Justicia protege bosques nativos del Chaco

La Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución que permitía la reanudación de desmontes Chaco en bosques nativos. La Sala IV, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, ordenó un nuevo fallo en una causa que investiga irregularidades y presunta corrupción ambiental en la autorización de permisos de tala.

Decisión judicial y fundamentos

El tribunal aceptó los recursos de la fiscalía y de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, quienes cuestionaron el levantamiento parcial de una medida cautelar dictada en agosto de 2024. En este contexto, Borinsky señaló que el fallo anterior no fundamentó adecuadamente por qué la sanción de una nueva ley provincial implicaba un cambio real en el riesgo ambiental.

Principio precautorio y medidas preventivas

Además, recordó el principio precautorio, indicando que no se requiere certeza científica absoluta para prevenir daños graves o irreversibles. Citó el precedente “Mamani” de la Corte Suprema como referencia. Asimismo, se advirtió que durante la vigencia de la cautelar ya se habían detectado desmontes ilegales, lo que demuestra la necesidad de mantener medidas preventivas.

Intervención del fuero penal

Borinsky defendió la intervención del fuero penal al aclarar que dictar medidas preventivas no constituye una intromisión en competencias provinciales. Por el contrario, es un ejercicio del rol judicial para garantizar derechos constitucionales como la protección ambiental (artículo 41 de la Constitución Nacional).

Argumentos a favor de la cautelar

El juez Gustavo Hornos sostuvo que debía mantenerse directamente la cautelar. Argumentó que aún no existe un peritaje que determine la magnitud del daño ocasionado. Levantar la medida implicaría consolidar un riesgo ambiental irreparable. Además, advirtió que los organismos provinciales encargados del control son algunos de los investigados en esta causa.

Investigación sobre corrupción ambiental

La investigación apunta a un posible fenómeno de corrupción en la administración de autorizaciones para desmontes. La fiscalía consideró “ilógico” delegar el control en la Dirección de Bosques y el Poder Ejecutivo provincial cuando sus funcionarios están bajo investigación como presuntos partícipes de una asociación ilícita.

Derecho a un ambiente sano

Este fallo reafirma que el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado afecta tanto a las generaciones actuales como a las futuras. La decisión de Casación marca un precedente importante en defensa de los bosques chaqueños, considerados ecosistemas críticos para la biodiversidad y regulación climática.

Impacto del fallo en los desmontes del Chaco

La resolución no solo frena la tala en Chaco, sino que también fortalece la aplicación del principio precautorio y responsabilidad penal en causas ambientales. Se trata de un paso significativo hacia una protección efectiva frente a desmontes ilegales y prácticas corruptas.

Conclusiones sobre la protección ambiental

Más hechos relevantes indican que la justicia ha frenado los desmontes del Chaco y ha sentado un precedente fundamental al priorizar la protección del ambiente y los derechos humanos.

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América Latina enfrenta una de sus más profundas contradicciones: es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el medio ambiente, pero también es el lugar de nacimiento del primer tratado internacional que busca protegerlos: el Acuerdo de Escazú. A las puertas de la Conferencia de las Partes (COP-30), que se celebrará en la Amazonía brasileña, se abre una oportunidad única para que los gobiernos de la región pasen de las promesas a la acción.

¿Será este el momento en que Escazú se haga realidad?

En 2023, al menos 196 activistas fueron asesinados en el mundo por defender la tierra y un ambiente sano. Según datos de la ONG Global Witness, el 85% de estos crímenes ocurrió en América Latina: Colombia encabezó la lista con 79 muertes, seguida por Brasil (25), Honduras y México (18). Sin embargo, de acuerdo con la organización, el número real de víctimas probablemente sea aún mayor, puesto que la mayor parte de casos no se denuncian y muchos permanecen impunes.

Los asesinatos no ocurren de forma aislada: van acompañados de amenazas, persecuciones judiciales, estigmatización y violencia sexual, especialmente contra las mujeres defensoras. Aun así, muchas de las que están en la línea de frente en la defensa de los territorios se han transformado en símbolos internacionales: Berta Cáceres, Francia Márquez, Nemonte Nenquimo, Máxima Acuña son sólo algunos ejemplos de defensoras de la tierra que han sido galardonadas internacionalmente y encarnan la resistencia frente a la destrucción ambiental.

La sede de la COP-30 como epicentro de la violencia

Brasil es un caso paradigmático. En el estado de Pará, donde se celebrará la COP-30 en 2025, la violencia contra defensores ambientales alcanza niveles alarmantes. Entre 1985 y 2023, al menos 612 personas fueron asesinadas en conflictos por la tierra en el estado, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

Un informe reciente de las organizaciones Justiça Global y Terra de Direitos documentó 486 víctimas en 318 episodios de violencia, especialmente contra líderes indígenas, quilombolas y campesinos. En solo dos años, se registraron 55 muertes y 96 intentos de asesinato. Aunque las causas de los conflictos que motivan estas muertes son heterogéneas, en más de 8 de cada 10 casos involucran la defensa de territorios y el medio ambiente.

Detrás de estos conflictos se encuentran dinámicas estructurales: concentración de tierras, demoras en la demarcación de territorios indígenas y avance de actividades extractivas como la minería y los monocultivos. Todo esto alimenta un modelo de desarrollo que amenaza tanto la vida de las comunidades como la del planeta.

COP-30: el momento de actuar

En palabras de la ministra brasileña de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, la COP-30 debe ser “la COP de la implementación”. Durante el Congreso de Universidades Iberoamericanas sobre los 10 años de la encíclica Laudato Si’, celebrado en abril de 2025 en Río de Janeiro, fue enfática: “Tiene que ser justo para todas y todos, especialmente para los más vulnerables. Ya discutimos presupuestos, ya hicimos todo lo posible por postergar. Ahora, no hay nada más que hacer. Es implementar, implementar, implementar”. Una de esas implementaciones urgentes es el Acuerdo de Escazú, firmado por Brasil en 2018 pero aún pendiente de ratificación. Su puesta en práctica podría marcar un antes y un después en la protección de quienes cuidan la tierra.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y también el único instrumento internacional derivado directamente de la Conferencia Río+20. Firmado en 2018 y en vigor desde 2021, ha sido ratificado por 17 países y busca garantizar tres pilares fundamentales: acceso a la información ambiental, participación pública en decisiones ambientales, y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Pero su carácter más revolucionario radica en que es el primer tratado del mundo que protege explícitamente a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Su artículo 9 establece que: “Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

La ratificación de Escazú por parte de Brasil tendría un valor simbólico y práctico inmenso. Como uno de los países con más violencia contra activistas y sede de la próxima COP30, Brasil está llamado a liderar con el ejemplo.

Además, la falta de implementación de este tipo de marcos jurídicos no se debe solo a la lentitud estatal. Global Witness recuerda que las empresas también deben rendir cuentas. Como ejemplo: el fondo soberano de Noruega recomendó recientemente excluir de sus inversiones a la empresa Prosegur, cuya filial en Brasil (Segurpro) ha sido vinculada a actos de violencia contra pueblos indígenas en Pará.

Escazú puede ayudar a revertir esta impunidad, promover la transparencia y fomentar una democracia ambiental que no deje a nadie atrás, en sintonía con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Debemos tener en cuenta que la COP-30 no será una más: será la primera celebrada en la Amazonía. Esto implica un simbolismo político y ecológico sin precedentes. La región amazónica no solo es un regulador climático global, sino también el hogar de cientos de pueblos indígenas, guardianes milenarios del equilibrio ecológico.

Esta COP puede y debe marcar un cambio de paradigma. No basta con nuevos compromisos de reducción de emisiones. Es necesario transformar las formas de gobernanza climática, incluyendo las voces de quienes históricamente han sido excluidos: comunidades locales, mujeres defensoras, pueblos indígenas, población quilombola o palenquera y juventudes rurales, entre otros.

La democracia ambiental que propone Escazú no es una utopía. Es una necesidad urgente. En una región donde la defensa del medio ambiente puede costar la vida, proteger a quienes protegen se convierte en un acto de justicia histórica.

La COP-30 en Belém do Pará representa una oportunidad irrepetible para que los gobiernos de la región demuestren su compromiso con la vida, la justicia y el planeta. Ratificar el Acuerdo de Escazú, dotarlo de presupuesto, garantizar su implementación efectiva y construir mecanismos de monitoreo ciudadano son pasos fundamentales. Y es que Escazú no es solo un tratado, es una puerta abierta a una nueva era de protección ambiental con justicia social, donde vivir en armonía con la naturaleza no sea un privilegio, sino un derecho para todos y todas. En la Amazonía, donde todo comienza, también puede empezar un nuevo pacto por la vida.

María Villarreal es cientista política. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ). Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.

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Según información compartida por la Defensoría del Pueblo, las entidades señaladas incluyen al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha.

Estas autoridades fueron señaladas por no implementar medidas efectivas de supervisión y control ambiental, lo que podría afectar tanto la salud de las comunidades como la integridad de los ecosistemas locales.

Fallo del Tribunal

El fallo obliga al Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con el Viceministerio de Recursos Hídricos, los gobiernos departamental y municipal de Viacha y el Ministerio de Salud y Deportes, a realizar estudios sobre la calidad del agua y el estado ambiental de las comunidades Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo.

Por su parte, el Ministerio de Minería y Metalurgia deberá asegurar que todas las empresas mineras operen con las licencias legales correspondientes, incluyendo las ambientales y de funcionamiento, evitando actividades irregulares que pongan en riesgo la seguridad ambiental.

Acciones inmediatas requeridas

La resolución también establece que las autoridades deben tomar acciones inmediatas para proteger los derechos colectivos relacionados con el agua, la madre tierra, el medio ambiente y la salud pública. Además, deberán entregar al Defensor del Pueblo toda la información sobre fiscalización y control ambiental que se requiera, garantizando así transparencia y una adecuada rendición de cuentas.

Declaraciones del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó la medida como un avance clave para la justicia ambiental y destacó la necesidad de que las instituciones actúen de manera coordinada y responsable.

“Esta decisión asegura la protección de los ecosistemas y de las comunidades, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú y de la Ley de Medio Ambiente (Ley 1333)”, indicó Callisaya.

Trabajo de la Defensoría

Desde 2024, la Defensoría del Pueblo ha trabajado en el Comité Interinstitucional para la Protección de los Recursos Hídricos de Viacha. En este marco, ha coordinado inspecciones a las empresas mineras y ha elaborado planes de acción a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de asegurar que las autoridades cumplan de manera efectiva sus responsabilidades de supervisión y control ambiental.

Finalmente, la Defensoría recordó que Bolivia, al ratificar el Acuerdo de Escazú mediante la Ley 1181, tiene la obligación de garantizar acceso a la información ambiental, participación ciudadana y justicia ambiental, protegiendo a quienes defienden el medio ambiente.

En este contexto, la institución reafirma su compromiso de cuidar el agua como bien común y derecho humano, velando por que las actividades productivas no vulneren los derechos fundamentales ni el equilibrio de la Madre Tierra.

LDVY

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Este informe fue elaborado por la Procuraduría General del Estado, con el apoyo de la cooperación internacional y en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras entidades gubernamentales.

La auditoría concluyó que la mayoría de los incendios tienen su origen en prácticas de chaqueo mal controladas, llevadas a cabo por sectores agroindustriales, ganaderos y comunidades interculturales.

Declaraciones del ministro

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, informó que “se realizó un análisis forense forestal que ha encaminado la cooperación internacional. El 90% de nuestros incendios forestales fueron provocados. Si bien es cierto que el cambio climático genera (…), solo representa un 10%, que es menor”.

Además, según la Procuraduría del Estado, actualmente hay 174 procesos abiertos contra personas identificadas como responsables de incendios, pero la mayoría de los casos no han avanzado.

Ruiz enfatizó: “Lamentablemente, de esos 174 procesos, en más de 150 no se ha tenido ningún avance. Esto muestra que, además de prevención, necesitamos que el sistema judicial actúe con eficacia”.

Preocupación por la deforestación

La falta de resultados judiciales es alarmante, especialmente en un contexto donde Bolivia ha alcanzado cifras récord de pérdida de bosques. En 2024, el país perdió 1.8 millones de hectáreas de bosque, de las cuales 1.5 millones correspondieron a bosque primario.

Esta cifra triplicó la registrada en 2023 y posicionó a Bolivia como el segundo país más afectado por la deforestación a nivel mundial, solo detrás de Brasil, según datos del Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch.

Cambio climático y su impacto

Ruiz destacó que, aunque el cambio climático influye en el aumento de temperaturas y en la disponibilidad de material combustible, solo representa el 10% de las causas que originan los incendios.

El informe también advirtió sobre incendios que han ingresado al país desde zonas fronterizas con Brasil y Paraguay, lo que requiere una respuesta regional coordinada.

Plan del Gobierno

Ante esta situación, el Gobierno ha impulsado el plan “Lucho contra los Incendios”, que articula acciones con gobernaciones, municipios, universidades, organizaciones no gubernamentales y plataformas ambientales.

Además, Bolivia cuenta con el respaldo del Grupo de Expertos en Fuegos Forestales de Latinoamérica y el Caribe (GEFF–LAC), que ha participado en reuniones técnicas en Santa Cruz para fortalecer la estrategia nacional de prevención y control de incendios.

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El Papa señaló que “en diversas partes del mundo es ya evidente que nuestra tierra se está deteriorando”. Además, destacó que “en todas partes, la injusticia, la violación del derecho internacional y de los derechos de los pueblos, las desigualdades y la codicia que de ellas se derivan producen deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad”.

Impacto en los más pobres

El Papa también afirmó que “aún no se tiene conciencia de que destruir la naturaleza no perjudica a todos del mismo modo”. Explicó que “pisotear la justicia y la paz significa afectar sobre todo a los más pobres, a los marginados, a los excluidos”. En este contexto, subrayó el sufrimiento de las comunidades indígenas como un ejemplo emblemático de esta problemática.

La naturaleza como instrumento

El Papa condenó que la naturaleza se haya convertido “a veces en un instrumento de intercambio, en un bien que se negocia para obtener ventajas económicas o políticas”. Aclaró que “la Creación se transforma en un campo de batalla por el control de los recursos vitales”, lo que incluye zonas agrícolas y bosques que son peligrosos debido a minas y conflictos por fuentes de agua.

Consecuencias del pecado

Aseguró que todas estas heridas al medioambiente “son consecuencia del pecado”. Según el Papa, “sin duda, esto no es lo que Dios tenía en mente cuando confió la Tierra al hombre creado a su imagen”. Reiteró que “la justicia ambiental ya no puede considerarse un concepto abstracto o un objetivo lejano”.

Una necesidad urgente

El Papa enfatizó que “representa una necesidad urgente que va más allá de la simple protección del medio ambiente”. En realidad, se trata de “una cuestión de justicia social, económica y antropológica”. Para los católicos, subrayó, “es además una exigencia teológica”.

En un mundo donde “los más frágiles son los primeros en sufrir los efectos devastadores del cambio climático, la deforestación y la contaminación”, el cuidado de la creación se convierte en una cuestión de fe y humanidad. El Papa concluyó afirmando que “es hora de pasar de las palabras a los hechos”.

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Falta de jueces especializados

“Contamos con medidas cautelares emitidas por el Tribunal Agroambiental, pero aún hay muchas tareas pendientes en la protección del medioambiente. Necesitamos jueces capacitados que puedan evaluar adecuadamente estos casos, ya que algunos terminan liberando a individuos implicados en delitos como el tráfico de fauna silvestre”, comentó Chispas.

Avances en la lucha ambiental

Chispas también destacó los progresos realizados con la creación de fiscalías especializadas en delitos ambientales y el fortalecimiento gradual de la unidad de Pofoma, gracias al apoyo de la Policía Rural y Fronteriza. Sin embargo, reconoció que la cobertura sigue siendo limitada debido a la vasta extensión del territorio nacional.

“Contamos con el respaldo de toda la Policía Boliviana, pero no tenemos suficiente personal en todo el país”, añadió.

Casos recientes de tráfico ilegal

Uno de los incidentes recientes que motivó este pronunciamiento fue la liberación de cuatro extranjeros involucrados en el tráfico ilegal de peces ornamentales en Beni. Esto ocurrió a pesar de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Chispas expresó su esperanza de obtener un resultado favorable en la apelación que ha sido interpuesta por la Fiscalía.

Necesidad de apoyo judicial

El director de Pofoma reiteró la importancia de que el sistema judicial apoye los esfuerzos institucionales en la lucha contra el tráfico de vida silvestre y el maltrato animal. Sin un respaldo adecuado, las acciones emprendidas para proteger el medio ambiente pueden verse comprometidas.

/KMMN

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Como parte de esta iniciativa, se implementará un programa de formación dirigido a investigadores forenses forestales, bomberos, policías y fiscales. Este programa tiene como objetivo consolidar una capacidad técnica avanzada que no solo se centre en identificar las causas de los incendios, sino que también busque fortalecer las capacidades de respuesta, prevención y judicialización de delitos ambientales.

Reuniones y actividades de campo

Juan Carlos Alurralde, Secretario General de la Vicepresidencia, destacó que la delegación francesa llevó a cabo reuniones y actividades de campo que permitieron comprender la magnitud y complejidad de la crisis forestal que Bolivia experimentó en 2024. “La misión francesa llegó con el objetivo de recabar información clave, mediante el análisis de imágenes satelitales, revisión de documentación técnica, entrevistas con comunidades locales y autoridades”, explicó Alurralde.

Además, subrayó que el fortalecimiento de las capacidades institucionales es un pilar central. “No basta con conocer las causas; debemos preparar a nuestros investigadores, bomberos, policías y fiscales para que puedan aplicar metodologías científicas y forenses en la investigación de delitos ambientales”, agregó.

Protocolo nacional estandarizado

Con el fin de establecer un protocolo nacional estandarizado para la investigación de incendios forestales, se diseñará un programa de capacitación con el apoyo técnico de la Agencia de Cooperación Técnica Internacional Expertise France. Este programa incluirá módulos teórico-prácticos sobre técnicas avanzadas de investigación forense forestal; recolección y preservación de evidencias; uso de imágenes satelitales; aplicación del derecho ambiental, entre otros aspectos.

Metodología específica

Entre febrero y abril de 2025, se trabajará en la elaboración de una metodología específica para analizar los incendios ocurridos entre julio y octubre de 2024 en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Pando y Beni. Este proceso integrará datos técnicos y testimonios locales para determinar las causas subyacentes e identificar posibles acciones ilícitas.

“El desafío es inmenso, pero también es una oportunidad para consolidar una capacidad institucional robusta”, expresó Alurralde. La cooperación con Francia se plantea como el inicio de una alianza estratégica a largo plazo para proteger el patrimonio natural.

Misión francesa y su experiencia

La misión francesa ha estado encabezada por profesionales con experiencia en investigación forense: Laurent Roya, Hervé Pichelin y Yakmila Aparicio. Durante su estadía, sostuvieron encuentros estratégicos con representantes del Ministerio Público, Policía Nacional y otras instituciones relevantes como la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Tribunal Agroambiental.

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Compromiso del ministro de Minería

Felipe Guzmán, representante de los regantes de la región y dirigente nacional de los campesinos bolivianos, ha señalado que han estado buscando una solución para tratar las aguas ácidas del río Macha Pocoata desde hace cuatro años. Sin embargo, problemas financieros y políticos han impedido que se concluya esta iniciativa. Recientemente, el ministro de Minería, Alejandro Santos, se comprometió a construir una planta de tratamiento de aguas ácidas para sanar al río, una obra crucial para la comunidad.

Promesas respaldadas por documentos

Documentos firmados por Comibol, la gobernación de Potosí y los ministerios correspondientes respaldan la promesa de instalar la planta de tratamiento de aguas ácidas en la región. A pesar de una ley departamental que prioriza el tratamiento de aguas ácidas en distritos mineros, Felipe Guzmán denuncia que no se ha cumplido con esta normativa en beneficio del río Macha Pocoata.

Impacto en la producción agrícola local

La planta de tratamiento de aguas ácidas en Colquechaca, financiada por la alcaldía local y la cooperativa minera Colquechaca, tiene como objetivo sanar al río afectado por niveles peligrosos de acidez que lo hacen inapto para el consumo humano y el riego, impactando negativamente en la producción agrícola local. La disminución en la producción de habas, cebollas, zapallos y papas en Macha y Pocoata es evidencia directa del deterioro ambiental causado por las aguas ácidas.

Exigencia de una solución

Los habitantes de Macha y Pocoata han exigido una solución a este problema crítico que afecta su sustento diario. Han estado movilizándose activamente para hacer escuchar su voz y presionar por acciones concretas que permitan sanar al río y garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable para sus comunidades.

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El director de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Víctor Hugo Añez sostuvo este viernes el buen accionar de la justicia contra los civiles, quienes fueron sorprendidos “infraganti”, pero lamentó que en otros casos, los jueces dejen libres a quienes cometieron delitos de este tipo.

A la fecha, según reportó la red Erbol, se suman ya seis casos de incendios forestales en el municipio de Cabezas, considerando que si bien este hecho se produjo con fines agrícolas, los demás resultaron intencionales.

Al respecto la Presidente Áñez se pronunció: “Todavía la cantidad de agua no ha permitido ni permite declarar que se han extinguido todos los incendios que están ocurriendo en el país, sé que hay algunos sectores que todavía en la irracionalidad pretenden de que esto se levante, pero no es el momento”, afirmó, según la red Erbol.

El Director de la ABT indicó que dos recibieron condena de tres años de cárcel y uno de dos años, por delito de incendio por chaqueo.

/ JDLF /

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