Transparencia en los costos

Baltazar explicó que las hojas de costo han sido trabajadas y aprobadas en gestiones gubernamentales anteriores. Sin embargo, mencionó que algunas alcaldías e intendencias intentan desconocer estos documentos. “Estas hojas de costo ya han sido aprobadas por el Estado. Lo único que pedimos es que se respeten los ítems. Lamentablemente, algunas intendencias lo quieren manipular a su criterio”, afirmó.

Demostraciones en Oruro y más

Oruro es el primer departamento donde se lleva a cabo esta demostración, que cuenta con la presencia de representantes vecinales y organizaciones cívicas. Conapabol ha anunciado que estas pruebas se realizarán a nivel nacional, acompañadas por economistas y técnicos. La próxima semana se llevarán a cabo actividades similares en Cochabamba, mientras que este jueves la dirigencia participará en un ampliado nacional en La Paz para evaluar la situación del pan en cada región.

Acuerdo sobre el precio del pan

Baltazar recordó que en Oruro ya existe un acuerdo para mantener el precio del pan en 0,50 bolivianos hasta fin de año, y aplicar el nuevo costo de 0,80 bolivianos a partir de enero. Indicó que otros departamentos como Cochabamba, La Paz, Potosí y Chuquisaca están en proceso de definir la misma nivelación.

Insumos y producción

En cuanto a los insumos, el dirigente detalló que la harina sigue siendo la materia prima principal, seguida de pequeñas cantidades de manteca y azúcar. Aseguró que los panificadores trabajan bajo normas legales y recordó que el sector tuvo acceso a subvenciones en años anteriores, las cuales, según afirmó, se utilizaron para sostener la producción de pan variado.

Desigualdad en la regulación

Baltazar también señaló que uno de los factores que más encarece la producción son los beneficios sociales para los trabajadores panificadores, quienes cumplen jornadas de más de 16 horas. A esto se suman los costos administrativos exigidos por cada municipio, como licencias ambientales, patentes y permisos de funcionamiento.

“En cambio, los independientes están vendiendo sin documentación y las alcaldías les están dando vía libre. A nosotros nos exigen todo, a ellos no”, cuestionó Baltazar.

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El ajuste en el precio se propone como una estrategia para garantizar el abastecimiento del pan en el mercado nacional, teniendo en cuenta el aumento en los costos de producción. Ríos explicó que “con el precio de la harina en el mercado a 380 bolivianos, el precio del pan de batalla estaría oscilando entre 1,31 y 1 boliviano, ese costo lo estamos analizando”.

Estudio técnico del sector

Según el dirigente, esta propuesta se basa en un estudio técnico realizado por el sector panificador, el cual ya cuenta con una hoja de costos detallada. Sin embargo, Ríos subrayó que será responsabilidad del próximo gobierno revisar estos datos y definir una postura en función de los escenarios económicos que herede.

Propuestas al nuevo gobierno

Además del posible ajuste de precios, Conapabol anticipó que planteará al nuevo gobierno la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación de insumos necesarios para la elaboración del pan de batalla. Este producto es considerado esencial en la dieta de las familias bolivianas.

Precio actual del pan

En la actualidad, el precio del pan de batalla se mantiene en 0,50 bolivianos, gracias a un acuerdo vigente con el gobierno y al respaldo de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Esta entidad subvenciona insumos como harina, manteca, azúcar y levadura para el sector panificador.

Control estatal del producto

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, reiteró recientemente que el pan producido con harina subvencionada debe cumplir con ciertos parámetros específicos. Esto incluye un peso mínimo de 60 gramos y un precio máximo de 0,50 bolivianos, como parte del control estatal para asegurar que la población tenga acceso a este alimento básico.

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Rubén Ríos, ejecutivo de la Confederación, comentó: “Hay retraso en la entrega de harina. De otros insumos podemos cubrir, pero sin harina no, porque está costando en el mercado entre 480 y 500 bolivianos y ya no podemos comprar como antes hacíamos y seguíamos abasteciéndonos”.

El representante del sector también indicó que, a pesar de la falta de cumplimiento en la dotación estatal, los panaderos continúan elaborando el alimento al precio y peso acordado con las autoridades. “Ya tenemos más de 10 días de retraso, se está regularizando, pero así estamos, por encima del gramaje establecido”, añadió Ríos.

Compromiso con la calidad

Ríos aseguró que, como confederados, no temen a que los revisen, ya sea por parte de Defensa del Consumidor o la Alcaldía. La Confederación cuenta con 2.030 afiliados, cada uno de los cuales recibe cuatro quintales de harina por día. Sin embargo, debido a la alta demanda de la población, han tenido que recurrir a harina argentina para poder elaborar entre 8.000 y 9.000 panes diarios, manteniendo el peso óptimo del producto.

“Entonces está a 82 gramos. Nosotros no tenemos miedo a que nos revisen, que venga la defensa del consumidor”, concluyó Ríos. Esta situación pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sector panadero en Bolivia ante la falta de insumos esenciales para su producción.

/KMMN

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El viceministro de Comercio y Logística Interna, Luis Murillo, junto al gerente de Emapa, Franklin Flores, fueron los representantes del Gobierno en esta reunión. Durante el encuentro, se establecieron mesas de trabajo que se encargarán de analizar los costos de producción.

Garantía de maíz para el sector

“Garantizamos el maíz para el sector pecuario, tanto el porcino, avicultor y el lechero. Estamos garantizando el abastecimiento a estos tres sectores y de esta manera el sector pecuario va a contribuir a las medidas de abastecimiento en el mercado. Garantizando el abastecimiento de este insumo, estamos conscientes de que también el precio final de los productos va a ir bajando”, explicó Murillo.

Mesas de trabajo para abordar costos

El Gobierno y los productores acordaron formar mesas de trabajo que se centrarán en temas específicos de cada sector. Las reuniones comenzarán la próxima semana y estarán enfocadas en discutir el tema de costos de producción.

“Las tareas que nos ha dejado pendientes son trabajar por departamento y región con asociaciones, revisar el abastecimiento del grano y los costos de producción”, precisó Flores.

Opinión de los avicultores

Winston Ortiz, dirigente de los avicultores, considera que el acuerdo alcanzado es satisfactorio. Esto se debe a que el Gobierno ha garantizado la provisión de maíz para alimentar a sus animales.

/KMMN

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El viceministro de Comercio y Logística Interna, Luis Murillo, junto al gerente de Emapa, Franklin Flores, fueron los representantes del Gobierno en esta reunión. Durante el encuentro, se establecieron mesas de trabajo que se encargarán de analizar los costos de producción.

Garantía de maíz para el sector

“Garantizamos el maíz para el sector pecuario, tanto el porcino, avicultor y el lechero. Estamos garantizando el abastecimiento a estos tres sectores y de esta manera el sector pecuario va a contribuir a las medidas de abastecimiento en el mercado. Garantizando el abastecimiento de este insumo, estamos conscientes de que también el precio final de los productos va a ir bajando”, explicó Murillo.

Mesas de trabajo para abordar costos

El Gobierno y los productores acordaron formar mesas de trabajo que se centrarán en temas específicos de cada sector. Las reuniones comenzarán la próxima semana y estarán enfocadas en discutir el tema de costos de producción.

“Las tareas que nos ha dejado pendientes son trabajar por departamento y región con asociaciones, revisar el abastecimiento del grano y los costos de producción”, precisó Flores.

Opinión de los avicultores

Winston Ortiz, dirigente de los avicultores, considera que el acuerdo alcanzado es satisfactorio. Esto se debe a que el Gobierno ha garantizado la provisión de maíz para alimentar a sus animales.

/KMMN

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La propuesta oficial sugiere un incremento de solo 0,50 por litro para los productores. No obstante, los lecheros sostienen que este aumento no cubre sus costos de producción. Actualmente, reciben entre Bs 3,50 y Bs 3,60 por litro, pero están pidiendo que el precio se eleve a Bs 6.

“Ya no pueden sostener la actividad. Están enviando sus vacas al matadero. Es una situación crítica”, advirtió Eduardo Cirbián, presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple).

Propuesta de ajuste diferenciado

El dirigente explicó que la oferta del Gobierno es insuficiente. El sector ha propuesto un ajuste diferenciado, que incluye incrementos del 60% para la leche no regulada, 30% para la leche regulada y 10% para la leche destinada a la exportación.

Crisis de precios y costos

A la crisis de precios se suma la escasez de dólares, el aumento de los costos del maíz, la soya y los combustibles, así como las deudas que enfrentan los productores.

En el Beni, la situación es igualmente grave. “Las lecherías se están dejando. Ahorita está mejor hacer queso que vender leche”, afirmó Raúl Eggers, presidente del sector en el departamento. Criticó que el Gobierno ofrezca Bs 4 por litro, cuando la misma Pro Bolivia reconoce que el costo de producción es de Bs 5,16. Esto significaría trabajar a pérdida.

Acceso a insumos y costos

Ambos dirigentes coincidieron en que el acceso a insumos se vuelve cada vez más complicado y que los costos están fuera de control. Eggers reclamó que antes un quintal de maíz costaba Bs 60 y ahora se encuentra en Bs 170.

Movilizaciones posibles

Mientras las negociaciones se encuentran en un cuarto intermedio, los productores no descartan la posibilidad de movilizaciones. El malestar es generalizado, y si no se encuentra una solución realista, la producción de leche podría desplomarse en todo el país.

LDVY

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Reacción de los avicultores

La Asociación Departamental de Avicultores, a través de su vicepresidente Iván Carreón, manifestó su sorpresa ante la postura del Gobierno. Carreón destacó que los costos de producción han aumentado considerablemente debido a diversos problemas que enfrenta el país.

Durante los 24 días de bloqueo de carreteras, impulsados por sectores sociales “evistas”, el repoblamiento de las granjas se vio afectado. No se logró la llegada de los 1.200.000 pollitos bebé que se requerían semanalmente. En la última semana de octubre, solo llegaron más de 800.000, mientras que en la primera semana de noviembre la cifra fue de menos de 600.000, lo que comprometió el abastecimiento.

Advertencias del viceministro

El viceministro Silva ha señalado que es pertinente iniciar procesos de fiscalización a las empresas avicultoras. Esto se debe a la presunta afectación económica que estarían causando a la población, ya que se les acusa de incurrir en agio y especulación.

Sin embargo, Carreón también hizo hincapié en que los costos de producción de la carne de pollo han aumentado. Por ejemplo, el precio del maíz, que es un alimento balanceado esencial para los pollos, ha subido de Bs 80 a Bs 130.

Demanda y precios en aumento

Debido a la variación en los costos, Carreón aseguró que la demanda del pollo es mayor en esta época del año, especialmente por las fiestas de fin de año. El empresario explicó que el precio del producto está determinado por la oferta y la demanda.

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) ha manifestado que la actitud del Gobierno “atenta contra la iniciativa privada, la libre asociación y la propiedad privada”. Además, consideran que estas acciones van en contra de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.

Preocupación entre los productores

La situación actual ha generado una gran preocupación entre los productores avícolas. Ellos ven las medidas gubernamentales como una amenaza a su actividad económica. Los avicultores afirman que son conscientes de las fluctuaciones anuales en los precios y consideran injustas las acusaciones de especulación.

La entrada Avicultores de Cochabamba rechazan advertencias del Gobierno sobre procesos por aumento de precios se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Reacción de los avicultores

La Asociación Departamental de Avicultores, a través de su vicepresidente Iván Carreón, manifestó su sorpresa ante la postura del Gobierno. Carreón destacó que los costos de producción han aumentado considerablemente debido a diversos problemas que enfrenta el país.

Durante los 24 días de bloqueo de carreteras, impulsados por sectores sociales “evistas”, el repoblamiento de las granjas se vio afectado. No se logró la llegada de los 1.200.000 pollitos bebé que se requerían semanalmente. En la última semana de octubre, solo llegaron más de 800.000, mientras que en la primera semana de noviembre la cifra fue de menos de 600.000, lo que comprometió el abastecimiento.

Advertencias del viceministro

El viceministro Silva ha señalado que es pertinente iniciar procesos de fiscalización a las empresas avicultoras. Esto se debe a la presunta afectación económica que estarían causando a la población, ya que se les acusa de incurrir en agio y especulación.

Sin embargo, Carreón también hizo hincapié en que los costos de producción de la carne de pollo han aumentado. Por ejemplo, el precio del maíz, que es un alimento balanceado esencial para los pollos, ha subido de Bs 80 a Bs 130.

Demanda y precios en aumento

Debido a la variación en los costos, Carreón aseguró que la demanda del pollo es mayor en esta época del año, especialmente por las fiestas de fin de año. El empresario explicó que el precio del producto está determinado por la oferta y la demanda.

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) ha manifestado que la actitud del Gobierno “atenta contra la iniciativa privada, la libre asociación y la propiedad privada”. Además, consideran que estas acciones van en contra de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.

Preocupación entre los productores

La situación actual ha generado una gran preocupación entre los productores avícolas. Ellos ven las medidas gubernamentales como una amenaza a su actividad económica. Los avicultores afirman que son conscientes de las fluctuaciones anuales en los precios y consideran injustas las acusaciones de especulación.

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Detalles sobre la subvención

Gallardo explicó que, al elaborar el presupuesto para la partida de combustibles, se consideró necesario mantener la subvención a nivel nacional durante todo el año 2025. Este monto es significativo, ya que el Estado destina aproximadamente 56 millones de dólares semanalmente para garantizar esta subvención.

La subvención de combustible en Bolivia permite que el mercado interno acceda a gasolina y diésel a precios más bajos. Actualmente, el litro de gasolina se vende a Bs 3,74, mientras que el litro de diésel cuesta Bs 3,72. Sin embargo, Gallardo destacó que, dado que el 50% de la gasolina es importada y el 86% del diésel proviene del exterior, los costos para el Gobierno son considerablemente más altos.

Producción nacional y biodiésel

El resto de los combustibles es producido en el país por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Por esta razón, el Gobierno está trabajando en la implementación de plantas de biodiésel con el objetivo de disminuir las importaciones de este tipo de carburante y, en consecuencia, reducir su costo. Actualmente, ya hay una planta en funcionamiento en Santa Cruz y se espera que otra esté lista para abril de 2025.

Compromiso del Gobierno

Gallardo reiteró que, a pesar de las especulaciones y críticas, el Gobierno seguirá adelante con la subvención tal como se estableció en el Presupuesto General del Estado 2025, que ya ha sido enviado a la Asamblea Legislativa. Además, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, afirmó que eliminar la subvención provocaría un aumento en el costo de vida, ya que los costos de producción se incrementarían.

La entrada El Gobierno mantendrá la subvención de combustibles en 2025, asegura ministro se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Detalles sobre la subvención

Gallardo explicó que, al elaborar el presupuesto para la partida de combustibles, se consideró necesario mantener la subvención a nivel nacional durante todo el año 2025. Este monto es significativo, ya que el Estado destina aproximadamente 56 millones de dólares semanalmente para garantizar esta subvención.

La subvención de combustible en Bolivia permite que el mercado interno acceda a gasolina y diésel a precios más bajos. Actualmente, el litro de gasolina se vende a Bs 3,74, mientras que el litro de diésel cuesta Bs 3,72. Sin embargo, Gallardo destacó que, dado que el 50% de la gasolina es importada y el 86% del diésel proviene del exterior, los costos para el Gobierno son considerablemente más altos.

Producción nacional y biodiésel

El resto de los combustibles es producido en el país por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Por esta razón, el Gobierno está trabajando en la implementación de plantas de biodiésel con el objetivo de disminuir las importaciones de este tipo de carburante y, en consecuencia, reducir su costo. Actualmente, ya hay una planta en funcionamiento en Santa Cruz y se espera que otra esté lista para abril de 2025.

Compromiso del Gobierno

Gallardo reiteró que, a pesar de las especulaciones y críticas, el Gobierno seguirá adelante con la subvención tal como se estableció en el Presupuesto General del Estado 2025, que ya ha sido enviado a la Asamblea Legislativa. Además, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, afirmó que eliminar la subvención provocaría un aumento en el costo de vida, ya que los costos de producción se incrementarían.

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Este año, la Central Obrera Boliviana (COB) demandó un incremento del 8% al salario mínimo nacional y del 7% al haber básico. Desde el ente de los trabajadores aseguraron que las negociaciones con el Gobierno están en su etapa final. Sin embargo, desde un inicio el sector empresarial criticó esta demanda porque ellos se verán directamente afectados.

Prerrogativas planteadas podrían ser desproporcionadas

En este contexto, Rodríguez cuestionó las demandas de la COB, señalando que las prerrogativas planteadas podrían ser desproporcionadas. La ausencia de un segundo aguinaldo en 2023 y las proyecciones de crecimiento económico moderado para este año son motivo de preocupación, aseguró.

Impacto en la inversión y el empleo

El economista destacó el impacto potencial en la inversión y el empleo que podría resultar de un aumento salarial excesivo, advirtiendo sobre el encarecimiento de los productos nacionales y el riesgo de favorecer el contrabando. Rodríguez hizo notar la discrepancia entre los incrementos propuestos y la tasa de inflación del año anterior.

Incremento salarial solo aplica a empresas formales

En esa línea, explicó que el incremento salarial obligatorio solo se aplica a las empresas formales que pagan impuestos, mientras que la informalidad, que alcanza entre el 80% y 85%, no paga altos tributos y tampoco tiene rígidas obligaciones sociales. Por eso, los empresarios consideran que el incremento salarial es una medida desequilibrada.

Efecto en cascada y carga adicional para los empleadores

Una preocupación fundamental expresada por Rodríguez es el efecto en cascada que podría tener el aumento salarial, generando una carga adicional para los empleadores y afectando la viabilidad de muchas empresas.

“Puede significar una carga superior al 40% para el empleador, sin que suba en igual proporción la productividad del trabajador o las ventas para generar los recursos adicionales necesarios, al subir también las obligaciones sociales como son los aportes patronales para salud, aguinaldo, jubilación, bono de antigüedad, pago de feriados y dominicales, primas, entre otros”, dijo.

Diálogo tripartito para encontrar soluciones equitativas

Desde la perspectiva del IBCE, el diálogo tripartito entre gobierno, empleadores y trabajadores, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es crucial para encontrar soluciones equitativas y sostenibles. Por eso, Rodríguez planteó una flexibilización de la legislación laboral para adaptarse a las diversas realidades del mercado laboral.

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