El 1 de junio se llevarán a cabo elecciones “inéditas” en México: se elegirán a los miembros de los poderes judiciales y cada persona que decida votar recibirá al menos 6 boletas, y dependiendo del estado y los cargos en disputa podría recibir hasta 12 boletas, y emitir al menos 31 votos. Solo para ejemplificar, para elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), cada elector deberá elegir 9 personas de entre 64 candidaturas en una sola boleta. Podrán votar más de 99 millones de personas. Con estos datos, solo tomando en cuenta el caso de la SCJN, existen, hipotéticamente, más de 27 mil millones de combinaciones posibles de resultados. Por su origen irracional, por su implementación sin diagnóstico y apresurada, y otras agravantes, estas elecciones pueden suponer el fin de la democracia en México o al menos su mayor y profundo debilitamiento que será difícil recomponer en el corto plazo. Pese a todo, no existe un rechazo popular hacia estas elecciones, e incluso no se perciben como algo preocupante. ¿Cuáles serán los efectos sobre la impartición de justicia? ¿Cómo afectará el equilibrio de poderes?, sobre todo, ¿En qué medida dañará o no a la democracia?

La creación de la confianza en las elecciones en América Latina fue un proceso muy complicado y complejo. Los procesos de transición a la democracia de finales del siglo XX en un principio se propusieron alejar a las élites autoritarias del poder, en muchos casos los militares, como en Argentina, Brasil y Chile; en otros, a partidos, como en México. Pero logrado el objetivo, inmediatamente se requirió sentar las bases políticas y legales para que los nuevos gobiernos democráticos se legitimaran.

Evidentemente las elecciones legitiman a los gobiernos, pero detrás están los procedimientos técnicos sin los cuáles ninguna elección puede considerarse democrática. Por ello en muchas de las nuevas democracias se crearon organismos electorales con amplias facultades formales, dotados de autonomía política e independencia técnica, para proteger la gestión de las elecciones. Como señaló Ortega y Gasset en 1933, del procedimiento electoral, ese “mísero detalle técnico, depende la salud de las democracias”. Así nacieron el Tribunal Electoral en Brasil en 1988, el CNE en Bolivia, el IFE en México en 1989, el TSJE en Paraguay en 1992, y demás organismos electorales en la región. En otros se reformaron los ya existentes, dotándolos de nuevas facultades, pero sobre todo de independencia para que su desempeño técnico fuera imparcial.

A más de 40 años de las transiciones a la democracia de la región, los órganos electorales han funcionado “bien” en la mayoría de los países, pero en otros, han sido cooptados y sometidos a reformas para distorsionar sus objetivos, como sucedió con el CNE en Venezuela, y el ahora Órgano Electoral Plurinacional en Bolivia. En este último caso, además de organizar las elecciones ordinarias de los ejecutivos y los legislativos, bajo el régimen de Evo Morales, se le encomendaron referendos, revocaciones, y finalmente, como en México, las elecciones judiciales a partir de 2011.

El caso de Bolivia ha demostrado que someter a elecciones a las personas encargadas de impartir justicia implica, dañar la integridad de las elecciones y distorsionar el diseño de las democracias. Si bien es cierto que hasta hace algunas décadas se elegían jueces y magistrados en varias partes del mundo, se hacía para diferenciarse de aquellas designaciones que otrora hacían los monarcas y sus ministros. Pero cuando estas funciones se hicieron más complejas y técnicas, y las democracias se afirmaron, se sustituyó por un sistema de carrera judicial, salvo excepciones muy controladas, para proteger su función de indebidas intromisiones políticas.

En México, la confianza en los procesos electorales siempre fue y ha sido un tema sensible, al menos lo fue durante las últimas dos décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI. Ante una sociedad profundamente desconfiada de las elecciones, la “solución” fue un sistema de gestión electoral diferenciado en sus funciones y alcance territorial. De esta manera se crearon dos organismos federales, un Tribunal de justicia electoral, el (ahora) TEPJF; y otro de gestión electoral, el (ahora) INE. Paralelamente se consolidó un sistema subnacional, con 32 órganos electorales locales igualmente diferenciados, unos de justicia y otros de gestión. Este sistema reflejaba también el federalismo mexicano, y así se llevaron a cabo las elecciones más importantes de la transición a la democracia: las de 1997 y 2000. Pero también se fueron adecuando ante los retos que generaron subsecuentes procesos electorales, y funcionó así hasta la elección presidencial de 2012.

Con las reformas de 2013 y 2014, se creó un sistema híbrido que duplicó funciones y gastos, y en general complejizó la gestión y la justicia electoral. Aunque con el pasar del tiempo se fue adaptando, acabó en lo sustancial con el federalismo electoral. Hoy la gestión y la justicia electoral están esencialmente centralizadas, por las funciones y competencias que se le adjudicaron a las instituciones nacionales, dejando a las instituciones locales como meros ejecutores de las instrucciones de los órganos nacionales.

Con ese diseño se llevó a cabo la inédita “consulta popular” para enjuiciar a ex-presidentes en 2021, donde participó solo el 7.11% de la ciudadanía. También el proceso de revocación del mandato de 2022, que en realidad fue un plebiscito para medir la popularidad del presidente y calcular la capacidad de movilización del partido Morena, donde solo participaron el 17.77% de la ciudadanía con derecho a votar.

Las elecciones judiciales también serán “inéditas”, y muy probablemente la participación electoral será muy reducida. Pero el problema es que la confianza en las elecciones ya está comprometida. La integridad de la gestión electoral se está desvaneciendo por el cuestionable desempeño, tanto del Tribunal (TEPJF) como del Consejo del INE, que ya no sancionan las intromisiones ilegales del partido en el poder en estas elecciones. 

Los organismos electorales en México están cooptados, sometidos y sobrecargados de nuevas tareas, con la encomienda de organizar procesos electorales que de facto dañan la democracia. Formalmente no pueden negarse a hacerlo a pesar de que algunos de sus miembros, no todos, sean conscientes que con tales actividades están contribuyendo a fortalecer a un partido en el poder y a erosionar la democracia.

Su papel es como el de aquel robot, parte central de la instalación denominada Can’t Help Myself que en 2016 los artistas Sun Yuan y Pen Yu llevaron al Guggenheim de Nueva York. Era brazo robótico cuya única función era recoger de manera continua un aceite que le salía de la base, de otra manera dejaría de funcionar. Con el pasar del tiempo empezó a operar lento, su tarea, siempre mecánica, se fue haciendo cada vez más monótona, rígida y solo trataba de “sobrevivir”.

Hoy los órganos electorales en México, que hace algunos años fomentaron la confianza en las elecciones, funcionan así. Por supuesto que siguen cumpliendo con sus tareas, pero su integridad está dañada, solo falta ver hasta qué punto.

Fernando Barrientos del Monte es cientista político y profesor titular de la Universidad de Guanajuato (México). Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia (Italia). Sus áreas de interés son política y elecciones de América Latina y teoría política moderna.

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El 1 de junio se llevarán a cabo elecciones “inéditas” en México: se elegirán a los miembros de los poderes judiciales y cada persona que decida votar recibirá al menos 6 boletas, y dependiendo del estado y los cargos en disputa podría recibir hasta 12 boletas, y emitir al menos 31 votos. Solo para ejemplificar, para elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), cada elector deberá elegir 9 personas de entre 64 candidaturas en una sola boleta. Podrán votar más de 99 millones de personas. Con estos datos, solo tomando en cuenta el caso de la SCJN, existen, hipotéticamente, más de 27 mil millones de combinaciones posibles de resultados. Por su origen irracional, por su implementación sin diagnóstico y apresurada, y otras agravantes, estas elecciones pueden suponer el fin de la democracia en México o al menos su mayor y profundo debilitamiento que será difícil recomponer en el corto plazo. Pese a todo, no existe un rechazo popular hacia estas elecciones, e incluso no se perciben como algo preocupante. ¿Cuáles serán los efectos sobre la impartición de justicia? ¿Cómo afectará el equilibrio de poderes?, sobre todo, ¿En qué medida dañará o no a la democracia?

La creación de la confianza en las elecciones en América Latina fue un proceso muy complicado y complejo. Los procesos de transición a la democracia de finales del siglo XX en un principio se propusieron alejar a las élites autoritarias del poder, en muchos casos los militares, como en Argentina, Brasil y Chile; en otros, a partidos, como en México. Pero logrado el objetivo, inmediatamente se requirió sentar las bases políticas y legales para que los nuevos gobiernos democráticos se legitimaran.

Evidentemente las elecciones legitiman a los gobiernos, pero detrás están los procedimientos técnicos sin los cuáles ninguna elección puede considerarse democrática. Por ello en muchas de las nuevas democracias se crearon organismos electorales con amplias facultades formales, dotados de autonomía política e independencia técnica, para proteger la gestión de las elecciones. Como señaló Ortega y Gasset en 1933, del procedimiento electoral, ese “mísero detalle técnico, depende la salud de las democracias”. Así nacieron el Tribunal Electoral en Brasil en 1988, el CNE en Bolivia, el IFE en México en 1989, el TSJE en Paraguay en 1992, y demás organismos electorales en la región. En otros se reformaron los ya existentes, dotándolos de nuevas facultades, pero sobre todo de independencia para que su desempeño técnico fuera imparcial.

A más de 40 años de las transiciones a la democracia de la región, los órganos electorales han funcionado “bien” en la mayoría de los países, pero en otros, han sido cooptados y sometidos a reformas para distorsionar sus objetivos, como sucedió con el CNE en Venezuela, y el ahora Órgano Electoral Plurinacional en Bolivia. En este último caso, además de organizar las elecciones ordinarias de los ejecutivos y los legislativos, bajo el régimen de Evo Morales, se le encomendaron referendos, revocaciones, y finalmente, como en México, las elecciones judiciales a partir de 2011.

El caso de Bolivia ha demostrado que someter a elecciones a las personas encargadas de impartir justicia implica, dañar la integridad de las elecciones y distorsionar el diseño de las democracias. Si bien es cierto que hasta hace algunas décadas se elegían jueces y magistrados en varias partes del mundo, se hacía para diferenciarse de aquellas designaciones que otrora hacían los monarcas y sus ministros. Pero cuando estas funciones se hicieron más complejas y técnicas, y las democracias se afirmaron, se sustituyó por un sistema de carrera judicial, salvo excepciones muy controladas, para proteger su función de indebidas intromisiones políticas.

En México, la confianza en los procesos electorales siempre fue y ha sido un tema sensible, al menos lo fue durante las últimas dos décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI. Ante una sociedad profundamente desconfiada de las elecciones, la “solución” fue un sistema de gestión electoral diferenciado en sus funciones y alcance territorial. De esta manera se crearon dos organismos federales, un Tribunal de justicia electoral, el (ahora) TEPJF; y otro de gestión electoral, el (ahora) INE. Paralelamente se consolidó un sistema subnacional, con 32 órganos electorales locales igualmente diferenciados, unos de justicia y otros de gestión. Este sistema reflejaba también el federalismo mexicano, y así se llevaron a cabo las elecciones más importantes de la transición a la democracia: las de 1997 y 2000. Pero también se fueron adecuando ante los retos que generaron subsecuentes procesos electorales, y funcionó así hasta la elección presidencial de 2012.

Con las reformas de 2013 y 2014, se creó un sistema híbrido que duplicó funciones y gastos, y en general complejizó la gestión y la justicia electoral. Aunque con el pasar del tiempo se fue adaptando, acabó en lo sustancial con el federalismo electoral. Hoy la gestión y la justicia electoral están esencialmente centralizadas, por las funciones y competencias que se le adjudicaron a las instituciones nacionales, dejando a las instituciones locales como meros ejecutores de las instrucciones de los órganos nacionales.

Con ese diseño se llevó a cabo la inédita “consulta popular” para enjuiciar a ex-presidentes en 2021, donde participó solo el 7.11% de la ciudadanía. También el proceso de revocación del mandato de 2022, que en realidad fue un plebiscito para medir la popularidad del presidente y calcular la capacidad de movilización del partido Morena, donde solo participaron el 17.77% de la ciudadanía con derecho a votar.

Las elecciones judiciales también serán “inéditas”, y muy probablemente la participación electoral será muy reducida. Pero el problema es que la confianza en las elecciones ya está comprometida. La integridad de la gestión electoral se está desvaneciendo por el cuestionable desempeño, tanto del Tribunal (TEPJF) como del Consejo del INE, que ya no sancionan las intromisiones ilegales del partido en el poder en estas elecciones. 

Los organismos electorales en México están cooptados, sometidos y sobrecargados de nuevas tareas, con la encomienda de organizar procesos electorales que de facto dañan la democracia. Formalmente no pueden negarse a hacerlo a pesar de que algunos de sus miembros, no todos, sean conscientes que con tales actividades están contribuyendo a fortalecer a un partido en el poder y a erosionar la democracia.

Su papel es como el de aquel robot, parte central de la instalación denominada Can’t Help Myself que en 2016 los artistas Sun Yuan y Pen Yu llevaron al Guggenheim de Nueva York. Era brazo robótico cuya única función era recoger de manera continua un aceite que le salía de la base, de otra manera dejaría de funcionar. Con el pasar del tiempo empezó a operar lento, su tarea, siempre mecánica, se fue haciendo cada vez más monótona, rígida y solo trataba de “sobrevivir”.

Hoy los órganos electorales en México, que hace algunos años fomentaron la confianza en las elecciones, funcionan así. Por supuesto que siguen cumpliendo con sus tareas, pero su integridad está dañada, solo falta ver hasta qué punto.

Fernando Barrientos del Monte es cientista político y profesor titular de la Universidad de Guanajuato (México). Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia (Italia). Sus áreas de interés son política y elecciones de América Latina y teoría política moderna.

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Exploremos el siguiente argumento: la maquinaria morenista ganó la presidencia de la República en mucho gracias a una elección en la que no se escatimaron los recursos para obtener un triunfo que no dejara asomo de dudas. Lograron un triunfo legislativo por debajo de lo que marca la ley, pero la coacción de consejeros y magistrados electorales lo convirtieron en una mayoría calificada que ha permitido a Morena y sus aliados hacer reformas constitucionales y reglamentarias que posibilitarán un cambio de régimen que habrá de permitir, si otra cosa no sucede, conservar el poder ad infinitum. Además, esa mayoría legislativa ha echado a un lado a la oposición, pese a que obtuvo el 44 % de la votación emitida y está subrepresentada en el Congreso de la Unión; lo mismo sucede en los estados y municipios, donde la oposición en la mayoría de ellos tiene un carácter testimonial que nos regresa de facto a la etapa lejana del partido hegemónico sin oposición del PRI (Sartori dixit).

Y está por ver hasta dónde puede servir este dominio ganado a pulso con las malas artes de la política, si no se convierte en un problema al extrapolarse tarde o temprano al ámbito de las relaciones internacionales, especialmente con las democracias consolidadas occidentales.

Está visto que en el sector de la izquierda latinoamericana más atrasada, autocrática y autoritaria se relamen los labios de que en México haya salido “todo tan perfecto”. En cambio, lo vimos en contrario en Venezuela, donde el “progresista” Nicolás Maduro no pudo acreditar, aun con todos los recursos del gobierno, las actas que le hubieran dado voto por voto el triunfo, cosa que sí pudieron hacer contundentemente la dupla Edmundo González-María Corina Machado.

O sea, ante países y organismos internacionales, la habilitación de Maduro como presidente de Venezuela corresponde a una dictadura de izquierda y eso, ipso facto, ha significado el desconocimiento de la Unión Europea y de Estados Unidos, que incluso ofrece una recompensa de 25 millones de dólares a quien aporte información (o, mejor dicho, a quien lo entregue) para la captura de quien ocupa la residencia oficial de Miraflores.

Y el primer golpe mediático ya está dado contra México. Donald Trump ha dicho que el país está “gobernado por los cárteles” y amenaza diciendo que, cuando tome posesión del cargo de presidente, los combatirá en nuestro territorio. Esto, más allá de lo que la presidenta Sheinbaum llama “un estilo de comunicación”, es una definición política.

Basta darle le vuelta a la expresión “gobernado por los cárteles” para concluir que, en la visión dominante de los Estados Unidos, quienes gobiernan México son parte de la lógica de la cartelización de la vida política del país. Dicho de paso, sobran las evidencias incluso reconocidas oficialmente por el propio gobierno en niveles municipales.

Y el refrendo será si la presidenta Sheinbaum fue invitada o no a la toma de posesión del presidente Trump. Si la invita, como debiera ser como vecinos y socios comerciales, será visto como que Trump ha dado un paso atrás en la caracterización del sistema político mexicano; si no, representa una mala señal para las relaciones bilaterales.

O sea, ¿de qué servirá tener la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, los tres poderes, la amplia mayoría de estados y municipios, si el presidente, el Congreso, gobernadores y las agencias estadounidenses están en sintonía con la caracterización narca de la política mexicana?

Sé que se dirá que es una estrategia para hincar al contrario y obtener beneficios en una eventual negociación bilateral —yo lo mismo lo he escrito ex ante—; sin embargo, si eso se convierte en una política que estará martillándose a través del ejecutivo, el Departamento de Estado, la embajada estadounidense, la patrulla fronteriza (Border Patrol), la DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses, estaremos hablando de otra cosa, no de la campaña por los votos.

Y en ese punto, donde la campaña se convirtió en gobierno, habría que preguntarnos si esa gran conquista lograda a golpe de malas artes será una fortaleza o una debilidad de nuestro país. Eso me remite a la experiencia de Canadá, donde Justin Tradeau, el primer ministro, renunció al cargo sin que esto signifique una convulsión que ponga en entredicho el sistema político, sino una fortaleza, porque, de acuerdo con su sistema parlamentario, él seguirá en el cargo hasta que su partido, el Liberal, nombre a un nuevo primer ministro que gobernará hasta las elecciones de octubre próximo. Y la oposición conservadora canadiense, aunque pide elecciones anticipadas, no tiene problemas para ajustarse a las reglas establecidas.

El problema es que, tras el abuso que se ha cometido en México, la oposición, pese haber obtenido el 44 % de los votos legislativos, está subrepresentada, y eso es una debilidad de la presidenta y su equipo de gobierno. Los gringos conocen el proceso de captura de las instituciones republicanas y su efecto en la representación política, como también saben que fortalecer a esta mayoría significa conceder, y en la lógica imperial, si se quiere, Trump sabe que no debe ceder un centímetro porque está destinado al fortalecimiento de los “enemigos”.

Claudia Sheinbaum ha sido imprudente en el manejo de la situación de Venezuela, pues si bien pasó de caracterizar a Maduro como un “progresista” equiparándolo con Lula y Boric, incluso con Petro, lo rechaza por no poder demostrar su triunfo con las actas de cómputo, y ha terminado hablando de la “autodeterminación de los pueblos”, como si la Constitución no hablara de salvaguardar principios de convivencia democrática.

En definitiva, un poder que hacia adentro es absoluto, hacia afuera cruje, porque la legitimidad está en entredicho en la narrativa dominante estadounidense. No solo es rollo, sino parte de una combinación de animadversión y realidades que el equipo de Trump conoce. Y no les temblará el pulso para utilizarla en su beneficio.

La entrada Lo que es efectivo en México puede no serlo para el mundo se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental durante las campañas electorales, no solamente a la hora de transmitir información acerca de los acontecimientos que ocurren durante un proceso electoral, sino también a la hora de configurar el contexto informativo sobre el cual buena parte de la población puede tomar decisiones de corte electoral. Es por ello que se considera de especial relevancia el análisis de la cobertura que estos medios hacen de las campañas en general y muy en particular de los diferentes actores políticos que toman partido en las mismas, llámense personas candidatas, partidos políticos o coaliciones.

Desde las últimas décadas del siglo XX en México se han desarrollado numerosos monitoreos buscando conocer hasta qué punto los medios de comunicación del país presentan equidad a la hora de transmitir la cobertura de las actividades de los diferentes actores involucrados en las campañas electorales. Una solicitud que se llevó al terreno político buscando que desde el organismo encargado de velar por la gestión electoral se ofreciera este tipo de información. Antes el Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) han realizado durante buena parte de las elecciones federales del siglo XXI monitoreos de la cobertura que la radio y televisión a nivel nacional ofrecen de estos procesos.

Este hecho implica que, quizá una situación única en el mundo, en México sea la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) la que regula la obligación del INE de realizar monitoreos y análisis contenidos transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales a nivel federal en los programas de radio y televisión que difundan noticias. Con ello se busca ofrecer a la ciudadanía información veraz, correcta y objetiva acerca de la manera en que los diferentes programas de radio y televisión dan cobertura a las personas candidatas y a los partidos políticos y coaliciones que las postulan en los diferentes procesos electorales federales que cada tres años ocurren en el país.

Durante el Proceso Electoral Federal de México (PEF) entre 2023-2024 el INE encomendó a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) la realización del monitoreo de medios que abarcó tanto la precampaña electoral comprendida entre el 20 de noviembre de 2023 y el 18 de enero de 2024 como la campaña electoral que transcurrió entre el 1 de marzo y el 29 de mayo de 2024 para los procesos electorales a nivel presidencial, de diputaciones federales y de senadurías en México. Este monitoreo constituyó quizá uno de los mayores ejercicios de revisión de medios y análisis de contenido que existen en el mundo, en tanto que fueron analizados 73 programas durante la precampaña electoral y 503 programas de radio y televisión durante la campaña electoral, lo que derivó en un aproximado de 47.522 horas monitoreadas y 5.342 horas analizadas, en las cuales se detectaron y codificaron cerca de 327.000 piezas de monitoreo.

Si bien es habitual que los ejercicios de análisis de contenido y monitoreos realizados a nivel académico se centren en los espacios informativos o noticieros, el monitoreo mandatado por la ley al INE y encargado en su última edición a la UANL para su realización contempló no solamente el análisis de los noticiarios sino también de los programas de espectáculo y revista, así como de debate, opinión y análisis en los que se considera que se puede estar transmitiendo información a la ciudadanía acerca de los procesos electorales. Para ello se trabajó con una metodología compuesta por 13 variables que incluyen aspectos como tiempos dedicados a los diferentes actores políticos, valoraciones utilizadas para transmitir la información de estos actores o presencia de estereotipos de género y grupos en situación de discriminación a la hora de hablar de las diferentes personas candidatas. A partir de estas variables se pudo realizar un análisis amplio de la cobertura y tratamiento informativo ofrecido por los medios durante los procesos electorales.

Para ello se contó con un equipo conformado por cerca de 140 personas, entre monitoristas e integrantes del equipo de supervisión, revisión y coordinación, gracias a quienes se pudo realizar el monitoreo del PEF en México 2023-2024, cuyos resultados pueden consultarse en la página https://monitoreo2024.ine.mx/inicio. Los resultados ofrecidos semanalmente permitieron determinar cómo evolucionó la cobertura de los diferentes actores políticos a partir de los diferentes cortes de la precampaña y la campaña, pudiendo además adentrarse en las variables relativas a género y no-discriminación que posibilitaron conocer hasta qué punto la radio y la televisión utilizaron un lenguaje no incluyente, discriminatorio, sexista, homófobo o estereotipado para presentar a las diferentes personas candidatas, tanto a nivel presidencial como a nivel de diputaciones federales y senadurías.

Además, este monitoreo también ofreció variables relevantes desde el punto de vista académico, tales como la revisión de los temas utilizados a la hora de informar acerca de estos actores políticos, así como las menciones realizadas a actos violentos sufridos por personas candidatas y el registro de las ocasiones en las que desde los propios medios se realizaron condenas acerca de estas agresiones o amenazas sufridas en el contexto de los procesos electorales.

No cabe duda del tradicional interés que los propios partidos políticos tienen en los resultados de estos monitoreos, en tanto que se trata de un ejercicio que permite determinar hasta qué punto los medios son más o menos objetivos al ofrecer cobertura de las diferentes opciones políticas que concurren en las elecciones, es decir, hasta qué punto se presenta una cobertura equitativa de los diferentes actores políticos. Pero los resultados del monitoreo también pueden ser relevantes de cara al ejercicio de la práctica profesional en el ámbito mediático. No en vano la visión longitudinal e incluso la propia comparación con los resultados de los monitoreos anteriores permiten conocer cómo las personas profesionales de los medios presentan la información de la campaña electoral y hasta qué punto realizan procesos de editorialización que establecen marcos de comprensión, no solamente del PEF, sino de los propios actores que están involucrados en el mismo.

Debido a las especiales implicaciones que este monitoreo puede llegar a tener en el ámbito del desarrollo profesional del periodismo, se trata de un ejercicio de análisis que se desarrolla con respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa que debe prevalecer en los regímenes democráticos. Es por ello por lo que ciertas variables, como las valoraciones o el proceso de estereotipación, no son analizadas en los espacios de opinión, debate, análisis, espectáculo y revista, centrándose el análisis del proceso de editorialización en exclusiva a los contenidos informativos de los noticiarios de radio y televisión.

Finalmente, este ejercicio de monitoreo y análisis de noticias busca incidir en la propia sociedad, ofreciéndole a la ciudadanía información correcta, actualizada, objetiva y rigurosa sobre el papel que los medios desempeñan día a día en el desarrollo de nuestras democracias. Como se señaló anteriormente, los medios son actores cruciales a la hora de determinar la opinión pública estableciendo marcos de comprensión de la realidad social, es decir, trasladando una opinión publicada que constituye uno de los factores principales para la conformación de las opiniones de la ciudadanía acerca de los asuntos políticos y sociales que la rodean. Por ello es de esperar que sea la propia ciudadanía quien optimice el uso de este ejercicio de monitoreo, familiarizándose con cómo los diferentes programas, medios y grupos de comunicación llevaron adelante esa labor de cobertura electoral; de hacerlo, el monitoreo habrá cumplido su misión de transmitir una información esencial para la toma de decisiones.

La entrada ¿Para qué sirve monitorear cómo los medios cubren las elecciones? El caso mexicano se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Entre las víctimas de la violencia política en el mes de junio se encuentran Israel Delgado Vega, candidato del Partido del Trabajo (PT) a síndico de Cuitzeo, en Michoacán, y Yonis Atenógenes Baños, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a presidente municipal de Santo Domingo Armenta, en Oaxaca. Ambos fueron asesinados horas antes o después de las votaciones.

Continúa la violencia política después de las elecciones

Data Cívica había reportado previamente un total de 34 candidatos asesinados durante el periodo electoral que comenzó en septiembre de 2023 y concluyó el 2 de junio. Sin embargo, ahora advierte que la violencia política continúa después de las elecciones. Durante el mes de junio, se registraron 15 ataques contra autoridades ya electas, así como ataques directos a funcionarios de seguridad, funcionarios de otras áreas, miembros de partidos y familiares.

54 personas afectadas por la violencia política en junio

En total, Data Cívica registró un total de 54 personas en el ámbito político que sufrieron agresiones o ataques por parte de la delincuencia organizada durante el mes de junio.

Violencia política en México desde 2018

Desde enero de 2018 hasta la fecha, Data Cívica ha documentado un total de 2,025 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.

Elecciones más violentas de la historia de México

Organizaciones civiles coinciden en que las elecciones del 2 de junio en México fueron las más violentas de la historia. A pesar de los datos proporcionados por organismos independientes, el Gobierno mexicano solo reconoció el asesinato de 12 candidatos a los comicios, negando así que hayan sido las elecciones más violentas.

La entrada 31 asesinatos políticos documentados el mes pasado en México, revela informe de Data Cívica se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Entre las víctimas de la violencia política en el mes de junio se encuentran Israel Delgado Vega, candidato del Partido del Trabajo (PT) a síndico de Cuitzeo, en Michoacán, y Yonis Atenógenes Baños, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a presidente municipal de Santo Domingo Armenta, en Oaxaca. Ambos fueron asesinados horas antes o después de las votaciones.

Continúa la violencia política después de las elecciones

Data Cívica había reportado previamente un total de 34 candidatos asesinados durante el periodo electoral que comenzó en septiembre de 2023 y concluyó el 2 de junio. Sin embargo, ahora advierte que la violencia política continúa después de las elecciones. Durante el mes de junio, se registraron 15 ataques contra autoridades ya electas, así como ataques directos a funcionarios de seguridad, funcionarios de otras áreas, miembros de partidos y familiares.

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En total, Data Cívica registró un total de 54 personas en el ámbito político que sufrieron agresiones o ataques por parte de la delincuencia organizada durante el mes de junio.

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Desde enero de 2018 hasta la fecha, Data Cívica ha documentado un total de 2,025 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.

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Organizaciones civiles coinciden en que las elecciones del 2 de junio en México fueron las más violentas de la historia. A pesar de los datos proporcionados por organismos independientes, el Gobierno mexicano solo reconoció el asesinato de 12 candidatos a los comicios, negando así que hayan sido las elecciones más violentas.

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Entre las víctimas de la violencia política en el mes de junio se encuentran Israel Delgado Vega, candidato del Partido del Trabajo (PT) a síndico de Cuitzeo, en Michoacán, y Yonis Atenógenes Baños, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a presidente municipal de Santo Domingo Armenta, en Oaxaca. Ambos fueron asesinados horas antes o después de las votaciones.

Continúa la violencia política después de las elecciones

Data Cívica había reportado previamente un total de 34 candidatos asesinados durante el periodo electoral que comenzó en septiembre de 2023 y concluyó el 2 de junio. Sin embargo, ahora advierte que la violencia política continúa después de las elecciones. Durante el mes de junio, se registraron 15 ataques contra autoridades ya electas, así como ataques directos a funcionarios de seguridad, funcionarios de otras áreas, miembros de partidos y familiares.

54 personas afectadas por la violencia política en junio

En total, Data Cívica registró un total de 54 personas en el ámbito político que sufrieron agresiones o ataques por parte de la delincuencia organizada durante el mes de junio.

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Desde enero de 2018 hasta la fecha, Data Cívica ha documentado un total de 2,025 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.

Elecciones más violentas de la historia de México

Organizaciones civiles coinciden en que las elecciones del 2 de junio en México fueron las más violentas de la historia. A pesar de los datos proporcionados por organismos independientes, el Gobierno mexicano solo reconoció el asesinato de 12 candidatos a los comicios, negando así que hayan sido las elecciones más violentas.

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Luego del triunfo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en las elecciones del pasado 2 de junio y el desconcierto de la oposición social y política, han quedado a la vista las llamadas 20 reformas constitucionales de despedida del presidente López Obrador, y, especialmente, la destinada a la refundación del Poder Judicial, considerado por él como “corrupto”, por lo que es necesario limpiarlo completamente mediante la polémica elección popular de jueces, magistrados y ministros. 

Para lo que ya es parte de la historia, se puso en marcha una estrategia en la que el Poder Ejecutivo —a través de la Secretaría de Gobernación— dio a conocer, antes que el Instituto Nacional Electoral (INE), los resultados preliminares en la elección presidencial y del Congreso de la Unión. Llamaba la atención especialmente que la coalición ganadora había obtenido la mayoría calificada en la Cámara de Diputados al obtener el 72 por ciento de la representación política, lo que significa que los partidos coaligados pueden cambiar la Constitución sin necesidad de pactar con los partidos de la oposición. 

Esta “línea” dictada desde el poder presidencial inmediatamente se reprodujo y llegó a socializarse de tal manera que, salvo voces aisladas, se cuestionaba que así fuera, ya que la coalición mencionada, ahora lo sabemos, solo había alcanzado el 54% de la votación emitida y, sumada a la sobrerrepresentación legal del 8%, solo le alcanzaba para tener el 62% y no el 72% de los diputados de la cámara baja —la cámara alta de senadores ha quedado tentativamente en 82 contra los 84 que se necesitan para tener también ahí la mayoría calificada. 

La discusión, que hasta ahora es principalmente mediática, habrá de escenificarse en el seno del Consejo General del INE, que es la instancia constitucional que deberá hacer el cálculo de distribución conforme lo que establece el artículo 54 constitucional. Sin embargo, está también el artículo 41, que establece en el apartado A y B lo relativo a los partidos políticos en distintos renglones y no se refiere en ningún momento a las coaliciones, por lo que valdría el principio maniqueo e inconstitucional “lo que vale para los partidos, también vale para las coaliciones”.  

La Ley General de Partidos Políticos expresamente lo señala cuando afirma, por ejemplo, en el artículo 91, fracción segunda: “En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes”.  

Y así para todo lo que tenga que ver con las coaliciones (financiamiento, paridad de género, etc.). Entonces, con estos preceptos constitucionales y reglamentarios, la discusión constitucional no está cerrada y deberá llevarse a cabo en el seno del Consejo General del INE antes de rechazar o certificar el pronunciamiento fuera de lugar que hizo la secretaria de Gobernación al día siguientes de las elecciones constitucionales. 

Y esta, como lo han dicho distintos observadores políticos, no puede ser una lectura gramatical sino sustantiva del espíritu constitucional y reglamentario de lo que compete a los partidos políticos y a las coaliciones, que no tendrían por qué ser diferentes, como pretende el oficialismo. 

Una lectura literal y sesgada del artículo 54 constitucional provocaría que se imponga sin más la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y, en menor medida, en la de Senadores. 

Y, ya sin estos contrapesos, vaya el presidente, y la futura presidenta, por el control total del Poder Judicial a través de los abogados más populares. Visto a la luz de otras experiencias latinoamericanas —especialmente la boliviana—, significaría lo que el politólogo norteamericano Gene Sharp denomina “golpe de estado blando”, con una singularidad muy mexicana, pues lo frecuente es que este tipo de intervenciones en el llamado lawfare (guerra jurídica o guerra judicial) que hoy pretende hacer la “izquierda” tradicionalmente la ha padecido, como sucedió en Brasil, donde cayeron los presidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff, uno en la cárcel y la otra desaforada.  

En definitiva, lo que resuelva el INE, en materia de integración del Congreso de la Unión y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abrirá sin duda un compás entre la consolidación de la democracia preservando los contrapesos indispensables al presidencialismo, absoluto, omnipotente y omnicomprensivo y la debacle con un hiperpresidencialismo sin contrapesos.  

De esa magnitud es lo que está en juego en México en los próximos meses.  

Ernesto Hernández Norzagaray, Catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.

La entrada ¿Golpe blando en México? se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Luego del triunfo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en las elecciones del pasado 2 de junio y el desconcierto de la oposición social y política, han quedado a la vista las llamadas 20 reformas constitucionales de despedida del presidente López Obrador, y, especialmente, la destinada a la refundación del Poder Judicial, considerado por él como “corrupto”, por lo que es necesario limpiarlo completamente mediante la polémica elección popular de jueces, magistrados y ministros. 

Para lo que ya es parte de la historia, se puso en marcha una estrategia en la que el Poder Ejecutivo —a través de la Secretaría de Gobernación— dio a conocer, antes que el Instituto Nacional Electoral (INE), los resultados preliminares en la elección presidencial y del Congreso de la Unión. Llamaba la atención especialmente que la coalición ganadora había obtenido la mayoría calificada en la Cámara de Diputados al obtener el 72 por ciento de la representación política, lo que significa que los partidos coaligados pueden cambiar la Constitución sin necesidad de pactar con los partidos de la oposición. 

Esta “línea” dictada desde el poder presidencial inmediatamente se reprodujo y llegó a socializarse de tal manera que, salvo voces aisladas, se cuestionaba que así fuera, ya que la coalición mencionada, ahora lo sabemos, solo había alcanzado el 54% de la votación emitida y, sumada a la sobrerrepresentación legal del 8%, solo le alcanzaba para tener el 62% y no el 72% de los diputados de la cámara baja —la cámara alta de senadores ha quedado tentativamente en 82 contra los 84 que se necesitan para tener también ahí la mayoría calificada. 

La discusión, que hasta ahora es principalmente mediática, habrá de escenificarse en el seno del Consejo General del INE, que es la instancia constitucional que deberá hacer el cálculo de distribución conforme lo que establece el artículo 54 constitucional. Sin embargo, está también el artículo 41, que establece en el apartado A y B lo relativo a los partidos políticos en distintos renglones y no se refiere en ningún momento a las coaliciones, por lo que valdría el principio maniqueo e inconstitucional “lo que vale para los partidos, también vale para las coaliciones”.  

La Ley General de Partidos Políticos expresamente lo señala cuando afirma, por ejemplo, en el artículo 91, fracción segunda: “En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes”.  

Y así para todo lo que tenga que ver con las coaliciones (financiamiento, paridad de género, etc.). Entonces, con estos preceptos constitucionales y reglamentarios, la discusión constitucional no está cerrada y deberá llevarse a cabo en el seno del Consejo General del INE antes de rechazar o certificar el pronunciamiento fuera de lugar que hizo la secretaria de Gobernación al día siguientes de las elecciones constitucionales. 

Y esta, como lo han dicho distintos observadores políticos, no puede ser una lectura gramatical sino sustantiva del espíritu constitucional y reglamentario de lo que compete a los partidos políticos y a las coaliciones, que no tendrían por qué ser diferentes, como pretende el oficialismo. 

Una lectura literal y sesgada del artículo 54 constitucional provocaría que se imponga sin más la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y, en menor medida, en la de Senadores. 

Y, ya sin estos contrapesos, vaya el presidente, y la futura presidenta, por el control total del Poder Judicial a través de los abogados más populares. Visto a la luz de otras experiencias latinoamericanas —especialmente la boliviana—, significaría lo que el politólogo norteamericano Gene Sharp denomina “golpe de estado blando”, con una singularidad muy mexicana, pues lo frecuente es que este tipo de intervenciones en el llamado lawfare (guerra jurídica o guerra judicial) que hoy pretende hacer la “izquierda” tradicionalmente la ha padecido, como sucedió en Brasil, donde cayeron los presidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff, uno en la cárcel y la otra desaforada.  

En definitiva, lo que resuelva el INE, en materia de integración del Congreso de la Unión y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abrirá sin duda un compás entre la consolidación de la democracia preservando los contrapesos indispensables al presidencialismo, absoluto, omnipotente y omnicomprensivo y la debacle con un hiperpresidencialismo sin contrapesos.  

De esa magnitud es lo que está en juego en México en los próximos meses.  

Ernesto Hernández Norzagaray, Catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.

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López Obrador afirmó que no está interviniendo en ninguna decisión de Sheinbaum y expresó su respeto hacia la presidente electa. Destacó su admiración por su inteligencia y su título de doctora, aunque señaló que algunos no le dan suficiente importancia a este aspecto.

Especulaciones sobre los cargos del gabinete de Sheinbaum

Las especulaciones han aumentado desde que Sheinbaum anunció que revelaría los principales cargos del gabinete que asumirán junto a ella el 1 de octubre. Tras su victoria en las elecciones del 2 de junio, Sheinbaum confirmó que mantendrá al actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, lo que ha llevado a los columnistas a especular sobre la posible repetición de otros perfiles.

Además, medios especializados en economía han informado que Sheinbaum podría nombrar en los principales cargos de energía a políticos con una ideología afín a López Obrador, quien tiene una política nacionalista centrada en el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador reafirma su retiro de la política

El mandatario reiteró su promesa de retirarse de la política una vez que deje el cargo. También expresó su satisfacción por los resultados de las elecciones, en las que Sheinbaum recibió un récord de más de 35,9 millones de votos, casi el 60% del total.

López Obrador destacó que Sheinbaum se convertirá en la primera presidenta de México y de América del Norte, y expresó su gratitud por ello.

Fuente: EFE

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López Obrador afirmó que no está interviniendo en ninguna decisión de Sheinbaum y expresó su respeto hacia la presidente electa. Destacó su admiración por su inteligencia y su título de doctora, aunque señaló que algunos no le dan suficiente importancia a este aspecto.

Especulaciones sobre los cargos del gabinete de Sheinbaum

Las especulaciones han aumentado desde que Sheinbaum anunció que revelaría los principales cargos del gabinete que asumirán junto a ella el 1 de octubre. Tras su victoria en las elecciones del 2 de junio, Sheinbaum confirmó que mantendrá al actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, lo que ha llevado a los columnistas a especular sobre la posible repetición de otros perfiles.

Además, medios especializados en economía han informado que Sheinbaum podría nombrar en los principales cargos de energía a políticos con una ideología afín a López Obrador, quien tiene una política nacionalista centrada en el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador reafirma su retiro de la política

El mandatario reiteró su promesa de retirarse de la política una vez que deje el cargo. También expresó su satisfacción por los resultados de las elecciones, en las que Sheinbaum recibió un récord de más de 35,9 millones de votos, casi el 60% del total.

López Obrador destacó que Sheinbaum se convertirá en la primera presidenta de México y de América del Norte, y expresó su gratitud por ello.

Fuente: EFE

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El mandatario reveló que ya habló por teléfono con Sheinbaum, quien ganó las elecciones con cerca del 60% de los votos y una ventaja de 30 puntos sobre su principal rival, Xóchitl Gálvez, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque aún no hay fecha para una reunión, López Obrador dejó claro que ella será la encargada de tomar todas las decisiones y elegir a su equipo.

Ante las acusaciones de la oposición de que López Obrador pretende seguir interviniendo en el Gobierno, el presidente reiteró que se retirará de la vida pública y no aspira a ser líder moral ni jefe máximo. “Yo me voy a Palenque entregando la banda presidencial y me despido, me retiro, me jubilo”, manifestó.

Reformas constitucionales

En cuanto a las 20 reformas constitucionales que López Obrador propuso en febrero, no aclaró si le pedirá a Sheinbaum impulsarlas de manera expresa. Estas reformas incluyen la militarización de la Guardia Nacional, modificaciones al sistema electoral y la elección por voto popular de jueces y ministros de la Suprema Corte.

Estas reformas podrían ser discutidas a partir de septiembre, cuando asuma el nuevo Congreso de la Unión, en el que se espera que la alianza de partidos de López Obrador tenga una mayoría calificada de dos tercios necesaria para cambiar la Constitución. López Obrador señaló que hablará sobre este tema con la futura presidenta electa.

En resumen, López Obrador aseguró que no impondrá nada a Claudia Sheinbaum y se retirará de la vida pública después de la investidura del 1 de octubre. Dejó claro que ella será la encargada de tomar todas las decisiones durante la transición de poderes. Además, no especificó si le pedirá a Sheinbaum impulsar las reformas constitucionales que propuso en febrero.

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El mandatario reveló que ya habló por teléfono con Sheinbaum, quien ganó las elecciones con cerca del 60% de los votos y una ventaja de 30 puntos sobre su principal rival, Xóchitl Gálvez, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque aún no hay fecha para una reunión, López Obrador dejó claro que ella será la encargada de tomar todas las decisiones y elegir a su equipo.

Ante las acusaciones de la oposición de que López Obrador pretende seguir interviniendo en el Gobierno, el presidente reiteró que se retirará de la vida pública y no aspira a ser líder moral ni jefe máximo. “Yo me voy a Palenque entregando la banda presidencial y me despido, me retiro, me jubilo”, manifestó.

Reformas constitucionales

En cuanto a las 20 reformas constitucionales que López Obrador propuso en febrero, no aclaró si le pedirá a Sheinbaum impulsarlas de manera expresa. Estas reformas incluyen la militarización de la Guardia Nacional, modificaciones al sistema electoral y la elección por voto popular de jueces y ministros de la Suprema Corte.

Estas reformas podrían ser discutidas a partir de septiembre, cuando asuma el nuevo Congreso de la Unión, en el que se espera que la alianza de partidos de López Obrador tenga una mayoría calificada de dos tercios necesaria para cambiar la Constitución. López Obrador señaló que hablará sobre este tema con la futura presidenta electa.

En resumen, López Obrador aseguró que no impondrá nada a Claudia Sheinbaum y se retirará de la vida pública después de la investidura del 1 de octubre. Dejó claro que ella será la encargada de tomar todas las decisiones durante la transición de poderes. Además, no especificó si le pedirá a Sheinbaum impulsar las reformas constitucionales que propuso en febrero.

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Los 20 consulados operativos en el país, donde por primera vez se pudo votar presencialmente el mismo día de las elecciones, se vieron sobrepasados por los miles de ciudadanos que deseaban ejercer su derecho al voto en las elecciones más grandes de la historia, con 97 millones de personas convocadas a las urnas.

Según el INE, 258.461 personas podrán ejercer su voto desde el extranjero en estas elecciones, la mayoría de ellas residentes en Estados Unidos. Fuera del país, solo hay tres consulados operativos donde se pudo votar: Madrid, París y Montreal.

Aunque se podía votar por correo y electrónicamente en las semanas previas, muchos prefirieron acercarse este domingo a los consulados de ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Washington, los cuales se vieron completamente desbordados, según constató EFE.

En la capital estadounidense, las puertas cerraron a las 20:00 horas locales, 18:00 horas de México, al igual que en el país latinoamericano, entre abucheos de la gente que exigía una extensión del horario de votación.

Sin embargo, esta petición no se materializó. “Por normativa del INE no podemos extendernos más”, explicó el presidente de la casilla, Daniel Álvarez, ante una fila de personas que no pudieron votar y que daba la vuelta a la manzana.

Los problemas fueron varios. El principal, explicó esta mañana a EFE el representante del INE en la capital estadounidense, Ricardo Sánchez, fue la lentitud y la dificultad que algunas personas tuvieron para utilizar el sistema electrónico recién estrenado, el cual solo ofrecía tabletas como opción para votar.

A falta de media hora para el cierre de este consulado, que solo tenía cinco mesas instaladas, habían votado 640 personas, 255 de las cuales ya se habían registrado y 385 no registradas.

Otro problema fue que se animó a la población a votar aunque no estuviera registrada, lo cual generó una afluencia mucho mayor de la esperada.

“Nos comentaron que había 1.500 boletas para las personas no registradas y por eso estuvimos con paciencia esperando y en ningún momento del día nadie salió para decirnos que nos fuéramos”, apuntó Angélica Mejía, quien no pudo votar a pesar de haber esperado ocho horas.

A falta de tres horas para el cierre de las nueve mesas de votación instaladas en el consulado de Los Ángeles, donde 1.362 personas estaban registradas para votar, solo habían votado 544, según afirmó Leobardo Mendoza, enlace del INE en Los Ángeles, y se esperaba que votaran “200 o 300 más”. Además de los registrados, otras 1.500 personas no registradas podían votar.

El funcionario también atribuyó las fallas a la lentitud del sistema electrónico: “Las urnas electrónicas implican que los ciudadanos tienen que utilizar un dispositivo electrónico y la mayoría de los que han venido son adultos mayores que carecen de esas habilidades digitales”, explicó.

Fuente: EFE

La entrada INE desbordado frustra votación presencial de mexicanos en el extranjero se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Los 20 consulados operativos en el país, donde por primera vez se pudo votar presencialmente el mismo día de las elecciones, se vieron sobrepasados por los miles de ciudadanos que deseaban ejercer su derecho al voto en las elecciones más grandes de la historia, con 97 millones de personas convocadas a las urnas.

Según el INE, 258.461 personas podrán ejercer su voto desde el extranjero en estas elecciones, la mayoría de ellas residentes en Estados Unidos. Fuera del país, solo hay tres consulados operativos donde se pudo votar: Madrid, París y Montreal.

Aunque se podía votar por correo y electrónicamente en las semanas previas, muchos prefirieron acercarse este domingo a los consulados de ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Washington, los cuales se vieron completamente desbordados, según constató EFE.

En la capital estadounidense, las puertas cerraron a las 20:00 horas locales, 18:00 horas de México, al igual que en el país latinoamericano, entre abucheos de la gente que exigía una extensión del horario de votación.

Sin embargo, esta petición no se materializó. “Por normativa del INE no podemos extendernos más”, explicó el presidente de la casilla, Daniel Álvarez, ante una fila de personas que no pudieron votar y que daba la vuelta a la manzana.

Los problemas fueron varios. El principal, explicó esta mañana a EFE el representante del INE en la capital estadounidense, Ricardo Sánchez, fue la lentitud y la dificultad que algunas personas tuvieron para utilizar el sistema electrónico recién estrenado, el cual solo ofrecía tabletas como opción para votar.

A falta de media hora para el cierre de este consulado, que solo tenía cinco mesas instaladas, habían votado 640 personas, 255 de las cuales ya se habían registrado y 385 no registradas.

Otro problema fue que se animó a la población a votar aunque no estuviera registrada, lo cual generó una afluencia mucho mayor de la esperada.

“Nos comentaron que había 1.500 boletas para las personas no registradas y por eso estuvimos con paciencia esperando y en ningún momento del día nadie salió para decirnos que nos fuéramos”, apuntó Angélica Mejía, quien no pudo votar a pesar de haber esperado ocho horas.

A falta de tres horas para el cierre de las nueve mesas de votación instaladas en el consulado de Los Ángeles, donde 1.362 personas estaban registradas para votar, solo habían votado 544, según afirmó Leobardo Mendoza, enlace del INE en Los Ángeles, y se esperaba que votaran “200 o 300 más”. Además de los registrados, otras 1.500 personas no registradas podían votar.

El funcionario también atribuyó las fallas a la lentitud del sistema electrónico: “Las urnas electrónicas implican que los ciudadanos tienen que utilizar un dispositivo electrónico y la mayoría de los que han venido son adultos mayores que carecen de esas habilidades digitales”, explicó.

Fuente: EFE

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Los 20 consulados operativos en el país, donde por primera vez se pudo votar presencialmente el mismo día de las elecciones, se vieron sobrepasados por los miles de ciudadanos que deseaban ejercer su derecho al voto en las elecciones más grandes de la historia, con 97 millones de personas convocadas a las urnas.

Según el INE, 258.461 personas podrán ejercer su voto desde el extranjero en estas elecciones, la mayoría de ellas residentes en Estados Unidos. Fuera del país, solo hay tres consulados operativos donde se pudo votar: Madrid, París y Montreal.

Aunque se podía votar por correo y electrónicamente en las semanas previas, muchos prefirieron acercarse este domingo a los consulados de ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Washington, los cuales se vieron completamente desbordados, según constató EFE.

En la capital estadounidense, las puertas cerraron a las 20:00 horas locales, 18:00 horas de México, al igual que en el país latinoamericano, entre abucheos de la gente que exigía una extensión del horario de votación.

Sin embargo, esta petición no se materializó. “Por normativa del INE no podemos extendernos más”, explicó el presidente de la casilla, Daniel Álvarez, ante una fila de personas que no pudieron votar y que daba la vuelta a la manzana.

Los problemas fueron varios. El principal, explicó esta mañana a EFE el representante del INE en la capital estadounidense, Ricardo Sánchez, fue la lentitud y la dificultad que algunas personas tuvieron para utilizar el sistema electrónico recién estrenado, el cual solo ofrecía tabletas como opción para votar.

A falta de media hora para el cierre de este consulado, que solo tenía cinco mesas instaladas, habían votado 640 personas, 255 de las cuales ya se habían registrado y 385 no registradas.

Otro problema fue que se animó a la población a votar aunque no estuviera registrada, lo cual generó una afluencia mucho mayor de la esperada.

“Nos comentaron que había 1.500 boletas para las personas no registradas y por eso estuvimos con paciencia esperando y en ningún momento del día nadie salió para decirnos que nos fuéramos”, apuntó Angélica Mejía, quien no pudo votar a pesar de haber esperado ocho horas.

A falta de tres horas para el cierre de las nueve mesas de votación instaladas en el consulado de Los Ángeles, donde 1.362 personas estaban registradas para votar, solo habían votado 544, según afirmó Leobardo Mendoza, enlace del INE en Los Ángeles, y se esperaba que votaran “200 o 300 más”. Además de los registrados, otras 1.500 personas no registradas podían votar.

El funcionario también atribuyó las fallas a la lentitud del sistema electrónico: “Las urnas electrónicas implican que los ciudadanos tienen que utilizar un dispositivo electrónico y la mayoría de los que han venido son adultos mayores que carecen de esas habilidades digitales”, explicó.

Fuente: EFE

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La comitiva también contará con la presencia del diputado español Gerardo Pisarello y la investigadora argentina Silvina Romano, según anunció la organización en un comunicado.

Personalidades destacadas forman parte de la misión de observación

La comitiva estará conformada por el exmandatario argentino Alberto Fernández, el expresidente de Bolivia Evo Morales, el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami y la exsecretaria de Cambio Climático y parlamentaria argentina del Mercosur Cecilia Nicolini, entre otros.

Además, la expresidente de la Cámara Alta de Bolivia Adriana Salvatierra y el exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador Ricardo Patiño también formarán parte de la misión de observación, que llegó a México el jueves.

Más de 23 mil observadores estarán presentes en las elecciones

Esta comitiva se suma a los más de 23 mil observadores nacionales e internacionales que estarán presentes durante la jornada electoral del 2 de junio, según anunció la presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

La participación de observadores nacionales y visitantes extranjeros en estas elecciones no solo garantiza la transparencia e integridad del proceso electoral, sino que también fortalece la democracia mexicana, celebró Taddei.

Elecciones históricas en México

Estas elecciones serán las más grandes en la historia de México, ya que más de 97 millones de personas están convocadas a las urnas para renovar más de 20 mil cargos a nivel federal, incluyendo la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado.

A nivel regional, la Ciudad de México y los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán también renovarán los titulares de sus Gobernaturas, así como todos los municipios renovarán sus organismos.

Violencia y riesgos en el proceso electoral

Estos comicios también pasarán a la historia como los más violentos, con al menos 30 aspirantes asesinados y más de 200 homicidios políticos. La oposición denuncia que el crimen organizado pone en riesgo los votos en casi un 30% del territorio.

La misión de observación tiene como objetivo garantizar la transparencia y libertad del pueblo mexicano durante el proceso electoral, según se menciona en el comunicado.

La entrada Expresidentes Alberto Fernández y Evo Morales lideran misión de observación electoral en México se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La comitiva también contará con la presencia del diputado español Gerardo Pisarello y la investigadora argentina Silvina Romano, según anunció la organización en un comunicado.

Personalidades destacadas forman parte de la misión de observación

La comitiva estará conformada por el exmandatario argentino Alberto Fernández, el expresidente de Bolivia Evo Morales, el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami y la exsecretaria de Cambio Climático y parlamentaria argentina del Mercosur Cecilia Nicolini, entre otros.

Además, la expresidente de la Cámara Alta de Bolivia Adriana Salvatierra y el exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador Ricardo Patiño también formarán parte de la misión de observación, que llegó a México el jueves.

Más de 23 mil observadores estarán presentes en las elecciones

Esta comitiva se suma a los más de 23 mil observadores nacionales e internacionales que estarán presentes durante la jornada electoral del 2 de junio, según anunció la presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

La participación de observadores nacionales y visitantes extranjeros en estas elecciones no solo garantiza la transparencia e integridad del proceso electoral, sino que también fortalece la democracia mexicana, celebró Taddei.

Elecciones históricas en México

Estas elecciones serán las más grandes en la historia de México, ya que más de 97 millones de personas están convocadas a las urnas para renovar más de 20 mil cargos a nivel federal, incluyendo la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado.

A nivel regional, la Ciudad de México y los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán también renovarán los titulares de sus Gobernaturas, así como todos los municipios renovarán sus organismos.

Violencia y riesgos en el proceso electoral

Estos comicios también pasarán a la historia como los más violentos, con al menos 30 aspirantes asesinados y más de 200 homicidios políticos. La oposición denuncia que el crimen organizado pone en riesgo los votos en casi un 30% del territorio.

La misión de observación tiene como objetivo garantizar la transparencia y libertad del pueblo mexicano durante el proceso electoral, según se menciona en el comunicado.

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El proceso electoral democrático se concibe idealmente como un ejercicio que requiere la coordinación de, por un lado, candidatos comprometidos que elaboren propuestas, atiendan a los intereses de la población, deliberen sobre alternativas y debatan sus iniciativas; y, por otro lado, una ciudadanía informada, interesada en cuestionar y debatir, obligada a, en efecto, realizar la elección.

Frente a este ideal, cabe preguntarse: ¿cómo se está desenvolviendo en realidad este proceso democrático?, ¿en qué circunstancias tiene lugar?

Tanto globalmente como en nuestras propias latitudes, el panorama para la democracia no es favorable. Este sistema experimenta una ola de desconfianza y pierde terreno en todo el mundo frente a regímenes autocráticos. Numerosos indicadores señalan que México se encuentra dentro de aquellas naciones que en los últimos años han desarrollado tendencias autoritarias.

Muestra de ello es, para muchos, la poca tolerancia a opiniones divergentes, la falta de apertura a la participación ciudadana en la deliberación democrática, la falta de razones justificadas para las acciones y las decisiones políticas, así como la obnubilación de la pluralidad de perspectivas a partir de la polarización. A esto habría que sumar la lamentable situación en temas de seguridad que viven en este país los candidatos y los actores relacionados con las autoridades electorales. Atentar contra la integridad de actores políticos es también atentar contra la democracia misma.

El deterioro de estos aspectos no solo socava el pulso de la democracia en esta nación, sino que pone en cuestión el rumbo de su futuro. Estas son solo algunas de las condiciones políticas de cara al ejercicio electoral que se avecina, donde la contienda por la presidencia pasa a ser la más importante. Ahora bien, ¿qué implicaciones representaría la elección de una u otro candidato para la presidencia de México y para su democracia?

Claudia Sheinbaum es la candidata del partido en el poder. Su candidatura representa la continuidad política para el país, reforzando los temas de su antecesor: el enfoque en reducir la corrupción, el combate a la evasión fiscal, la consolidación de proyectos estratégicos como el tren maya. Asimismo, plantea propuestas que representarían un avance, como por ejemplo la creación de fiscalías especializadas en feminicidios, además de que sugiere enviar al Congreso una propuesta para ascender a estatuto constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres en todas sus formas, así como el derecho a una vida sin violencia y la erradicación de la brecha salarial.

De consolidarse, esto último representaría un verdadero avance en términos democráticos, al garantizar una mayor igualdad. Pero, en general, su elección significaría una continuación de la tendencia política, lo cual podría significar también la continuidad de las decadencias del gobierno actual, y probablemente de su inclinación al autoritarismo, marcada por un discurso que polariza y divide dicotómicamente, entre opositores y adeptos, entre “neoliberales” y “humanistas mexicanos”.

Participa también la candidata Xóchitl Gálvez. Sus propuestas se han centrado en el tema de seguridad. Con esto ha acertado con el tema más preocupante y sensible de la presente administración: la violencia en México. Dentro de lo que propone se encuentra la restructuración de la guardia nacional, alejándola de asuntos civiles y encaminándola a otra forma de ejercer la fuerza pública. Esto significaría una demarcación entre poderes públicos muy sana para la democracia.

Con relación a su campaña, de acuerdo con lo que reporta el INE, Gálvez ha favorecido el diálogo directo con otros sectores mediante la realización de diversos foros, a diferencia de Sheinbaum, quien se ha centrado más en mítines con simpatizantes. En este sentido, los foros favorecen más un diálogo democrático genuino. Sin embargo, parte importante del discurso de Gálvez se ha dedicado a descalificar a la competencia en lugar de profundizar en sus propuestas y enriquecer la discusión.

También es participe el candidato Jorge Álvarez, quien se propone a sí mismo como el “cambio” frente a la “vieja política”. De representar un verdadero cambio, su elección podría tener implicaciones directas para la democracia, pues podría significar invertir las tentativas autoritarias del gobierno en curso. Igualmente propone una reforma en materia de seguridad, y una reforma profunda en temas judiciales. En su campaña se ha mostrado abierto al diálogo, principalmente con alumnos de universidades, un aspecto que se podría valorar como favorable para la democracia. 

La elección por venir, marcada por una crisis en el sistema de gobierno, no tendrá implicaciones menores. Es importante continuar contrastando las alternativas y evaluar cuál representaría la mejor elección. No basta con tomar partido ciegamente; se debe dar seguimiento a las propuestas y las campañas, pues la forma en que las candidatas y el candidato presentan sus plataformas políticas puede ser un anticipo de la forma en que estructurarían su gobierno.

¿Qué propuesta favorece más a la democracia, promoviendo el diálogo y garantizando la igualdad y las libertades de las y los ciudadanos? ¿Cuál de las alternativas podría encaminar a la nación a salir de esta crisis en el sistema de gobierno? La fecha se acerca, y la elección, así como el rumbo de la democracia, está en manos de todas y todos.

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El proceso electoral democrático se concibe idealmente como un ejercicio que requiere la coordinación de, por un lado, candidatos comprometidos que elaboren propuestas, atiendan a los intereses de la población, deliberen sobre alternativas y debatan sus iniciativas; y, por otro lado, una ciudadanía informada, interesada en cuestionar y debatir, obligada a, en efecto, realizar la elección.

Frente a este ideal, cabe preguntarse: ¿cómo se está desenvolviendo en realidad este proceso democrático?, ¿en qué circunstancias tiene lugar?

Tanto globalmente como en nuestras propias latitudes, el panorama para la democracia no es favorable. Este sistema experimenta una ola de desconfianza y pierde terreno en todo el mundo frente a regímenes autocráticos. Numerosos indicadores señalan que México se encuentra dentro de aquellas naciones que en los últimos años han desarrollado tendencias autoritarias.

Muestra de ello es, para muchos, la poca tolerancia a opiniones divergentes, la falta de apertura a la participación ciudadana en la deliberación democrática, la falta de razones justificadas para las acciones y las decisiones políticas, así como la obnubilación de la pluralidad de perspectivas a partir de la polarización. A esto habría que sumar la lamentable situación en temas de seguridad que viven en este país los candidatos y los actores relacionados con las autoridades electorales. Atentar contra la integridad de actores políticos es también atentar contra la democracia misma.

El deterioro de estos aspectos no solo socava el pulso de la democracia en esta nación, sino que pone en cuestión el rumbo de su futuro. Estas son solo algunas de las condiciones políticas de cara al ejercicio electoral que se avecina, donde la contienda por la presidencia pasa a ser la más importante. Ahora bien, ¿qué implicaciones representaría la elección de una u otro candidato para la presidencia de México y para su democracia?

Claudia Sheinbaum es la candidata del partido en el poder. Su candidatura representa la continuidad política para el país, reforzando los temas de su antecesor: el enfoque en reducir la corrupción, el combate a la evasión fiscal, la consolidación de proyectos estratégicos como el tren maya. Asimismo, plantea propuestas que representarían un avance, como por ejemplo la creación de fiscalías especializadas en feminicidios, además de que sugiere enviar al Congreso una propuesta para ascender a estatuto constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres en todas sus formas, así como el derecho a una vida sin violencia y la erradicación de la brecha salarial.

De consolidarse, esto último representaría un verdadero avance en términos democráticos, al garantizar una mayor igualdad. Pero, en general, su elección significaría una continuación de la tendencia política, lo cual podría significar también la continuidad de las decadencias del gobierno actual, y probablemente de su inclinación al autoritarismo, marcada por un discurso que polariza y divide dicotómicamente, entre opositores y adeptos, entre “neoliberales” y “humanistas mexicanos”.

Participa también la candidata Xóchitl Gálvez. Sus propuestas se han centrado en el tema de seguridad. Con esto ha acertado con el tema más preocupante y sensible de la presente administración: la violencia en México. Dentro de lo que propone se encuentra la restructuración de la guardia nacional, alejándola de asuntos civiles y encaminándola a otra forma de ejercer la fuerza pública. Esto significaría una demarcación entre poderes públicos muy sana para la democracia.

Con relación a su campaña, de acuerdo con lo que reporta el INE, Gálvez ha favorecido el diálogo directo con otros sectores mediante la realización de diversos foros, a diferencia de Sheinbaum, quien se ha centrado más en mítines con simpatizantes. En este sentido, los foros favorecen más un diálogo democrático genuino. Sin embargo, parte importante del discurso de Gálvez se ha dedicado a descalificar a la competencia en lugar de profundizar en sus propuestas y enriquecer la discusión.

También es participe el candidato Jorge Álvarez, quien se propone a sí mismo como el “cambio” frente a la “vieja política”. De representar un verdadero cambio, su elección podría tener implicaciones directas para la democracia, pues podría significar invertir las tentativas autoritarias del gobierno en curso. Igualmente propone una reforma en materia de seguridad, y una reforma profunda en temas judiciales. En su campaña se ha mostrado abierto al diálogo, principalmente con alumnos de universidades, un aspecto que se podría valorar como favorable para la democracia. 

La elección por venir, marcada por una crisis en el sistema de gobierno, no tendrá implicaciones menores. Es importante continuar contrastando las alternativas y evaluar cuál representaría la mejor elección. No basta con tomar partido ciegamente; se debe dar seguimiento a las propuestas y las campañas, pues la forma en que las candidatas y el candidato presentan sus plataformas políticas puede ser un anticipo de la forma en que estructurarían su gobierno.

¿Qué propuesta favorece más a la democracia, promoviendo el diálogo y garantizando la igualdad y las libertades de las y los ciudadanos? ¿Cuál de las alternativas podría encaminar a la nación a salir de esta crisis en el sistema de gobierno? La fecha se acerca, y la elección, así como el rumbo de la democracia, está en manos de todas y todos.

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En una conferencia que recientemente dictó a empresarios, Enrique Krauze, el reconocido historiador, escritor y ensayista mexicano, señaló con preocupación que Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición izquierdista Juntos Hacemos Historia, “no se haya desarraigado ni un milímetro del presidente López Obrador”. Lo mismo destacó en otra ocasión el escritor Jorge Volpi, que explicó que, si ocurriese, mostraría la independencia de Claudia y la diferencia entre los dos personajes políticos, uno procedente de la izquierda y otro del PRI.

Sin embargo, Krauze falla: hay un motivo de forma y otro de fondo en esta simbiosis entre el presidente mexicano y la candidata del movimiento obradorista. El de forma, se explica porque es parte de una estrategia electoral que busca tener cohesionadas a las distintas corrientes que integran el partido Morena y transmitir a sus bases que Sheinbaum es el mismísimo presidente. Y el de fondo implica que el proyecto de cambio de régimen continuará si gana ampliamente esta candidata. El primer motivo puede resultar comprensible teniendo a un presidente que tiene un 60 por ciento de aprobación —aunque sus políticas públicas no lo estén y frecuentemente sean reprobadas— que se mantiene por una oposición desprestigiada, pero que al menos en las elecciones federales sigue siendo un contrapeso parlamentario para la defensa de la Constitución y las instituciones de la democracia.

Si bien la mayoría de los estudios demoscópicos dan ventaja a la candidata oficialista, nada parece indicar que en las elecciones concurrentes del 2 de junio los resultados vayan a permitir a la coalición oficialista una mayoría calificada —más del 66 por ciento de la votación emitida para el Congreso de la Unión— para continuar con el llamado Plan C obradorista, que tiene como principalísimo objetivo capturar la Suprema Corte de Justicia y la desaparición de los órganos autónomos que son los pilares de la democracia mexicana.

Y es que, de acuerdo con las elecciones intermedias de 2021 y las encuestas con mayor tino histórico, la oposición podría echar a perder las cuentas que se hacen en Palacio Nacional y eso llevaría, en caso de ganar la presidencia Claudia Sheinbaum, a la formación de un gobierno sin la mayoría calificada para realizar las reformas que ha intentado sin éxito y con molestia el presidente López Obrador.

Esto es lo que se perfila, Claudia Sheinbaum no se sale ni un milímetro del guión que le han impuesto desde Palacio Nacional y los aliados más radicales, como vimos en la fase previa y en el mismo segundo debate presidencial. En este nuevo intercambio salió a defender las obras de gobierno de su tutor político, cosa que no hizo en el primero y que le ganó un llamado de atención a través de cápsulas publicadas en el diario obradorista La Jornada y la llevó a poner en marcha una campaña publicitaria intensa donde la candidata oficialista defiende con todo a López Obrador.

Se trata de una acción que a nuestro juicio es un error estratégico porque será un mensaje dirigido principalmente al votante obradorista, leal, inamovible, pero no a los ciudadanos indecisos y ese elector pragmático, switcher, urbanizado, que ronda el 30 por ciento de la lista nominal de electores y que, en su mayoría, está decidido salir a votar, pudiendo, en caso de hacerlo, significar la diferencia entre las dos grandes coaliciones electorales. Y, dicho de paso, ese vacío discursivo seguramente lo está aprovechando Xóchilt Gálvez, la candidata opositora, para intentar ganarse a ese electorado.

Sin embargo, en la hipótesis de que salve el riesgo de la derrota presidencial pero su gobierno no alcance la mayoría calificada en ambas cámaras legislativas, la buena noticia para Sheinbaum es que podría no solo ampliar el margen de maniobra e independencia sino su capacidad de negociación con la oposición para garantizar la estabilidad del país y no pasar a la historia como la presidenta que pudo sacudirse la tutela de un expresidente y que no lo hizo.

En definitiva, y siendo las palabras de Krauze y Volpi expresión de una preocupación en un segmento antiobradorista de la intelectualidad mexicana, la buena noticia es que los mejores pronósticos del oficialismo no le alcanzan para obtener la soñada mayoría calificada del Congreso de la Unión para continuar el cambio de régimen autocrático que pasa por reformas constitucionales y la destrucción de las instituciones de la democracia mexicana.

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En una conferencia que recientemente dictó a empresarios, Enrique Krauze, el reconocido historiador, escritor y ensayista mexicano, señaló con preocupación que Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición izquierdista Juntos Hacemos Historia, “no se haya desarraigado ni un milímetro del presidente López Obrador”. Lo mismo destacó en otra ocasión el escritor Jorge Volpi, que explicó que, si ocurriese, mostraría la independencia de Claudia y la diferencia entre los dos personajes políticos, uno procedente de la izquierda y otro del PRI.

Sin embargo, Krauze falla: hay un motivo de forma y otro de fondo en esta simbiosis entre el presidente mexicano y la candidata del movimiento obradorista. El de forma, se explica porque es parte de una estrategia electoral que busca tener cohesionadas a las distintas corrientes que integran el partido Morena y transmitir a sus bases que Sheinbaum es el mismísimo presidente. Y el de fondo implica que el proyecto de cambio de régimen continuará si gana ampliamente esta candidata. El primer motivo puede resultar comprensible teniendo a un presidente que tiene un 60 por ciento de aprobación —aunque sus políticas públicas no lo estén y frecuentemente sean reprobadas— que se mantiene por una oposición desprestigiada, pero que al menos en las elecciones federales sigue siendo un contrapeso parlamentario para la defensa de la Constitución y las instituciones de la democracia.

Si bien la mayoría de los estudios demoscópicos dan ventaja a la candidata oficialista, nada parece indicar que en las elecciones concurrentes del 2 de junio los resultados vayan a permitir a la coalición oficialista una mayoría calificada —más del 66 por ciento de la votación emitida para el Congreso de la Unión— para continuar con el llamado Plan C obradorista, que tiene como principalísimo objetivo capturar la Suprema Corte de Justicia y la desaparición de los órganos autónomos que son los pilares de la democracia mexicana.

Y es que, de acuerdo con las elecciones intermedias de 2021 y las encuestas con mayor tino histórico, la oposición podría echar a perder las cuentas que se hacen en Palacio Nacional y eso llevaría, en caso de ganar la presidencia Claudia Sheinbaum, a la formación de un gobierno sin la mayoría calificada para realizar las reformas que ha intentado sin éxito y con molestia el presidente López Obrador.

Esto es lo que se perfila, Claudia Sheinbaum no se sale ni un milímetro del guión que le han impuesto desde Palacio Nacional y los aliados más radicales, como vimos en la fase previa y en el mismo segundo debate presidencial. En este nuevo intercambio salió a defender las obras de gobierno de su tutor político, cosa que no hizo en el primero y que le ganó un llamado de atención a través de cápsulas publicadas en el diario obradorista La Jornada y la llevó a poner en marcha una campaña publicitaria intensa donde la candidata oficialista defiende con todo a López Obrador.

Se trata de una acción que a nuestro juicio es un error estratégico porque será un mensaje dirigido principalmente al votante obradorista, leal, inamovible, pero no a los ciudadanos indecisos y ese elector pragmático, switcher, urbanizado, que ronda el 30 por ciento de la lista nominal de electores y que, en su mayoría, está decidido salir a votar, pudiendo, en caso de hacerlo, significar la diferencia entre las dos grandes coaliciones electorales. Y, dicho de paso, ese vacío discursivo seguramente lo está aprovechando Xóchilt Gálvez, la candidata opositora, para intentar ganarse a ese electorado.

Sin embargo, en la hipótesis de que salve el riesgo de la derrota presidencial pero su gobierno no alcance la mayoría calificada en ambas cámaras legislativas, la buena noticia para Sheinbaum es que podría no solo ampliar el margen de maniobra e independencia sino su capacidad de negociación con la oposición para garantizar la estabilidad del país y no pasar a la historia como la presidenta que pudo sacudirse la tutela de un expresidente y que no lo hizo.

En definitiva, y siendo las palabras de Krauze y Volpi expresión de una preocupación en un segmento antiobradorista de la intelectualidad mexicana, la buena noticia es que los mejores pronósticos del oficialismo no le alcanzan para obtener la soñada mayoría calificada del Congreso de la Unión para continuar el cambio de régimen autocrático que pasa por reformas constitucionales y la destrucción de las instituciones de la democracia mexicana.

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¿Por qué el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó esta semana que la oposición está tramando un golpe de estado técnico a través del Poder Judicial? ¿Por qué lo hace sin aportar ninguna evidencia? ¿Por qué hasta el momento el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha acusado recibo y lanzado un llamado a que no intervenga nuevamente en el proceso electoral? ¿Acaso no podría ser él quien está fraguando una forma para conservar el poder? Lo cierto es que su interferencia sistemática en el proceso electoral ha sido y es perniciosa, con el resultado de delitos electorales.   

Nada tiene que ver esto con la libertad de expresión. AMLO no es un ciudadano más, sino el presidente de la República. Y los ciudadanos de a pie sí tienen derecho a la libertad de expresión, mientras que el presidente se debe a la Constitución. Recordemos que en la toma de posesión del cargo de presidente de la República juró “respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. O tiene una confusión mayúscula o actúa para provocar un escenario de ruptura de las reglas de convivencia democrática.   

Las “conferencia mañaneras” de López Obrador se han convertido en el escenario perfecto para violar la ley. No sabemos si impunemente, porque si bien están los llamados del INE para que el presidente sea respetuoso con la ley electoral, también están las denuncias de la oposición, que, en su momento, el tribunal electoral deberá valorar qué tanto violan las leyes.   

Y es que, más allá de lo que digan las encuestas de intención de voto, esas fotografías instantáneas, estamos ante lo que el politólogo Adam Pzerworski identifica como “incertidumbre democrática” por la formación de dos grandes bloques electorales: el del oficialismo que postula a Claudia Sheinbaum y el de la oposición que postula a Xóchilt Gálvez.   

Ahora bien, según constitucionalistas y politólogos consultados por el diario El Universal entre los que destacan Mauricio Merino, Francisco Burgoa y Javier Martín Reyes, sería el propio AMLO quien esté fraguando un autogolpe de estado en el caso de que su candidata, Claudia Sheinbaum, no sea beneficiada por el voto mayoritario de los mexicanos.   

Y podría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la instancia constitucional encargada de validar y calificar la elección presidencial, quien salga a declarar después de desahogar los recursos interpuestos por las violaciones a la ley que no son legales o que no ganó su candidata. 

O sea, el presidente se está poniendo los zapatos antes de espinarse. Y es que, como bien señala Mauricio Merino, el presidente viola sistemáticamente la Constitución al grado que usa los recursos del gobierno hasta para promover la venta de su último libro, donde da las gracias al pueblo de México. Y eso es inconstitucional.   

Repito: el presidente se debe a la Constitución, no a sus humores y preferencias electorales. No es libertad de expresión: es otra cosa, y esa libertad está destinada a los simples mortales. Así que hay que estar atentos a sus desplantes incluso de una realidad que cada día se descompone más por la violencia imparable que ya no solo acaba con la vida personas sino también con su hábitat: pueblos enteros que están siendo desalojados por temor a la muerte o, peor, por las pérdidas familiares.   

El artículo 29 de la Constitución establece que en una situación de excepción el presidente puede declarar suspendido el proceso electoral y continuar en forma extraordinaria en el poder como ha sucedido en otros países (léase, a propósito, el libro revelador Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de la Universidad de Harvard, que se dieron a la tarea de documentar experiencias, así como proponer antídotos institucionales).    

Lamentablemente, si las cosas empeoran, se están cuadrando para mal. Lo que está sucediendo en la calle y en los órganos electorales va perfilando un escenario que pone y pondrá a prueba a las instituciones democráticas. Y es que no es poca cosa lo que en estas elecciones está en juego. No son solo unos cargos públicos sino la vigencia del sistema democrático. Y eso le da otro carácter a la elección presidencial, y es en ella donde cobran sentido las palabras y los hechos de Palacio Nacional incluso más allá, en los sótanos de la política.

Y será entonces cuando podremos dar respuestas definitivas a las preguntas con las que abrimos este artículo. Esperemos que no sea demasiado tarde. 

La entrada Golpe de estado técnico se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

¿Por qué el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó esta semana que la oposición está tramando un golpe de estado técnico a través del Poder Judicial? ¿Por qué lo hace sin aportar ninguna evidencia? ¿Por qué hasta el momento el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha acusado recibo y lanzado un llamado a que no intervenga nuevamente en el proceso electoral? ¿Acaso no podría ser él quien está fraguando una forma para conservar el poder? Lo cierto es que su interferencia sistemática en el proceso electoral ha sido y es perniciosa, con el resultado de delitos electorales.   

Nada tiene que ver esto con la libertad de expresión. AMLO no es un ciudadano más, sino el presidente de la República. Y los ciudadanos de a pie sí tienen derecho a la libertad de expresión, mientras que el presidente se debe a la Constitución. Recordemos que en la toma de posesión del cargo de presidente de la República juró “respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. O tiene una confusión mayúscula o actúa para provocar un escenario de ruptura de las reglas de convivencia democrática.   

Las “conferencia mañaneras” de López Obrador se han convertido en el escenario perfecto para violar la ley. No sabemos si impunemente, porque si bien están los llamados del INE para que el presidente sea respetuoso con la ley electoral, también están las denuncias de la oposición, que, en su momento, el tribunal electoral deberá valorar qué tanto violan las leyes.   

Y es que, más allá de lo que digan las encuestas de intención de voto, esas fotografías instantáneas, estamos ante lo que el politólogo Adam Pzerworski identifica como “incertidumbre democrática” por la formación de dos grandes bloques electorales: el del oficialismo que postula a Claudia Sheinbaum y el de la oposición que postula a Xóchilt Gálvez.   

Ahora bien, según constitucionalistas y politólogos consultados por el diario El Universal entre los que destacan Mauricio Merino, Francisco Burgoa y Javier Martín Reyes, sería el propio AMLO quien esté fraguando un autogolpe de estado en el caso de que su candidata, Claudia Sheinbaum, no sea beneficiada por el voto mayoritario de los mexicanos.   

Y podría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la instancia constitucional encargada de validar y calificar la elección presidencial, quien salga a declarar después de desahogar los recursos interpuestos por las violaciones a la ley que no son legales o que no ganó su candidata. 

O sea, el presidente se está poniendo los zapatos antes de espinarse. Y es que, como bien señala Mauricio Merino, el presidente viola sistemáticamente la Constitución al grado que usa los recursos del gobierno hasta para promover la venta de su último libro, donde da las gracias al pueblo de México. Y eso es inconstitucional.   

Repito: el presidente se debe a la Constitución, no a sus humores y preferencias electorales. No es libertad de expresión: es otra cosa, y esa libertad está destinada a los simples mortales. Así que hay que estar atentos a sus desplantes incluso de una realidad que cada día se descompone más por la violencia imparable que ya no solo acaba con la vida personas sino también con su hábitat: pueblos enteros que están siendo desalojados por temor a la muerte o, peor, por las pérdidas familiares.   

El artículo 29 de la Constitución establece que en una situación de excepción el presidente puede declarar suspendido el proceso electoral y continuar en forma extraordinaria en el poder como ha sucedido en otros países (léase, a propósito, el libro revelador Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de la Universidad de Harvard, que se dieron a la tarea de documentar experiencias, así como proponer antídotos institucionales).    

Lamentablemente, si las cosas empeoran, se están cuadrando para mal. Lo que está sucediendo en la calle y en los órganos electorales va perfilando un escenario que pone y pondrá a prueba a las instituciones democráticas. Y es que no es poca cosa lo que en estas elecciones está en juego. No son solo unos cargos públicos sino la vigencia del sistema democrático. Y eso le da otro carácter a la elección presidencial, y es en ella donde cobran sentido las palabras y los hechos de Palacio Nacional incluso más allá, en los sótanos de la política.

Y será entonces cuando podremos dar respuestas definitivas a las preguntas con las que abrimos este artículo. Esperemos que no sea demasiado tarde. 

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¿Por qué el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó esta semana que la oposición está tramando un golpe de estado técnico a través del Poder Judicial? ¿Por qué lo hace sin aportar ninguna evidencia? ¿Por qué hasta el momento el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha acusado recibo y lanzado un llamado a que no intervenga nuevamente en el proceso electoral? ¿Acaso no podría ser él quien está fraguando una forma para conservar el poder? Lo cierto es que su interferencia sistemática en el proceso electoral ha sido y es perniciosa, con el resultado de delitos electorales.   

Nada tiene que ver esto con la libertad de expresión. AMLO no es un ciudadano más, sino el presidente de la República. Y los ciudadanos de a pie sí tienen derecho a la libertad de expresión, mientras que el presidente se debe a la Constitución. Recordemos que en la toma de posesión del cargo de presidente de la República juró “respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. O tiene una confusión mayúscula o actúa para provocar un escenario de ruptura de las reglas de convivencia democrática.   

Las “conferencia mañaneras” de López Obrador se han convertido en el escenario perfecto para violar la ley. No sabemos si impunemente, porque si bien están los llamados del INE para que el presidente sea respetuoso con la ley electoral, también están las denuncias de la oposición, que, en su momento, el tribunal electoral deberá valorar qué tanto violan las leyes.   

Y es que, más allá de lo que digan las encuestas de intención de voto, esas fotografías instantáneas, estamos ante lo que el politólogo Adam Pzerworski identifica como “incertidumbre democrática” por la formación de dos grandes bloques electorales: el del oficialismo que postula a Claudia Sheinbaum y el de la oposición que postula a Xóchilt Gálvez.   

Ahora bien, según constitucionalistas y politólogos consultados por el diario El Universal entre los que destacan Mauricio Merino, Francisco Burgoa y Javier Martín Reyes, sería el propio AMLO quien esté fraguando un autogolpe de estado en el caso de que su candidata, Claudia Sheinbaum, no sea beneficiada por el voto mayoritario de los mexicanos.   

Y podría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la instancia constitucional encargada de validar y calificar la elección presidencial, quien salga a declarar después de desahogar los recursos interpuestos por las violaciones a la ley que no son legales o que no ganó su candidata. 

O sea, el presidente se está poniendo los zapatos antes de espinarse. Y es que, como bien señala Mauricio Merino, el presidente viola sistemáticamente la Constitución al grado que usa los recursos del gobierno hasta para promover la venta de su último libro, donde da las gracias al pueblo de México. Y eso es inconstitucional.   

Repito: el presidente se debe a la Constitución, no a sus humores y preferencias electorales. No es libertad de expresión: es otra cosa, y esa libertad está destinada a los simples mortales. Así que hay que estar atentos a sus desplantes incluso de una realidad que cada día se descompone más por la violencia imparable que ya no solo acaba con la vida personas sino también con su hábitat: pueblos enteros que están siendo desalojados por temor a la muerte o, peor, por las pérdidas familiares.   

El artículo 29 de la Constitución establece que en una situación de excepción el presidente puede declarar suspendido el proceso electoral y continuar en forma extraordinaria en el poder como ha sucedido en otros países (léase, a propósito, el libro revelador Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de la Universidad de Harvard, que se dieron a la tarea de documentar experiencias, así como proponer antídotos institucionales).    

Lamentablemente, si las cosas empeoran, se están cuadrando para mal. Lo que está sucediendo en la calle y en los órganos electorales va perfilando un escenario que pone y pondrá a prueba a las instituciones democráticas. Y es que no es poca cosa lo que en estas elecciones está en juego. No son solo unos cargos públicos sino la vigencia del sistema democrático. Y eso le da otro carácter a la elección presidencial, y es en ella donde cobran sentido las palabras y los hechos de Palacio Nacional incluso más allá, en los sótanos de la política.

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El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, condenó enérgicamente el atentado y aseguró que el ataque no quedará impune. Manifestó su compromiso de coordinar los esfuerzos de todos los niveles de gobierno para garantizar la protección necesaria a quienes participan en los procesos electorales.

La violencia política en Celaya y México

Celaya, la tercera ciudad más poblada de Guanajuato, se encuentra en una de las zonas más violentas del estado y del país, conocida como Laja-Bajío. Actualmente, la ciudad está gobernada por Javier Mendoza Márquez, del Partido Acción Nacional, quien busca su reelección a pesar de la tragedia que vivió al perder a su hijo en 2022.

En lo que va del proceso electoral en México, se han registrado 44 homicidios de candidatos, políticos, funcionarios y sus familiares. Aunque no existe un registro oficial, datos de la organización Data Cívica señalan al menos diez asesinatos de candidatos o aspirantes en el primer bimestre de 2024. Además, solo en febrero se reportaron 36 homicidios relacionados con violencia política, incluyendo a funcionarios públicos y familiares de políticos.

Elecciones históricas en México

México se prepara para las elecciones más grandes de su historia, que se llevarán a cabo el 2 de junio. Más de 97 millones de mexicanos están convocados para renovar 20,375 cargos federales, incluyendo la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados, los 128 del Senado y nueve gobiernos estatales.

En contraste, la consultora Data Int ha documentado el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, siendo la mayoría de ellos víctimas de violencia.

Fuente: EFE

La entrada Asesinato de candidata a alcaldía sacude municipio mexicano de Celaya se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, condenó enérgicamente el atentado y aseguró que el ataque no quedará impune. Manifestó su compromiso de coordinar los esfuerzos de todos los niveles de gobierno para garantizar la protección necesaria a quienes participan en los procesos electorales.

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Celaya, la tercera ciudad más poblada de Guanajuato, se encuentra en una de las zonas más violentas del estado y del país, conocida como Laja-Bajío. Actualmente, la ciudad está gobernada por Javier Mendoza Márquez, del Partido Acción Nacional, quien busca su reelección a pesar de la tragedia que vivió al perder a su hijo en 2022.

En lo que va del proceso electoral en México, se han registrado 44 homicidios de candidatos, políticos, funcionarios y sus familiares. Aunque no existe un registro oficial, datos de la organización Data Cívica señalan al menos diez asesinatos de candidatos o aspirantes en el primer bimestre de 2024. Además, solo en febrero se reportaron 36 homicidios relacionados con violencia política, incluyendo a funcionarios públicos y familiares de políticos.

Elecciones históricas en México

México se prepara para las elecciones más grandes de su historia, que se llevarán a cabo el 2 de junio. Más de 97 millones de mexicanos están convocados para renovar 20,375 cargos federales, incluyendo la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados, los 128 del Senado y nueve gobiernos estatales.

En contraste, la consultora Data Int ha documentado el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, siendo la mayoría de ellos víctimas de violencia.

Fuente: EFE

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El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, condenó enérgicamente el atentado y aseguró que el ataque no quedará impune. Manifestó su compromiso de coordinar los esfuerzos de todos los niveles de gobierno para garantizar la protección necesaria a quienes participan en los procesos electorales.

La violencia política en Celaya y México

Celaya, la tercera ciudad más poblada de Guanajuato, se encuentra en una de las zonas más violentas del estado y del país, conocida como Laja-Bajío. Actualmente, la ciudad está gobernada por Javier Mendoza Márquez, del Partido Acción Nacional, quien busca su reelección a pesar de la tragedia que vivió al perder a su hijo en 2022.

En lo que va del proceso electoral en México, se han registrado 44 homicidios de candidatos, políticos, funcionarios y sus familiares. Aunque no existe un registro oficial, datos de la organización Data Cívica señalan al menos diez asesinatos de candidatos o aspirantes en el primer bimestre de 2024. Además, solo en febrero se reportaron 36 homicidios relacionados con violencia política, incluyendo a funcionarios públicos y familiares de políticos.

Elecciones históricas en México

México se prepara para las elecciones más grandes de su historia, que se llevarán a cabo el 2 de junio. Más de 97 millones de mexicanos están convocados para renovar 20,375 cargos federales, incluyendo la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados, los 128 del Senado y nueve gobiernos estatales.

En contraste, la consultora Data Int ha documentado el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, siendo la mayoría de ellos víctimas de violencia.

Fuente: EFE

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La Fiscalía estatal ha iniciado las investigaciones correspondientes al crimen. El personal de la institución se trasladó de inmediato al municipio y está llevando a cabo diversas acciones de investigación, como el procesamiento del lugar de los hechos, la búsqueda de indicios y entrevistas a testigos. La dependencia ha expresado su compromiso de esclarecer el móvil del crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

Condena y colaboración del gobierno

El gobernador del estado, Sergio Salomón, ha condenado el ataque y ha instado a la Fiscalía de Puebla a buscar justicia por este artero homicidio. El líder del partido oficialista Morena ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de González Pérez, y ha afirmado que su gobierno colaborará con las investigaciones y mantendrá una acción coordinada con las dependencias de seguridad municipales.

Antecedentes políticos

González Pérez había competido en el proceso electoral anterior como candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero perdió en dichas elecciones. En 2023 se unió al partido oficialista Morena, el cual representaba al momento de su fallecimiento.

Violencia política en México

Este hecho refleja la violencia política en México, donde la consultora Data Int ha documentado el asesinato de al menos 20 aspirantes en lo que va del año electoral. En total, se han registrado 76 personas “potencialmente vinculadas al proceso” que han sido asesinadas, lo que representa un aumento del 20% en comparación con los comicios de 2021.

Elecciones en México

México se prepara para las elecciones más grandes de su historia, que se llevarán a cabo el 2 de junio. Más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20,375 cargos federales, incluyendo la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados, los 128 del Senado y nueve Gobiernos estatales.

Fuente: EFE

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La Fiscalía estatal ha iniciado las investigaciones correspondientes al crimen. El personal de la institución se trasladó de inmediato al municipio y está llevando a cabo diversas acciones de investigación, como el procesamiento del lugar de los hechos, la búsqueda de indicios y entrevistas a testigos. La dependencia ha expresado su compromiso de esclarecer el móvil del crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

Condena y colaboración del gobierno

El gobernador del estado, Sergio Salomón, ha condenado el ataque y ha instado a la Fiscalía de Puebla a buscar justicia por este artero homicidio. El líder del partido oficialista Morena ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de González Pérez, y ha afirmado que su gobierno colaborará con las investigaciones y mantendrá una acción coordinada con las dependencias de seguridad municipales.

Antecedentes políticos

González Pérez había competido en el proceso electoral anterior como candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero perdió en dichas elecciones. En 2023 se unió al partido oficialista Morena, el cual representaba al momento de su fallecimiento.

Violencia política en México

Este hecho refleja la violencia política en México, donde la consultora Data Int ha documentado el asesinato de al menos 20 aspirantes en lo que va del año electoral. En total, se han registrado 76 personas “potencialmente vinculadas al proceso” que han sido asesinadas, lo que representa un aumento del 20% en comparación con los comicios de 2021.

Elecciones en México

México se prepara para las elecciones más grandes de su historia, que se llevarán a cabo el 2 de junio. Más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20,375 cargos federales, incluyendo la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados, los 128 del Senado y nueve Gobiernos estatales.

Fuente: EFE

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