió que esta región es crucial para mantener la resiliencia de todo el sistema ecológico. La protección de la Amazonía es, por lo tanto, esencial no solo para Ecuador, sino para el mundo entero.

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La directora departamental de la ABT, Vanesa Mérida, ha anunciado que “está totalmente paralizado y prohibido el tema de las quemas en Santa Cruz y en todas sus provincias”. Esta medida surge en un contexto en el que el departamento ha sido afectado por incendios de gran magnitud.

Impacto de los incendios en Santa Cruz

Según el reporte de la Gobernación, los focos de calor han afectado a 235 comunidades, dañando a 170 familias y a otras 5.898 por las sequías. Además, la ganadería también ha sufrido pérdidas significativas.

Guilmar Lujan, responsable de la Unidad Operativa de Bosques y Tierras (UOBT) Concepción, recalca que “las quemas están prohibidas en Ñuflo de Chávez”. La resolución administrativa establece una multa de Bs 0,20 por hectárea en caso de quemas, aunque la directora departamental de la ABT considera que esta cantidad es muy baja.

Aplicación de sanciones y llamado a la conciencia

Se hace un llamado a los fiscales y jueces para que analicen las infracciones y sancionen a los infractores. Se busca crear conciencia en la población sobre la importancia de no realizar quemas, ya que esto afecta a la fauna silvestre y a los animales. Se tomarán medidas más estrictas para combatir esta problemática.

Incendios en Santa Cruz

Hace más de un mes que se reportaron los primeros incendios en Santa Cruz, específicamente en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, del municipio de San Matías. Durante este tiempo, más de 270.000 hectáreas han sido afectadas por el fuego.

Este jueves se registraron seis nuevos incendios en diferentes localidades como Las Madres y La Fortaleza. El cacique Luciano Espinoza Soleto, a través de un video, lamenta la pérdida de su casa en la comunidad Carmen de Limones, cerca del cantón Las Petas en el ANMI San Matías. Se solicita ayuda a la comunidad, ya que las autoridades no han proporcionado apoyo suficiente.

Actualmente, hay 20 procesos penales en el departamento de Santa Cruz relacionados con los incendios. La mayoría se encuentra en San Ignacio, con ocho personas detenidas. Además, se han registrado casos en Guarayos, donde un individuo se encuentra con detención preventiva y dos han sido absueltos por el juez.

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En los últimos días, se ha observado un aumento significativo de los focos de calor en las áreas de Roboré y San Matías. Estos dos lugares han sido el foco principal de los incendios forestales, donde voluntarios y Fuerzas Armadas han intervenido para contener el fuego. Afortunadamente, hasta el momento, ninguno de los incendios está descontrolado. Sin embargo, se han identificado siete incendios forestales, seis de ellos en Concepción y uno en San Matías, que requieren la presencia de bomberos forestales y soldados para su mitigación.

Esperanza de controlar el incendio en la serranía de Tucabaca

El viceministro Calvimontes informó que actualmente solo hay un punto de fuego que se está dirigiendo hacia la serranía de Tucabaca. Las autoridades están trabajando arduamente para sofocar este incendio y esperan que ingrese a un lugar más accesible para su control. Para combatir estos incendios, se han movilizado 264 bomberos, destacando la presencia de contingentes en San Rafael y Puerto Suárez ante la detección de nuevos focos de calor.

Identificación de responsables y causas de los incendios

Según el viceministro Calvimontes, se han identificado nueve personas como causantes de los incendios, de las cuales seis enfrentan procesos penales y tres tienen detención preventiva por ser encontrados in fraganti. Estas personas han manifestado que prendían fuego con fines de chaqueo o por quema de pastizales. Las autoridades continúan investigando las causas exactas detrás de estos eventos devastadores.

Consecuencias sociales y ambientales

Los incendios forestales han generado una creciente preocupación por la pérdida de biodiversidad y los daños a los ecosistemas locales. Las autoridades están trabajando arduamente para controlar la situación y determinar las causas exactas de estos incendios. Es fundamental tomar medidas para prevenir futuros incendios y proteger nuestros valiosos recursos naturales.

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Debido a que cada año se registra una mala calidad del aire después de la noche del 23 de junio, cuando se celebra la festividad de San Juan, se reitera la prohibición de encender fogatas y utilizar pirotecnia. Nelson Zenteno, abogado de la Dirección de Salud Ambiental del GAMO, informó que se llevaron a cabo operativos para evitar el encendido de fogatas durante la noche de San Juan. En algunas zonas de la ciudad, se constató que la población infringió las normativas municipales.

El personal de la Dirección de Salud Ambiental apagó las fogatas y dejó una notificación a los responsables para que se presenten en las oficinas de dicha dependencia y firmen un compromiso de responsabilidad ambiental. En caso de reincidencia, se aplicarán sanciones económicas. Se hace un llamado a la responsabilidad de los padres, ya que se encontraron niños encendiendo la hierba seca en zonas altas, lo cual puede provocar incendios de gran magnitud.

Control en la venta de productos tradicionales y pirotecnia

La Unidad de Defensa al Consumidor realizó un operativo de control en la venta de productos tradicionales de la temporada de San Juan. El objetivo fue verificar que los productos cuenten con registro sanitario y fecha de vencimiento vigente. El operativo se llevó a cabo en el sector de la avenida 6 de Agosto, donde se instala la feria de temporada de San Juan.

Como resultado del operativo, se decomisaron los productos que no contaban con registro sanitario. Además, se decomisaron juegos artificiales que eran comercializados ilegalmente. Se recomienda a la ciudadanía evitar la compra de pirotecnia, debido al daño que causa al medioambiente y al peligro que representa para la ciudadanía.

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El bioparque se encarga de rehabilitar a los cóndores rescatados que llegan con heridas o desnutridos. El administrador del centro, el biólogo Omar Rocha, explicó que se realiza un seguimiento de la salud de estos animales y se trabaja en conjunto con especialistas externos y el programa regional de conservación del cóndor andino.

Importancia del cóndor andino

El cóndor andino es la especie de ave más grande de Suramérica, con una envergadura alar de cerca de tres metros. Su nombre deriva del quechua “kuntur” y significa “los que limpian”, haciendo referencia a su importante función ecológica como limpiadores de carroña.

Estas aves cumplen un papel fundamental en el ecosistema, ya que se alimentan de cadáveres de animales en vida silvestre. Son las únicas aves carroñeras que desempeñan esta función, lo que las convierte en un eslabón clave en la cadena alimentaria.

Amenazas y conservación

El cóndor andino se encuentra catalogado como una especie vulnerable en Bolivia. Sus principales amenazas son la pérdida de hábitat y el envenenamiento por consumir carne de animales intoxicados, como perros salvajes o zorros, una práctica común en zonas rurales para proteger al ganado.

En respuesta a estas amenazas, se impulsó la Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino en Bolivia, tras la dramática muerte de 34 cóndores por envenenamiento en la región sureña de Tarija en 2021. Esta ley busca proteger a la especie y garantizar su conservación.

Rehabilitación y liberación de cóndores

El Bioparque Municipal Vesty Pakos ha rehabilitado y permitido la liberación de varios cóndores desde 2019. Los cóndores rescatados son evaluados para determinar si son candidatos a la liberación. Aquellos que presentan problemas físicos irreversibles, como fracturas de alas, se convierten en parte de la población del bioparque.

La rehabilitación de los cóndores se enfoca en la alimentación y se complementa con evaluaciones físicas periódicas y otros estudios. Una vez que el animal se recupera, se solicita la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para su liberación.

Última liberación de cóndor andino

Recientemente, el bioparque liberó a Pacha, una hembra de entre tres y cuatro años de edad que fue encontrada desnutrida y deshidratada cerca de un río en el municipio de Malla, en el Altiplano paceño. Después de dos meses de rehabilitación, Pacha regresó a su hábitat el sábado.

El programa de conservación del cóndor andino en Bolivia es un esfuerzo importante para proteger a esta especie emblemática y garantizar su supervivencia en el país. La labor del Bioparque Municipal Vesty Pakos y la colaboración con especialistas externos son fundamentales para lograr este objetivo.

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En el año 2022, se ejecutó la demolición de una construcción clandestina en el sector del Parque Acuático, el cual ha sido designado como área protegida del municipio mediante la ley 004/2022. La construcción ilegal fue notificada en varias ocasiones, primero con un auto de inicio y luego con una resolución administrativa. Esta última se llevó a cabo dentro del tiempo establecido por la normativa y finalmente se procedió con la notificación de la culminación de la resolución.

Demolición en cumplimiento de normativas municipales

La demolición de la construcción clandestina se realizó en cumplimiento del Decreto Municipal 005/2012 de Procedimiento Sancionador de Construcciones Clandestinas y del Decreto Municipal 019/2014. “Se está cumpliendo con la resolución administrativa, la cual ha sido ejecutoriada y se encuentra en un área protegida. Hemos seguido todo el proceso administrativo correspondiente al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) en cuanto a la protección de las áreas protegidas, por lo que se ha llevado a cabo la demolición”, afirmó Aracely Juanes, secretaria Municipal de Gestión Territorial.

Compromiso con el ordenamiento territorial y ambiental

Julio Cepeda, director de Salud Ambiental, destacó la importancia de que el GAMO base sus actuaciones en la Constitución Política del Estado y las normas vigentes dentro del municipio para garantizar el ordenamiento territorial y ambiental. Por su parte, Gilmar Mamani, jefe de la Unidad de Control Urbano, enfatizó que se siguió un proceso administrativo riguroso antes de proceder con la demolición, demostrando el compromiso municipal con la protección y preservación del entorno natural.

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El juez Aranibar ha basado su determinación en estudios científicos realizados por la Universidad Mayor de San Simón y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), así como otras instituciones. Estos estudios han confirmado la presencia de contaminantes en el agua de la represa, lo que representa un riesgo para el ecosistema acuático y el medio ambiente en general.

Medida cautelar para proteger el ecosistema acuático

Como medida cautelar ante esta situación, se ha establecido una pausa ecológica en las actividades turísticas y náuticas que se llevan a cabo en la represa La Angostura. Esta acción tiene como objetivo salvaguardar el ecosistema acuático y prevenir impactos negativos adicionales en el medio ambiente.

La suspensión de las actividades turísticas es necesaria para permitir la recuperación del agua y la fauna que habita en la represa. Además, se espera que esta medida contribuya a la concientización sobre la importancia de preservar nuestros recursos naturales y promover prácticas sostenibles en el sector turístico.

Compromiso con la protección del medio ambiente

La decisión del juez Aranibar demuestra un compromiso firme con la protección del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas acuáticos. Es fundamental tomar medidas responsables para garantizar la preservación de nuestros recursos naturales y evitar daños irreparables en el medio ambiente.

Se espera que esta suspensión temporal de las actividades turísticas en la represa La Angostura sea seguida de acciones concretas para mejorar la calidad del agua y prevenir la contaminación en el futuro. Asimismo, es importante que los actores involucrados en el sector turístico adopten prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente para garantizar un desarrollo turístico responsable y sustentable.

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Para esta labor de protección y conservación ambiental, participaron miembros del Sernap, la Dirección del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado de Cotapata, la Fiscalía del Municipio de Coroico, y se contó con el respaldo de 70 oficiales.

Incidentes Previos y Agresiones

En enero, el equipo de protección sufrió ataques por parte de individuos dedicados a actividades ilegales en la zona. Utilizando petardos, palos y machetes, intimidaron a los guardaparques y dañaron partes esenciales de sus vehículos.

Descubrimientos en el Lugar

En el sitio se halló un generador de luz, combustible, artefactos y explosivos empleados para abrir el camino ilegal. Los pobladores que colaboraron en la operación indicaron que los responsables no pertenecen a la comunidad local.

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Los guardaparques contaron con respaldo de diversas organizaciones ambientales y la Defensoría del Pueblo. La ausencia de pruebas contundentes llevó a la absolución de los acusados en una audiencia virtual.

Este caso destaca la relevancia del respeto entre actores en conflictos de áreas protegidas y actividades extractivas. Es esencial contar con pruebas sólidas en acusaciones graves como las planteadas en este juicio.

Precedente para la conservación

La absolución de los guardaparques marca un precedente en el reconocimiento de su labor en la preservación de recursos naturales. Se enfatiza la necesidad de equilibrar actividades económicas y protección ambiental para un desarrollo sostenible.

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El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Franz Álvaro Quispe Olivera, informó sobre las infracciones cometidas en el marco de las normativas que prohíben el uso de partes de animales silvestres en las vestimentas de los danzarines.

Decomisos realizados durante la peregrinación

“En el recorrido del día sábado, se ha podido decomisar 15 quirquinchos disecados en matracas, nueve plumas de Suri, un quirquincho disecado en matraca (sin catalogación), un cóndor disecado en la careta de un diablo y un traje con partes y derivados del cóndor andino”, informó la autoridad.

Ley “Cóndor” y arrestos realizados

La Ley 1525 declara al Cóndor Andino como símbolo y patrimonio natural y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. Durante la peregrinación del sábado, dos personas fueron arrestadas por llevar un cóndor disecado en su careta y una matraca de quirquincho sin catalogar, según el informe.

Investigación sobre plumas de aves

Se investiga un bloque completo de danzarines que portaban plumas de aves para determinar si fue responsabilidad de quienes les entregaron los trajes o de otras personas. La autoridad viceministerial complementó que no se había decomisado antes debido a posibles conflictos sociales.

Decomisos y posible venta ilegal

Además de los decomisos mencionados, se encontraron matracas con registro y catalogación, pero no eran llevadas por sus propietarios. Se sospecha una posible venta ilegal y se han iniciado las investigaciones correspondientes.

Normativas ambientales vigentes

Además de la Ley 1525, promulgada en 2023, existen otras normativas como la Ley 1333 del Medio Ambiente que velan por la protección y conservación de la fauna silvestre considerada patrimonio del Estado.

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La disposición transitoria tercera de la Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino, Kuntur Mallku (Vultur Gryphus), enmienda el artículo 206 del Código Penal. Ahora, aquellos que provoquen incendios en áreas protegidas enfrentarán privación de libertad de tres a ocho años si ocasionan daño a la flora o fauna silvestre.

Medida preventiva tras los incendios forestales

Bolivia cuenta con 22 áreas protegidas y esta ley surge como respuesta a los incendios forestales que amenazaron estas zonas durante este año. Antes de esta normativa, el Código Penal solo sancionaba a quienes provocaban incendios sin considerar las consecuencias específicas en las áreas naturales.

Protección especial para el Cóndor Andino

La legislación también destaca la importancia del Cóndor Andino como Símbolo y Patrimonio Natural y Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. Además, prohíbe la caza, acoso, captura, acopio y comercialización de esta ave sin autorización con medidas específicas para su conservación.

Penas por tráfico de fauna y flora silvestre

La disposición adicional primera establece penas de privación de libertad de dos a seis años para quienes trafiquen con especies de fauna y flora silvestre sin autorización. La sanción se agrava cuando la especie traficada está en peligro o en extinción, o cuando se involucran varias especies de la fauna silvestre.

Sanciones por envenenamiento de fauna silvestre

Por último, la disposición segunda introduce el artículo 223 ter al Código Penal, sancionando con privación de libertad de cuatro a ocho años a quienes utilicen sustancias químicas, tóxicas o peligrosas causando el envenenamiento y muerte de especies de fauna silvestre. Esta medida busca frenar actividades que ponen en peligro la biodiversidad del país.

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Las manifestaciones están programadas para desarrollarse en horas de la tarde y noche del 13 de noviembre. La plaza Bicentenario en La Paz y la plaza del Estudiante en Santa Cruz serán los epicentros de concentración. Entre las demandas destacadas, la “declaratoria de desastre nacional” resuena como una exigencia inaplazable ante la creciente magnitud de incendios, sequías y otros desastres naturales.

Punto clave: denuncia ciudadana por negligencia gubernamental

El primer punto del pliego petitorio refleja la frustración ciudadana, denunciando la indiferencia gubernamental y llamando a procesos legales por presunta negligencia. La Ley 602 y los derechos humanitarios son invocados para señalar la gravedad de la situación, acusando al Gobierno de minimizarla y provocar daños económicos, crímenes ambientales y amenazas a la salud pública.

Otras demandas: abrogación de leyes perjudiciales

Entre otras demandas, se destaca la abrogación de leyes ambientales perjudiciales, una pausa ambiental para frenar la deforestación y la eliminación de privilegios impositivos a cooperativas mineras. La movilización también aboga por una investigación exhaustiva sobre los impactos de la minería aurífera y del modelo agropecuario-industrial en la Amazonía boliviana.

Movilización extendida a otras regiones del país

Aunque los preparativos están en marcha en las ciudades capitales, la marcha se extenderá a otras regiones del país, incluyendo Rurrenabaque, San Buenaventura, Samaipata, Puerto Quijarro e Ixiamas.

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Destrucción de propiedades y reserva forestal municipal

Según Laime, los presuntos autores afectaron no solo sus propiedades, sino también las de sus vecinos. Además, destruyeron “ojos de agua” y causaron estragos en la serranía de Marimonos, una reserva forestal municipal. La ABT puede imponer sanciones administrativas por quemas ilegales pero está siguiendo el proceso penal debido a la magnitud de los incendios.

Sistema satelital para identificar origen del fuego

José Luis Linares, responsable de Fiscalización y Control de la ABT en La Paz, detalló que la entidad utiliza un sistema satelital para monitorear focos de calor e incendios con el fin identificar su origen. “Los satélites captan con fecha y hora el foco de calor y junto a imágenes satelitales se identifica el indicio y se verifica con el INRA o mediante trabajo de campo a los responsables”, señaló.

Preservación de recursos naturales y responsabilidad penal

La denuncia destaca la importancia de preservar los recursos naturales y busca llevar ante la justicia a los presuntos infractores por los daños ambientales causados. En su papel como entidad reguladora, la ABT continúa trabajando para garantizar la protección de bosques y tierras, haciendo hincapié en la responsabilidad penal de aquellos que ponen en riesgo el entorno natural.

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Las llamas llegaron a las serranías dentro de la reserva, donde se encuentran los nacientes del agua. Margot Pilco expresó la preocupación de que, a pesar de los esfuerzos de los 11 guardaparques y la colaboración con las comunidades afectadas, la situación en la serranía se ha vuelto crítica. Las comunidades Río Hondo, San José, Alto Yacumita, 2 de Agosto, Paraíso y parte de la serranía de Rurrenabaque enfrentan graves consecuencias.

Nacientes vitales para comunidades y cultivos locales

La importancia de estas nacientes se destaca al suministrar agua dulce esencial para la región y mantener los cultivos de subsistencia. Margot Pilco hizo un llamado urgente a evitar encender fuegos reconociendo la crisis actual y el impacto devastador en fauna, flora y vida que albergan los bosques.

Solicitud urgente: apoyo contra incendios

La guardaparque solicitó apoyo a través alimentos, medicamentos, herramientas y recursos humanos para combatir los incendios que han persistido por más de cuatro semanas. Tanto el Cuerpo de Protección como el presidente del Comité del Consejo Regional T’simane Mosetenes (CRTM), Fernando Ara continúan luchando contra múltiples focos calientes, enfrentándose a desafíos con recursos limitados y personal agotado.

Colaboración necesaria para proteger la reserva

La llamada de Fernando Ara destaca que se necesita la colaboración y el apoyo de la población para unirse a la batalla contra el fuego, una batalla que no solo afecta a la reserva sino también las vidas y medios de subsistencia de las comunidades circundantes.

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Además de la sensibilización, las autoridades municipales trabajan en un proyecto de filtración y otro de instalación de más rejas para reducir el plástico que llega al humedal, según Andrés Aruquipa, gerente de EMAO.

Biofiltración como solución estructural

“La planificación consiste en proporcionar una solución estructural. Ya tenemos proyectado y elaborado un proyecto de biofiltración con un presupuesto de Bs. 2.5 millones”, explicó Aruquipa.

Búsqueda de implementar nuevas rejas automatizadas

Julio Cepeda, responsable del DSA del GAMO, manifestó que están buscando implementar otras rejas automatizadas para mejorar la eficiencia en la retención de residuos sólidos.

Doblamiento en una reja existente

Durante una inspección previa a la limpieza del Lago Uru Uru, se encontró que una reja tenía un doblamiento debido a las lluvias y el arrastre material sólido. Se busca mayor resistencia en los siguientes filtros.

Proyecto de biofiltración para obtener agua purificada

El proyecto de biofiltración tiene como objetivo construir “tamizadores” naturales para obtener agua purificada en el humedal, que ha reducido su caudal de agua.

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Estas iniciativas tienen el objetivo de concientizar, informar y evitar que se continúen con el uso de sustancias y gases que tienen un efecto nocivo en la ozonosfera (término con el que también se conoce a la capa) y así generar una mayor conciencia para su preservación en un entorno más sostenible.

La Capa de Ozono es uno de los activos más importantes de nuestro planeta. Pero ¿por qué es tan importante para la supervivencia de la especie humana? Para empezar, es importante describirla como una capa de gas ozono (O3) ubicada en la estratosfera, entre 15 y 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Su papel es más que relevante, en cuanto cumple una función protectora al absorber los rayos ultravioletas, los cuales pueden causar quemaduras y otros efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

Hace cuatro décadas, científicos de la Universidad de California identificaron los primeros signos de daño en la capa de Ozono. Su investigación reveló que los aerosoles y refrigerantes que contenían clorofluorocarbonos (CFC) estaban dañando la ionosfera al liberar átomos de cloro que atacaban directamente las moléculas de ozono, disminuyendo su cantidad. Más tarde, otros científicos británicos confirmaron la existencia de un gran agujero en la capa de ozono en la Antártida, atribuido en gran parte al uso incontrolado de aerosoles nocivos. Esta situación llevó a tomar acciones tanto del sector privado como público para limitar su uso y desarrollar iniciativas destinadas a restaurar la ionosfera a su estado natural.

Una de las más destacadas, fue la firma del Protocolo de Montreal, en el que participaron casi 100 países. Este acuerdo establece medidas concretas para reducir la producción y el uso de sustancias que dañan la capa de ozono, así como para promover alternativas más seguras. Además, el protocolo ha servido como un ejemplo inspirador para futuros esfuerzos internacionales en la lucha contra el cambio climático.

Los resultados de esta iniciativa han sido altamente satisfactorios, considerando que la capa de ozono está experimentando una gradual recuperación. Se estima que para el año 2040, habrá alcanzado niveles similares a los registrados a principios de la década de 1980. Sin embargo, aún existen retos para alcanzar las metas propuestas.

Actualmente Bolivia se encuentra frente a una crisis del agua, donde el 85% de los Municipios sufren por la sequía, esto se debe al fenómeno de El Niño que en los últimos años se ha manifestado en varias zonas del país. Hasta noviembre de 2022 el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informaba que las sequias en Bolivia permanecerían hasta marzo de 2023; sin embargo, en estas últimas semanas los reclamos por el líquido vital han ido en ascenso en diferentes partes del país agudizándose la situación en el departamento de Potosí.

Según datos actualizados del Viceministerio de Defensa Civil los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Potosí tienen registros de falta de agua; esta situación además del fenómeno de El Niño también se da por el cambio climático, según los análisis realizados por FAN, entre 1980 y 2020 la temperatura media anual en Bolivia ha subido 0.5 grados centígrados en algunas regiones del país y en otras por encima de 1 grado centígrado ocasionando altas temperaturas en diferentes departamento de Bolivia así se registró en agosto cuando, seis ciudades de cinco departamentos del país experimentaron un marcado incremento en las temperaturas, estableciendo nuevos récords térmicos, según datos de Senamhi.

“Ante estas altas temperaturas y para soportar la ola de calor algunas familias recurren a la compra de artefactos eléctricos, esto no sólo golpea su economía, sino que a su vez estos aparatos representan un alto nivel de producción de gases de efecto invernadero que intensifican el calentamiento global e indirectamente afectan a la capa de ozono”, explica Mónica Cabrera, Líder de Operaciones de Servicios para Sudamérica de Schneider Electric en Bolivia.

¿Qué alternativas se pueden tomar para conservar la capa de Ozono?

Además de la implementación de regulaciones y restricciones para eliminar gradualmente el uso de sustancias agotadoras del ozono como los hidroclorofluorocarburos (HCFC), es necesario establecer estrategias educativas y de concientización. Estas deberán estar enfocadas en el desarrollo de prácticas sostenibles, las cuales se consolidan en garantizar un futuro más saludable y sostenible para nuestro planeta.

Para conocer y reducir el impacto ambiental, las organizaciones pueden usar herramientas que generan reportes en tiempo real, que permiten tomar decisiones informadas. Schneider Electric, dio a conocer recientemente una herramienta gratuita llamada Lifecycle CO2e TradeOff, que calcula con precisión la huella de carbono total de los centros de datos, considerando las emisiones de Alcance 1, 2 y 3. Con esta solución, las empresas pueden medir su huella de carbono total, incluyendo servicios subcontratados de proveedores de servicios en la nube y colocación.

Las empresas pueden establecer sinergias colaborativas con un amplio propósito sustentable, desde las cuales es posible proponer y poner en marcha planes de acción para propiciar modelos de trabajo verdes. Un ejemplo de estos es el movimiento “Agentes de Impacto” gestado desde Schneider Electric para ayudar a las organizaciones en sus esfuerzos de sostenibilidad. Una iniciativa desde la cual se busca ofrecer acceso a eventos, talleres, colaboraciones, contenido y reuniones con un equipo de expertos, con el objetivo de maximizar el impacto sostenible de las empresas.

Se trata de propuestas que ayudan a la consolidación de una estrategia de sostenibilidad alineada a las exigencias de la actual dinámica empresarial. A partir de estas, se pueden establecer metas para que la capa de Ozono regrese a su estado natural.

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Llamado urgente para proteger el Lago Titicaca

“Hacemos un llamado de clamor para la protección de nuestro Lago Titicaca, ante esta desesperante situación, que representa un patrimonio cultural y natural de la humanidad, exigimos que se declare zona de desastre natural en el lago boliviano”, se pronunciaron desde el sector.

Sequía afecta producción agropecuaria y sistemas de vida

La exigencia del sector se da porque la sequía está afectando la producción agropecuaria y poniendo en alto riesgo los sistemas de vida de la región. Asimismo, señalan que otro factor que afecta es la contaminación causada por los afluentes que descargan sus aguas contaminadas en el Lago Titicaca.

Preocupación por contaminación extrema en cuenca Katari

“Damos a conocer nuestra preocupación por la contaminación extrema que se viene desarrollando en la cuenca Katari, producto del vertido del alcantarillado sanitario e industrial proveniente casi un millón de habitantes de la ciudad El Alto a través del río Seke y el río Seco, así como del río Padilla en Viacha, cuyas descargas se vierten directamente a la cuenca Katari y desembocan en el Lago Titicaca”, menciona el documento.

Reducción del nivel de agua preocupa a los pobladores

A inicios de agosto, los pobladores se declararon en alerta debido a la reducción del nivel del agua del Lago Titicaca, según un informe de la Autoridad Binacional del Titicaca, disminuye aproximadamente 12 centímetros cada mes. “No hay duda de que esta situación es preocupante porque ya se están notando los impactos en el medio ambiente”, señaló Juan José Ocola a La Razón Radio el 18 de agosto.

Aguas del Lago disminuyen dos metros

Según el comunicado de la Federación de Campesinos Tupa Katari de la provincia Los Andes, las aguas del Lago disminuyeron dos metros en su nivel característico. La preocupación de los pobladores se debe a que el impacto ambiental en el Lago, compartido por Bolivia y Perú, está afectando.

/RAC

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Hallazgo macabro en Ayllu Collana I y Cayñi

Los cadáveres de 18 ejemplares fueron encontrados en Ayllu Collana I y el resto en Cayñi, pertenecientes a la Asociación Regional de Manejadores de Vicuña (CMV) de Wila Khollo del municipio Santuario de Quillacas del departamento de Oruro. Se presume, que los cazadores sólo querían la fibra, para la venta en el mercado negro.

Denuncias y preocupaciones por parte de los manejadores

“Creemos que desde la anterior semana casi cada noche han estado cazando y cada cazador tiene su forma de sacar la fibra. En este caso ha sido por hacer daño, porque han matado a las vicuñas y hemos visto que le han arrancado los cueros y a otros sólo de algunos lugares donde hay más fibra. Esas vicuñas muertas nos afectan porque vivimos de eso”, denunció el vicepresidente de la Asociación Regional CMV, Rene Paca Pacolla.

Temporada amenazada por caza furtiva constante

A días del inicio de la temporada de esquila de fibra de estos animales, las Comunidades Manejadoras de Vicuñas (CMV) se declararon en alerta por la muerte de su ganado y la continuidad de caza furtiva en el sector, ya que en la inspección, encontraron huellas de personas. “Nosotros tenemos un slogan que dice: vicuña esquilada, vicuña salvada. Desde el 1 de septiembre comenzamos a esquilar hasta el 15 de diciembre, esa es la autorización que tenemos del Viceministerio de Medio Ambiente, por ello pedimos que nos apoyen”, complementó.

Llamado a proteger el lago Poopó

“Esta caza ocurrió el fin de semana a orillas del lago Poopó, donde habitan muchos hatos de vicuñas que están amenazadas por cazadores furtivos que utilizan motos a mucha velocidad y atentan con la vida tranquila de estos animales. Este es otro motivo más para declarar como Área Protegida el Lago Poopó y Uru Uru, así pueden contar con Guardaparques que recorrerían todo el entorno del Lago”, solicitó presidente de la Fundación Pueblos Montaña, Teodoro Blanco.

Denuncia formal y pedido urgente

Los comunarios aseveraron que ya se puso la denuncia ante las autoridades departamentales, nacionales e incluso ante la Policía Forestal Medio Ambiental (Pofoma) y pidieron celeridad en la investigación.

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Luego de dos jornadas de trabajo, ayer se hizo una evaluación y se trazó un plan de acción entre personal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAA) para la preservación de estos espacios. Previamente, se encaró algunos trabajos con el colocado de letreros en algunas áreas protegidas.

Acciones directas respaldadas por leyes municipales

“Se ha identificado algunos sectores críticos y se ha pretendido tomar acciones directas, ya tenemos un plan de trabajo con la Dirección Nacional de Áreas Protegidas, porque no puede haber asentamientos ahí, hay dos leyes municipales que respaldan a estas áreas, la 004/2013 y la 022/2015”, destacó la secretaria municipal de Gestión Territorial, Araceli Juanes.

Con base en la evaluación de un especialista del MMAA, además de concluir el plan de acción, se debe hacer una delimitación clara y en algunos casos analizar si cada sitio patrimonial amerita el cierre, por su tamaño, ya que el principal problema es el avasallamiento.

Reunión nacional para la protección y preservación

“Algunas áreas están avasalladas y hemos visto que aún falta impulsar la gestión, necesitamos categorizar, señalética y más, pero hemos sido testigos también del trabajo rápido que se ha encarado otras acciones que se pretenden ejecutar”, destacó el profesional de Ecosistema y Áreas Protegidas del MMAA, Álvaro Báez. El representante nacional también destacó que para noviembre se pretende encarar una reunión nacional con todos los niveles de áreas protegidas, para ver avances en su protección y preservación.

Con base en el cronograma de trabajo, las tareas comenzaron el lunes con una reunión, luego la visita a los sitios patrimoniales que concluyó ayer y por la tarde se logró una evaluación para concretar las acciones a asumir.

“Es importante la reunión en cumplimiento a la Resolución Constitucional 057/2022, que manda la coordinación que debemos realizar. Desde el lunes se ha cumplido una agenda, primero una reunión y luego visitar las áreas protegidas y una reunión de evaluación respecto a las acciones”, destacó el director de Salud Ambiental, Julio Cepeda.

16 áreas protegidas en Oruro según normativa municipal

NORMATIVA: Según la Ley Municipal Nº004 de Descripción, Interpretación y Actualización de Datos Técnicos de la Ley Nacional Nº 961 del 25 de enero de 1988, Oruro cuenta con 16 áreas protegidas distribuidas en los diferentes distritos y sectores de la ciudad.

Las áreas protegidas son: Serranías de Oruro, Arenales de Cochiraya, Cerro San Pedro, El Sapo, Rumy Campana I, Rumy Campana II, Cerro Cerrato, Corazón de Jesús, Capachos, El Cóndor, Cabeza de la Víbora, La Víbora, Arenales Tagarete, Arenales Sora, Parque Natural Acuático y Chusaqueri.

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Desde la Municipalidad orureña, enfatizaron que ninguna hectárea del lugar puede ser documentada debido a los peligros técnicos y la afectación a la biodiversidad.

Sentencia constitucional prohíbe construcciones en el Lago Uru Uru

El jefe de la Unidad de Tierra y Territorio, Freddy Mollo, advierte sobre estafas y retira estacas que delimitaban propiedades ilegales.

Declarado como un sitio Ramsar desde hace décadas, se destaca su importancia como reservorio de agua con alta biodiversidad. No se permite urbanizar.

Advertencia sobre inundaciones y estafas en el Lago Uru Uru

Las autoridades hacen hincapié en las consecuencias técnicas y legales de intentar urbanizar el lago. Se insta a no caer en engaños ni perder dinero.

La Dirección de Salud Ambiental del GAMO confirma indicios de nuevas construcciones y anuncia controles más continuos para prevenir obras civiles.

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“La actividad denominada “Campaña de Voluntariado Ecolimpieza” se ha convertido parte de nuestra cultura y tradición, debido a que es una iniciativa del Banco que venimos realizando a nivel nacional desde 2016, como signo de nuestro compromiso con el cuidado y preservación ambiental”, indicó Reynaldo De La Cruz Velásquez, Gerente de la Sucursal El Alto. “Esta vez nos toca realizar la actividad en la ciudad de El Alto, donde comenzamos por la Plaza del Dinosaurio, continuando por la calle Cusco, Zona Brasil, que se encuentra a una cuadra de la ex tranca de Río Seco”.

La campaña de Ecolimpieza tiene el objetivo de, además recoger desechos de basura que están contaminando el ambiente, se instalarán basureros y letreros para poder concientizar a las personas sobre el cuidado ambiental. Hasta el año pasado se recolectaron más de 55 toneladas de desechos a través de la campaña y en lo que queda de la presente gestión, se implementará la misma en las demás ciudades para continuar con esta labor.

Colaboradores de la Sucursal El Alto, personal del GAMEA y vecinos de los alrededores de la plaza del Dinosaurio, realizaron la limpieza profunda del área, pintado de rejillas, toboganes, colocado de letreros con mensajes medioambientales y basureros, así como la forestación de 100 plantines. La campaña de Forestación nació en la ciudad de La Paz el 2017 para contribuir al cuidado de espacios verdes de carácter público, combatir la erosión, deslizamientos y también aminorar el impacto de la Huella de Carbono del Banco.

“Nuestro Banco se constituye como una institución que contribuye a la protección del Medio Ambiente y al desarrollo sostenible, donde participan nuestros colaboradores, instituciones públicas con las que establecemos alianzas, como los Gobiernos Autónomos Municipales de cada departamento, y finalmente los habitantes de las zonas beneficiadas. Ambas actividades están enfocadas en aportar a la disminución de nuestra Huella de Carbono que se refiere a la cantidad de gases de efecto invernadero que emite el Banco como resultado del desarrollo de sus actividades diarias; igualmente, mejoraremos el espacio de entretenimiento para los niños, mejorando la imagen de la zona mejore y manteniéndola en buen estado”, puntualizó Velásquez.

En la última campaña de Ecolimpieza llevada a cabo en el municipio de Laja se recolectó 3.000 kilos de basura, en el cual se pintaron las rejas y barandas de toda la plaza principal, remozando este lugar emblemático.

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Las altas temperaturas en el oriente del país superan los 30 grados y, combinadas con los vientos típicos de la época, están creando condiciones favorables para el aumento de los focos de calor.

El reporte del Senamhi del miércoles 2 de agosto advierte que las regiones más propensas a la propagación de incendios son Pando, Beni, Santa Cruz, el Norte del departamento de La Paz, Tarija, Chuquisaca y el Trópico de Cochabamba.

Ante esta situación, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ha tomado medidas preventivas desde el 31 de julio pasado. Han paralizado temporalmente la autorización y ejecución de quemas controladas en todo el territorio nacional hasta que disminuyan los focos de calor y las condiciones atmosféricas permitan retomar la actividad.

El incumplimiento de esta norma acarreará sanciones administrativas sin descartar acciones penales contra los responsables. Es fundamental que la población esté alerta y tome precauciones para evitar que los incendios se extiendan y causen daños mayores a los ecosistemas y a la salud humana.

Las autoridades hacen un llamado a la conciencia ciudadana y a la responsabilidad colectiva para proteger el medio ambiente y garantizar un futuro sostenible.

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En un documento publicado, se destaca que estos mensajes amenazantes contienen adjetivos que señalan sin pruebas graves cargos contra Hernán Roque y las hermanas Bertha Ayala y Beatriz Bautista, además expresan un alto grado de violencia e intolerancia y no demuestran disposición a entablar diálogos necesarios para construir soluciones.

Esos hechos ocurren en el contexto de un largo conflicto por actividades mineras en la región del Ayllu Acre Antequera. Además, coinciden con la realización de un festival de música y danza autóctona llamado “Por la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas y el derecho a la identidad cultural”, organizado el 29 de julio.

Las organizaciones e instituciones involucradas sostienen que estas amenazas tienen como antecedente violentos ataques organizados por los mismos presuntos autores. El año pasado, estos dirigentes intervinieron con violencia una vigilia pacífica donde comunarios reclamaban contra la desertificación y contaminación causada por la minería.

Ante esta situación alarmante, se alerta sobre la impunidad que rodea estos hechos, lo cual hace prever una nueva edición con peores consecuencias. En ese sentido, la Contiocap y las organizaciones que se sumaron al pronunciamiento exigen a las autoridades locales, como la Gobernación de Oruro, los municipios de Poopó y la Defensoría del Pueblo de Oruro, que asuman acciones oportunas para prevenir nuevos actos de violencia.

La Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas – Contiocap, junto con otras organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y ambientales y los derechos de los pueblos indígenas, hacen un llamado urgente para otorgar efectivas garantías y protección a las personas amenazadas.

Las demandas de los comunarios del Ayllu Acre Antequera son conocidas por autoridades nacionales e internacionales competentes en la protección de derechos humanos.

El caso Acre Antequera fue presentado en informes ante espacios del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, el año pasado un equipo técnico de la Misión en Bolivia del Alto Comisionado de Derechos Humanos tuvo conocimiento del caso y documentó graves violaciones a derechos humanos donde se reconoce como víctimas a Hernán Roque y Bertha Ayala, entre otros líderes sindicales mineros.

El conflicto en Acre Antequera tiene largos y complejos antecedentes en la que aparece la responsabilidad tanto de empresas mineras transnacionales como cooperativas mineras bolivianas y entidades estatales que no actuaron adecuadamente para resolver los conflictos respetando los derechos fundamentales, según se menciona en el documento.

La situación se agrava debido a que las empresas mineras extranjeras involucradas en este conflicto iniciaron procesos penales contra Roque y Ayala.

Ante estos hechos, se alerta sobre el debilitamiento del Estado de Derecho y la falta de justicia para las comunidades y personas en contextos de intensas actividades extractivas. Es responsabilidad de todos no permitir que crezcan en impunidad las amenazas y violencia dirigidas a quienes defienden su derecho al agua y al medio ambiente.

Por ello, se hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de Derechos Humanos para instar al gobierno boliviano y a las autoridades locales a asumir con responsabilidad su papel garantizando los derechos de los defensores ambientales, dentro del marco establecido por la Constitución y los convenios internacionales, especialmente el Acuerdo de Escazú, según precisan todas las organizaciones firmantes.

Entre las organizaciones que se suman a este manifiesto se encuentran: Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat), Consejo de Justicia de la Comunidad Vilaque Huaripampa, Conamaq Orgánico, Consejo Departamental de Justicia JIOC La Paz, Comunidad Indígena Originaria Campesina Santa Ana Pucarani – La Paz, Consejo Mayor de Justicia Sub Central Cota Cota, Mancomunidad de Comunidades Indígenas Ríos Beni Tuichi y Quiquibey, Coordinadora en Defensa de la Amazonía (CODA), Consejo de Justicia Comunidad Amachuma, Provincia Aroma – La Paz, Consejo de Justicia Coque Ayllu Chimpu, Provincia Loayza – La Paz, Consejo de Justicia Comunidad CHUCARASI Potosí, Colectivo Bolivia Libre de Transgénicos, Coordinadora por el Medio Ambiente, Colectivo Somos Sur, Colectivo Alimentos en Resistencia y Nación Indígena Originaria Qhara Qhara.

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En la Sala Constitucional N° 2, se realizó la audiencia de Acción Popular encarada por el presidente de la Fundación de Pueblos de Montaña, Teodoro Blanco, quien en días precedentes presentó el recurso legal para que se asuman acciones de protección al sitio ramsar y el cerro patrimonial.

“La Sala Constitucional ha tutelado el derecho que tienen estos dos patrimonios, que deben ser protegidas por las instancias competentes, otorgándose plazos perentorios para que pueda protegerse inclusive con el apoyo del Ejército. Esperemos que tanto el GAMO como el Gador, sustentados en esta decisión puedan llevar adelante la protección”, señaló Blanco.

La audiencia empezó 09:30 horas y se dividió en dos partes, la primera en una visita a los dos lugares afectados por la contaminación y el avasallamiento. La segunda, fue por la tarde en una audiencia y lectura de sentencia que se extendió hasta la noche.

“Ha sido una Acción Popular realmente importante en relación a las áreas protegidas municipales. Esperemos que las autoridades cesen la acción de avasallamiento o invasión al área protegida. Ambas partes han sido notificadas en la audiencia”, complementó.

A la conclusión de la audiencia el secretario departamental de Medio Ambiente, Olson Paravicini aseguró que se hará el informe al gobernador de Oruro, Johnny Vedia sobre la resolución de la Acción Popular y en las siguientes horas recién se emitirá un criterio sobre el caso.

En contraparte, el director de la Salud Ambiental del GAMO, Julio Cepeda, garantizó que se cumplirá la determinación de la justicia y aseguró que ya se gestionaban acciones para estas tareas.

“Se cumplirá, porque es determinación de la Sala Constitucional Segunda. Tuvimos agenda todo el día, hicimos la inspección a los dos lugares expuestos en la Acción Popular, área de influencia del Lago Uru Uru y área protegida La Víbora, como municipio ya se tiene avances en los procesos competenciales”, destacó Cepeda.

Con base en las determinaciones, se acordó la protección de ambos sitios con carácter inmediato. Datos anteriores de la Dirección de Salud Ambiental (DSA), dieron cuenta de una inspeccion en semanas presendentes en el área de influencia del Lago Uru Uru, donde se evidenció construcciones sin derecho propietario que además, fueron edificadas en una zona peligrosa ya que en época de lluvia, se tiene el riesgo de que queden bajo el agua.

/VVC

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El secretario de la comisión, Ronmie Villca Altamirano, anunció ayer en la Gobernación de Oruro que esta iniciativa surge como respuesta a la desmedida extracción de arena del área protegida de los arenales ubicados en la zona Norte, en el Distrito 2 del municipio de Oruro.

Al igual que otros dos espacios, los Arenales del Tagarete y Arenales de Sora, cuentan con la Ley Municipal N°004 que determina que las áreas protegidas del Municipio de Oruro son aquellas zonas geográficas que por sus características se hace necesario garantizar su conservación, sus particularidades y riquezas medioambientales y culturales.

Villca considera necesario trabajar en una ley departamental para proteger estos espacios naturales. En este sentido, retomó la iniciativa presentada el año pasado desde la Comisión de Constitución, pero ahora desde el punto de vista ambiental y cultural. Para ello ha buscado asesoramiento en varias dependencias gubernamentales como el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Culturas, Ministerio de Autonomías e incluso al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

El objetivo es coordinar con cada una estas entidades y comprometerlas a participar en una reunión técnica programada para junio cuando también se hará llegar invitaciones a los gobiernos municipal y departamental.

La mayor dificultad que se le presentó al asambleísta fue darle el marco legal que beneficie a todos, porque si lo presenta como patrimonio natural, nadie tendría permitido ingresar. En cambio, si lo declaran como patrimonio cultural, los artistas y la población podrían tener acceso.

Asimismo, se debe pensar en las competencias de cada entidad involucrada para generar propuestas y soluciones para la protección inicial de los arenales de Cochiraya. Villca explicó que todos están involucrados en este proceso.

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Ayer, los vecinos pidieron el cumplimiento de la sentencia 157/2022, emitida el 22 de diciembre de 2022 en la que Sala Plena determinó la paralización de explotación de piedra y agregados en el cerro San Pedro, además instruyó el cierre del perímetro.

“Ya va a ser seis meses sin resultados como corresponde, más al contrario hemos tenido una notificación o respuesta de negativa del Vocal 2, que indica que está presumiendo que hubiera daños de parte de la Cooperativa, cuanta más prueba se necesita para cerrar el perímetro”, denunció el miembro de Control Social del Distrito 2, Mario López.

El sector vecinal aseguró que se espera acciones durante esta semana, caso contrario advirtieron con una marcha de protesta hasta que se tenga otras medidas legales para la preservación del cerro patrimonial.

“Ahora lo que hemos indicado al acalde es que estamos dando esta semana más y nos indicaron que ya mandaron una nota para que el vocal se pronuncie, caso contrario no hay respuesta positiva, tendremos que actuar. Hay mucha afectación al cerro que es un patrimonio”, complementó.

Según el concejal Iván Quispe, de la comisión de Medioambiente y Recursos Naturales, al no haberse cumplido el fallo de 2022, el proceso dicta llevar la situación a la vía penal.

LA PATRIA no pudo entablar contacto con cooperativistas de la Luminosa RL, para conocer su posición y la contraparte a la denuncia realizada por los vecinos.

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Durante los días del Carnaval de Oruro, algunos ciudadanos maltrataron las especies en diferentes sectores de la urbe. Para los infractores, las multas superaron los 2.000 bolivianos.

“Por lo menos son seis atenciones que tuvimos y sancionamos a tres. Uno de los casos pasó en la 6 de Agosto y avenida del Ejército que por instalar sus graderías con poda no autorizada, afectó un árbol y tuvo que ser sancionado con 2.600 bolivianos”, informó el responsable de la Dirección de Salud Ambiental, Julio Cepeda.

En otros casos se sancionó a un propietario quien retiró un árbol y tapó con cemento el piso donde estaban sus raíces. Una empresa pública también cometió esta infracción en el arbolado de la calle Sucre, desde la Presidente Montes hasta la Baptista.

“Lastimosamente en las dos semanas se ha visto afectado estos árboles, también en otros casos un auto arrolló a un arbolito. Tenemos imágenes y todo, pero aún se está en busca del conductor. También un micro destruyó a dos árboles, un álamo de más de 10 años y una acacia de ocho”, complementó.

Con base en el informe, las tres multas aplicadas fueron de dos árboles más de 2.600 bolivianos y otro de 3.800 en la calle Rajka Bakovic.

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La autoridad indicó que tras presentar el proyecto espera que éste pase por las instancias técnicas del Consejo de Política Económica y Social (Conapes); y la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udapes), y luego a consideración del Presidente y gabinete.

Resaltó que con la norma se ayudará en la parte reglamentaria respecto al uso del mercurio, reportó la red Erol.

Sala Constitucional

En días precedentes, una Sala Constitucional de La Paz instruyó regular el uso del mercurio, en el marco de una Acción Popular impulsada por la bancada de Comunidad Ciudadana.

La medida legal tuvo el propósito de proteger el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi de la actividad minera ilegal.

La Sala Constitucional no otorgó todo el petitorio promovido por CC; sin embargo, si determinó que autoridades regulen el uso del mercurio, el cual es considerado contaminante.

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“Estamos solicitando una Petición de Informe al gobernador de Chuquisaca Damián Condori, para conocer qué tipo de acciones se están tomando ante la muerte de seis Cóndores y otros dos que quedaron heridos. (…) Los hermanos activistas están colaborando para mantener y preservar la especie, ya que es un símbolo nacional”, manifestó la legisladora, según un reporte de prensa de la Cámara de Diputados.

De acuerdo a la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), los seis animales murieron la mañana del sábado tras devorar a un perro envenenado. Otros dos son atendidos en una veterinaria en Sucre, por esta misma situación.

En tanto, el Ministerio Público investiga el caso como biocidio.

Según la información oficial, nueve cóndores fueron afectados con el consumo de la carne del can envenenado, de los cuales seis murieron, dos fueron trasladados a la veterinaria en Sucre, mientras que uno escapó y se desconoce su estado.

Las aves que murieron fueron enterradas con honores y una banda musical, la noche del domingo.

Además de esta acción fiscalizadora, la diputada impulsa otras iniciativas para preservar la flora y fauna del Estado Plurinacional, particularmente del ave andina, en el marco de sus atribuciones como presidente de la Comisión de Región Amazónica.

Se trata de un proyecto de ley que declara Patrimonio Natural y Cultural de Bolivia al “Cóndor Andino”, considerado emblema Nacional y especie en peligro de extinción.

La propuesta de la norma que esta en consulta en el Órgano Ejecutivo, establece obligaciones para el Gobierno y las entidades territoriales, y se formulen políticas de protección del Cóndor, así como de su hábitat.

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La ambientalista y representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en Tarija, Janeth Alfaro, alertó sobre las consecuencias de la exploración de gas y petróleo.

“Tenemos información que quieren entrar a pozos que más antes han explorado cuando buscaban petróleo, pero tiene reservas de gas. Esto lamentablemente va a matar el río Tarija. Los desechos tóxicos, hidrocarburíferos, la tierra, los árboles muertos, no se puede sumar el desastre ecológico que va a existir, sobre todo para la ciudad de Bermejo”, manifestó.

La marcha se concentrará a partir de las 09:00 horas en la iglesia de San Roque y se prevé que recorra las principales calles de la ciudad Andaluz hasta llegar a la Plaza Principal.

Los comités cívicos de Padcaya y Tarija, los comunarios de las regiones afectadas, el grupo Unidos por Tariquía, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija y grupos de ambientalistas participarán en la protesta para que las autoridades se responsabilicen con la protección de la reserva natural y de las aguas del río Tarija.

“Vamos a luchar por defender el patrimonio ambiental, cultural e histórico de nuestro departamento (…). Hay cientos de niños con cáncer en Tarija que nacen y están muriendo con leucemia por esta contaminación (petrolera) en el pozo San Alberto y no hay hospitales, no hay nada. No podemos permitir que más gente muera por la ambición y codicia”, declaró Alfaro a la ANF.

El conflicto llamó la atención de los medios cuando denunciaron que algunos comunarios que están fuera de la reserva nacional se adjudicaron la autorización de hacer exploraciones petroleras en el lugar, los habitantes de El Cajón fueron los que más reclamaron por este hecho, pues viven dentro de Tariquía.

Este último grupo fue víctima de agresiones y hostigamientos constantes, además, ahora atraviesan un cerco que impide el libre tránsito para el ingreso de alimentos a la comunidad, según informó la Agencia de Noticias Fides.

En semanas precedentes se registró el ingreso de maquinaria pesada a la reserva natural con la intención, supuestamente, de desmontar y abrir caminos para la internación de maquinaria petrolera.

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La norma tiene establecido que el Órgano Ejecutivo, en coordinación con Entidades Territoriales Autónomas, priorizarán la “protección, conservación y defensa” de la especie y el hábitat de esa especie a través de políticas, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo.

El quirquincho andino o Chaetophractus Nationi es también llamado el armadillo peludo del altiplano que habita en la región andina de Bolivia, Perú y Chile.

En el país, este animal es cazado con fines tradicionales como los caparazones que se utilizan para fabricar charangos y se convierten en matracas para las fiestas folklóricas, aunque esta práctica ha entrado en desuso, al menos en el Carnaval de Oruro y los que se tienen son antiguos y están catalogados.

También es utilizado como amuleto de la suerte y para rituales del occidente del país.

Alrededor de 2.000 quirquinchos son cazados en el país cada año, lo que hizo que se lo sitúe en la lista de especies en peligro de extinción establecido en el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia.

El exgobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, promulgó el 2018 una ley que declara al quirquincho como patrimonio natural de esta región del país.

Esta declaratoria “tiene el objetivo de preservar, proteger y sobre todo evitar la extinción de nuestro quirquincho (…) porque lo peor que nos puede pasar es que en 10 a 20 años no tengamos ni un solo quirquincho ni en caparazón”, dijo Vásquez.

Agregó que, para mantener el equilibrio ecológico, es necesario proteger a todos los animales silvestres, no sólo al quirquincho que ahora es patrimonio de Oruro.

Quiero pedirles a todos los hermanos y hermanas que cuidemos a nuestros animalitos porque desde hace unos 30 años varios animalitos ya han desaparecido”, señaló.

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Con base en declaraciones de los vecinos de la zona, se conoce que la tala ocurrió durante el fin de semana, sin embargo, no se sabe quién habría propiciado la acción.

“Lamentablemente por la irracionalidad de algunas personas, se ha dado fin con la vida de este árbol que ha estado por dos años. El hecho ha ocurrido el fin de semana durante la noche, de manera indiscriminada y por ello, como vecinos del lugar pedimos que caiga todo el peso de la ley contra los autores de la tala”, denunció uno de los vecinos del lugar.

Preocupación

El grupo de vecinos que se comunicó con LA PATRIA, advirtió su preocupación ante la tala de árboles en varias zonas de la ciudad, por lo que llamaron a la conciencia de la ciudadanía.

“De manera criminal han dado fin a la vida de un arbolito que nos da vida, nos da oxígeno y esperanza más aun es un clima donde es frio y cuesta que desarrollen esta plantas. A través de esta denuncia queremos concienciar a la gente porque es importante estos árboles”, remarcó otro vecino.

Los vecinos de la zona pidieron que se investigue la tala de árboles y principalmente el de su sector, con el fin de sentar precedente y evitar más perdidas de forestación en la ciudad.

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El fuego se inició el 5 de agosto y se expandió por una amplia área montañosa entre los municipios de Lucre y Andahuaylillas, ubicados en la sureña región andina de Cusco, donde el fuego quemó pinos, eucaliptos e ichu (paja andina).

Tras seis días de trabajo, se logró sofocar totalmente el incendio, que arrasó con 2.200 hectáreas de cobertura natural y dejó entre los escombros a cadáveres de aves, gatos andinos, venados y otras especies propias de la zona.

En las labores para detener el avance de las llamas participaron más de 500 personas entre bomberos de cuatro compañías distintas, militares, brigadas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y de los municipios de la zona.

A ellos se sumaron también dos helicópteros que recogieron agua de la laguna Huacarpay, ubicada muy cerca del territorio afectado, y la rociaban sobre los focos del incendio, reportó el diario Página Siete.

Los fuertes vientos y la complicada orografía de la zona dificultaron las tareas para detener el avance del fuego, que se propagaron cerca de una quincena de caseríos de comunidades campesinas como Yurakccacca, Rayallacta, Ttiomayo, Mancco, Yutto y Piñuycucho.

Sin embargo, según la evaluación realizada por las municipales de Andahuaylillas y Lucre, el hecho no reportó daños personales, ni afectaciones al patrimonio arqueológico de la región.

Por el momento no se precisaron las causas que dieron inicio al incendio, pero se informó que el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) están realizando diligencias para determinar responsabilidades correspondientes a los autores del siniestro.

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El Viceministro detalló que desde mayo hasta la fecha se registraron 259.375 hectáreas quemadas en toda Bolivia un 45 por ciento menos que el año pasado, y en el mismo periodo de tiempo se registró más 430 mil hectáreas afectadas.

“En Roboré se tiene identificado el origen de los incendios, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) está en evaluación. Se espera controlar con los trabajos de contención para evitar que el incendio avance y afecte la reserva de Tucabaca”, indicó Calvimontes.

A su vez, manifestó que el incendio en San Matías fue controlado y se evitó que las comunidades Candelaria, Las Petas y San Antonio estén en riesgo.

Calvimontes añadió que al menos 200 personas organizadas en cinco grupos trabajan intensamente para evitar la propagación del fuego que hasta el momento ha afectado pastizales y matorrales.

En la zona trabaja personal de los tres niveles de Estado, personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), de la ABT, guardaparques, bomberos de la Gobernación y del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) apoyan con maquinaria pesada.

“Hemos logrado reducir considerablemente los focos de incendios en la zona, hemos logrado controlar el fuego que ponía en riesgo a la comunidad Candelaria”, sostuvo la autoridad en contacto con la cadena de televisión nacional Unitel.

El Viceministerio de Defensa Civil precisó que en el 2021, el 70% de los incendios pertenecen a áreas sin cobertura boscosa y el 30% a bosques y matorrales, lo que significa que el fuego no ha llegado a las áreas de reserva forestal.

Según la secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Alejandra Sandóval en los 12 días del incendio forestal en San Matías el fuego continúa arrasando el bosque bajo del Pantanal boliviano.

Asimismo, explicó que son más de 150 mil hectáreas afectadas directamente por el fuego. En Roboré, la afectación supera las 17.500 hectáreas, reportó el diario Los Tiempos.

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Asimismo, Dessard instó a todas las personas a proteger el medio ambiente y no realizar la quema en esta época del año.

“Esta noche voy a seguir los equipos de la Alcaldía y GEOS para apagar las quemas (ilegales) de San Juan en La Paz. Denuncien los fuegos al: 114”, anunció Dessard a través de su cuenta de Twitter.

El activista medioambiental dio a conocer las líneas de denuncia que habilitaron en los diferentes macrodistritos de la ciudad de La Paz.

“La multa es de 500 UFV (Bs 1.185) para quienes hagan fogatas y para los que generen incendios, hay reclusión”, advirtió el secretario de Gestión Ambiental, José Carlos Campero.

La sanción está determinada en el Reglamento de Gestión Ambiental del Municipio de La Paz (Regam), reportó el diario Página Siete.

Además, el Código Penal, en el artículo 206 dispone que, si el incendio crea un peligro común para los bienes o las personas, el autor será sancionado con cárcel de dos a seis años.

“Incurrirá en privación de libertad de dos a cuatro años el que, con objeto de quemar sus campos de labranza o pastaderos, ocasionare un incendio que se propague y produzca perjuicios en ajena propiedad”, señala una parte del código penal.

Desde las 18:00 horas de este miércoles, la Alcaldía de La Paz activó un operativo de control para evitar fogatas por San Juan e incendios forestales.

Campero anunció que, junto a un equipo de personas y el uso de drones, se detectarán a los infractores, así también, se desplegará un personal para controlar la venta de embutidos y pirotecnia.

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El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Héctor Arce, señaló este lunes que esta autoridad será la primera en el mundo que tendrá como prioridad hacer respetar el habitad de los seres vivos.

Asimismo, manifestó que la flora y la fauna, devastada en los años precedentes por los incendios y la ampliación de la frontera agrícola, es una actitud que no está en contra del desarrollo y la alimentación de los bolivianos, pero debe estar en armonía con la madre tierra.

El doctor en economía ambiental, Vladimir Gutiérrez, indicó que el Legislativo no sólo debe crear esta institución, también debe modificar otras leyes sobre la actividad económica, como por ejemplo la minería, las cooperativas que dañan los ríos y dejan contaminado este líquido elemento dañando la salud no solo de la población que bordean estos sectores, sino de los animales.

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“Desde las seis de la tarde, hasta las 22.30 de la noche del domingo estuvimos combatiendo dos focos de incendio en la zona de Lincupata que afectaron diez hectáreas en el primero y cinco hectáreas en el segundo”, declaró Terrazas a la agencia de noticias ABI.

De acuerdo con los datos preliminares, el fuego se originó presumiblemente por descuido de algunos comunarios del lugar.

“En esta época no hay barbechos, pero algunos agricultores tienen la costumbre de quemar pastizales y a veces el fuego se descontrola”, dijo Terrazas.

El jefe de Protección del Parque Tunari pronunció su preocupación por el grado de erosión que este tipo de prácticas origina en el terreno, por lo que, precisamente, Lincupata fue declarada zona Roja.

“Deberán ser las autoridades jurisdiccionales, en este caso, del municipio de Tiquipaya, pero también de Cochabamba y Sacaba, que socialicen con vecinos y comunarios los riesgos que existen de erosionar y degradar los suelos”, sostuvo Terrazas.

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“En un operativo de control enla tranca de Achica Arriba en La Paz, se detectó a una persona de sexofemenino, quien transportaba las aves de manera disimulada en varias cajas, alinterior de un bus; según dijo la detenida, las aves fueron adquiridas en laferia 16 de Julio de El Alto”, explicó el jefe de Planeamiento de Operativos dePofoma, Freddy Quinteros.

Asimismo, Quinteros señalóque, entre las aves rescatadas se encontraban dos pavos reales y avecillas deespecies comúnmente conocidas como agapornis, cacatuas, diamantes, lorosaustralianos, entre otras especies; estos pájaros se encontraban en cajas decartón en “condición de maltrato y estrés”, explicó el asesor legal del MMAyA,Rodrigo Herrera.

Herrera explicó queactualmente la mujer se encuentra en calidad de aprehendida y enfrentará unproceso por el delito de tráfico y comercio ilegal de vida silvestre, ademásexplicó que se tiene indicios de que existirían criaderos clandestinos deespecies exóticas, por lo que se pretende profundizar las investigaciones.

“Es un hecho lamentable, las especies no son nativas del país, tenemos información preliminar de que estrían siendo criadas y reproducidas ilegalmente en el país, por ello iniciaremos las acciones de defensa legal de especímenes ante el Ministerio Público, por la comisión de delitos relacionados con el tráfico ilegal de vida silvestre”, añadió. La autoridad recordó a la población que la tenencia, manejo y tráfico ilegal de vida silvestre están penadas por la Ley 1333 en el territorio boliviano, con hasta seis años de privación de libertad, también añadió que las aves rescatadas serán trasladadas a refugios y albergues, para que tengan una atención adecuada.

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