La 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), celebrada en la ciudad de Belém, en plena selva amazónica, podría pasar a la historia por algo que va mucho más allá de las negociaciones técnicas sobre emisiones y objetivos internacionales. La conferencia finalmente puso sobre la mesa el debate sobre el acceso a la información, la alfabetización digital y los derechos informativos de las comunidades marginadas.

Esto no es poca cosa. Durante décadas, las conferencias sobre el clima han abordado la ciencia, la economía, la geopolítica y las transiciones energéticas, pero rara vez han abordado la pregunta que define la vida de millones de personas: ¿quién tiene realmente acceso a la información necesaria para afrontar la crisis climática?

En los documentos aprobados, especialmente la Declaración sobre la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático y el texto final, conocido como el Grupo de Trabajo Mundial, la ONU reconoce que la desinformación, el negacionismo, los ataques a la ciencia y la desigualdad en el acceso a la información son temas centrales de la agenda climática contemporánea.

Este movimiento es importante porque legitima, a escala internacional, algo que investigadores y comunicadores comunitarios saben desde hace mucho tiempo: el cambio climático tiene mayor impacto donde la información llega menos. Al admitir esto, la COP30 da un paso simbólico importante, reconociendo que la información también es una herramienta para la supervivencia.

La solución queda en manos del voluntarismo de los gobiernos

Pero el entusiasmo inicial pronto choca con la dura realidad política: a pesar de citar temas cruciales, la COP30 lo hace mediante verbos tímidos sin fuerza normativa, como: alentar, apoyar, invitar y promover. No hay obligaciones, plazos, monitoreo, financiación ni objetivos vinculantes. La ONU describe el problema con precisión, pero deja la solución en manos del voluntarismo de los gobiernos.

Esta brecha no es un detalle; produce consecuencias concretas y profundamente desiguales. Cuando un documento global no determina acciones prácticas, el impacto de esta ausencia no se distribuye equitativamente. Al contrario, la carga recae precisamente sobre quienes ya viven en primera línea de la crisis climática.

La Conferencia sobre el Clima menciona a los pueblos indígenas, las poblaciones negras, las mujeres, la infancia, los migrantes y las comunidades locales. Pero nombrar no es lo mismo que priorizar, y mucho menos garantizar la acción. Al no transformar este reconocimiento en políticas operativas, estas poblaciones siguen estando subrepresentadas, ya no por omisión total, sino por una inclusión superficial. La ONU habla de ellas, pero no desde su perspectiva.

Las favelas latinoamericanas, especialmente las brasileñas, son un crudo retrato de esta brecha entre el discurso y la realidad. Estos territorios, marcados por la ausencia del Estado y las persistentes desigualdades, concentran a algunos de los grupos más afectados por la crisis climática: mujeres, niños, población negra, migrantes y personas mayores. Es en estos espacios donde la desigualdad de la información se hace aún más evidente.

Hablar de “acceso a la información” en regiones que coexisten con internet inestable, teléfonos celulares limitados, falta de computadoras y plataformas públicas inaccesibles no es solo un desafío técnico, sino un desafío político.

Estos son los que identifico como desiertos de información: lugares donde los flujos de información son escasos, interrumpidos o distorsionados; territorios donde el conocimiento científico sobre el clima llega demasiado tarde o simplemente no llega. Donde la alerta de lluvia intensa se pierde entre una señal débil, una aplicación que no se abre y datos meteorológicos escritos en un lenguaje que no se adapta a la vida cotidiana.

Manteniendo los privilegios

La ausencia de medidas prácticas expone la lógica que Bruno Latour (2020) ya había identificado: la desinformación y la falta de políticas públicas no son accidentales; funcionan para mantener los privilegios. Cuando la ONU evita comprometerse con mecanismos vinculantes, refuerza la perversa simetría de la crisis climática, en la que quienes menos contaminan siguen siendo los más afectados, y quienes más contaminan siguen decidiendo el ritmo de las respuestas globales.

En definitiva, la COP30 repite un patrón clásico de las negociaciones multilaterales: avanza en el discurso, pero deja la práctica para después. Un “después” que nunca llega para quienes viven al borde de la supervivencia.

Esta distancia entre lo declarado y lo hecho mantiene una brecha entre los principales negociadores internacionales y las poblaciones de los territorios. La norma avanza, el lenguaje se sofistica, los documentos se multiplican, pero la vida en las comunidades periféricas sigue marcada por la falta de infraestructura, una red eléctrica estable, saneamiento, conectividad y políticas territoriales sólidas. Se habla mucho de resiliencia, pero poco de las condiciones materiales e informativas que la hacen posible.

La COP30 abrió un debate importante y necesario: reconoció que la información es un instrumento para la justicia social y climática. Sin embargo, aún vivimos en un mundo donde la velocidad del discurso internacional es infinitamente mayor que la de las políticas públicas. El riesgo es que la COP30 pase a la historia como una reunión importante más que habló de inclusión, pero que no incluyó en la práctica a quienes más sufren la crisis climática. Y sin acción inclusiva, no hay justicia climática posible.

Matheus Ribeiro Pereira es doctor en Comunicación por la Universidad Federal Fluminense (UFF) y máster en Economía Creativa, Estrategia e Innovación por la Escuela Superior de Publicidad y Marketing (ESPM). Es investigador y consultor en Comunicación Comunitaria en Favelas.

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Como en ediciones anteriores, la COP30 evaluará el grado de cumplimiento de las promesas realizadas. También surgirán nuevos pronunciamientos y, con seguridad, nuevas promesas de fondos para los países en desarrollo. Entre todas ellas destacan los compromisos asumidos por los ministros de Finanzas de Azerbaiyán y Brasil en la hoja de ruta de Bakú a Belém, con los que se espera incrementar los fondos destinados a los países en desarrollo desde los 300 mil millones comprometidos en la COP29 hasta unos 1,3 billones de dólares anuales a partir del año 2035. Nuevas ambiciones, viejas promesas.

Esta nueva COP también evidenciará la ausencia de la delegación estadounidense, así como el retroceso de las ambiciones climáticas entre los europeos. Más allá del oscurantismo que prevalece en Washington o de los temores que emergen en los despachos de Bruselas, Belém pone de manifiesto el cisma geopolítico que atraviesa el esquema multilateral. Este nuevo contexto limita, evidentemente, las posibilidades de éxito de las propuestas mencionadas e impulsa el avance de nuevas exploraciones petrolíferas, un entusiasmo que comparten numerosos líderes latinoamericanos.

Independientemente de las distintas visiones, las discusiones no podrán soslayar los problemas de financiamiento que enfrentan las economías insulares y los países en desarrollo (EIPED). Esto incluye la necesidad de fondos para la mitigación, la adaptación y para cubrir los costos derivados de los desastres naturales.

2025 nos obliga a retrotraer las miradas a París

Las discusiones que surjan en Belém no podrán evadir la triste realidad. Un documento recientemente publicado por Naciones Unidas destaca que la temperatura promedio global se encamina a superar la barrera de los 2.8 C por encima de la temperatura pre industrial. Y es que la mayoría de los países prefiere sacrificar al planeta antes que abandonar proyectos intensivos en carbono. En lugar de disminuir, el diferencial de emisiones crece año tras año.

Mientras tanto, los daños ocasionados por los desastres naturales aumentan: según la empresa reaseguradora Munich Re, las pérdidas ocasionadas por el cambio climático en 2024 ascendieron a unos US$ 320 mil millones. El costo de la inacción aumenta año tras año, particularmente entre los EIPED. La brecha de financiamiento es particularmente aguda en materia de adaptación. Pero los efectos van más allá de lo monetario. La Organización Mundial de la Salud estima que las mayores temperaturas incrementarán en el futuro inmediato las muertes anuales en más de 250 mil personas, afectando más a quienes menos tienen.

Mientras las petroleras logran postergar la transición, los riesgos climáticos aumentan, así como los costos de adaptación.

Esta nueva COP también nos hace replantearnos el tan mencionado discurso, conocido como la “tragedia del horizonte”, del Primer Ministro Mark Carney ante la banca en Londres hace diez años. Y es que también aquí las expectativas terminaron marchitándose, lo que demuestra que no es posible revertir el patrón de financiamiento a partir de cambios cosméticos en el funcionamiento de los mercados. No basta una mayor transparencia ni la disponibilidad de información si la rentabilidad de corto plazo sigue determinando la asignación de recursos.

Pese a todo, un documento preparatorio para la COP30 emitido por los ministros de finanzas vuelve a destacar la necesidad de implementar el mismo tipo de medidas por parte de los EIPED, mejorar la transparencia y desregular el sistema financiero para así mejorar el acceso a los fondos. La solución propuesta, en definitiva, recrea el rol subsidiario que debe ocupar el Estado en materia climática ya que su función primordial es reducir el riesgo macroeconómico que enfrentan los inversores. El celo para reducir las restricciones legales a las entidades financieras les impide a estas mismas mencionar la debilidad institucional que enfrentan los países, cuya escasa capacidad regulatoria impide el surgimiento de medidas prudentes en materia ambiental.

El cambio de humor entre los inversores debilitó el impulso encabezado por el Primer Ministro canadiense destinado a transformar el sistema financiero. Y es que el sector privado subestima los riesgos económicos y financieros que conlleva la emergencia actual. Los escenarios que utilizan las entidades financieras desconocen el mencionado crecimiento en costos al que nos arrastra la tragedia ambiental. En los mercados de capitales se debería penalizar a aquellas compañías que acumulen reservas por encima del presupuesto de carbono necesario para impedir un mayor calentamiento. Del mismo modo, se debe comenzar a regular los flujos transfronterizos que intermedian los bancos globales cuando se dirigen a financiar proyectos intensivos en carbono. Pero pese a las deficiencias que acompañan a este tipo de fondos, la propuesta de financiamiento que traza la ruta de Bakú a Belém plantea que el sector privado garantizaría la mitad de los fondos sugeridos (U$S 650 mil millones).

Todo ello afecta el nivel de deuda de los países menos desarrollados, al tiempo que aumenta su exposición al riesgo financiero. En este sentido, el Análisis de Sostenibilidad de la Deuda Soberana (DSA) que lleva a cabo el FMI – BM debería ser ejemplar. Pero no lo es. Lamentablemente, el esquema de análisis actualmente en uso subestima el riesgo climático. Mientras enfrentan crecientes daños y perjuicios y crecen sus costos de adaptación, los países más expuestos observan un mayor costo de endeudamiento mientras los fondos prometidos siguen sin aparecer. Y de hecho, los esfuerzos de los países que si destinan recursos fiscales, no son considerados en el DSA.     

Los puntos de quiebre que parecían lejanos se acercan, los riesgos se acumulan y los “cisnes verdes” amenazan al sistema financiero. El riesgo de “ruina” debería inducir a los gobernantes a regular al sector e implementar un enfoque prudente, pero las presiones de los “lobos” sigue siendo más fuerte. El cabildeo de aquellos que manejan los fondos de inversión es más fuerte que las evidencias que surgen de la comunidad científica.

El intento de ocultar el sesgo de corto plazo que exhiben los mercados financieros impide avanzar con una propuesta que priorice el financiamiento de largo plazo y que otorgue un mayor protagonismo a la sociedad civil. Las propuestas para una “nueva era en el financiamiento climático” se parecen mucho a las viejas soluciones que usualmente surgen del sector financiero, industria también “cautiva” de los intereses de los combustibles fósiles. Como muchos plantean, resulta más factible esperar el fin del mundo que impulsar una transformación del modelo económico actual.  

Leonardo Stanley es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad – CEDES (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development”, Cambridge University Press, 2020.

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La presidencia brasileña de la COP30 informó durante el encuentro que cerca de 80 Estados se oponen a incluir en el documento principal de la cumbre cualquier referencia a los hidrocarburos y a la idea de una “hoja de ruta” para abandonarlos. Estas fuentes pidieron permanecer en el anonimato debido a que la discusión sigue en curso.

La reunión, que se llevó a cabo a puerta cerrada y fue descrita como tensa, fue convocada para intentar desbloquear las negociaciones en el último día oficial de la cumbre. Sin embargo, existe la posibilidad de que se extienda si es necesario.

Posturas de los países participantes

Entre los países que se manifestaron en contra de mencionar los combustibles fósiles en el texto se encuentran Arabia Saudí, Omán y Egipto. Por su parte, India rechazó que esta discusión esté condicionada al aumento de la financiación para la adaptación climática por parte de los países desarrollados, según una de las fuentes.

Durante la reunión, los países árabes acusaron a las naciones que buscan incluir una referencia a los hidrocarburos de obstaculizar el progreso con su insistencia en este tema.

Críticas a la posición de España

La delegada saudí, en su intervención, acusó directamente a “países como España” de ser responsables del estancamiento en las negociaciones y se quejó del tono con el que defienden sus posiciones.

El comisario de la UE de Clima, Wopke Hoekstra, afirmó en el encuentro que “bajo ninguna circunstancia” aceptarán un texto que no haga referencia a la necesidad de abandonar los hidrocarburos. Según una transcripción de su discurso, advirtió que solo si se menciona este tema, la UE “se moverá de su zona de confort” en cuanto a la financiación de acciones de adaptación, una de las principales demandas de los países en desarrollo.

Apoyo a la inclusión del fin de hidrocarburos

En la misma línea, la ministra de Medio Ambiente de Colombia, Irene Vélez, expresó su apoyo a la inclusión del fin de los combustibles fósiles en el texto y criticó a la presidencia brasileña de la COP30. “Están imponiendo consensos a través de vetos, están intentando silenciar a los países más ambiciosos”, declaró la funcionaria colombiana a los medios de comunicación que se encontraban a las puertas de la sala de reunión.

Para Vélez, abordar la financiación “no es suficiente” si no se ataca la “causa raíz” del cambio climático, que son los combustibles fósiles.

El borrador inicial y su evolución

La presidencia brasileña presentó el martes un primer borrador que establecía la meta de triplicar la financiación para adaptación y mencionaba una “hoja de ruta” para abandonar los hidrocarburos de manera gradual. Sin embargo, la mención a esta hoja de ruta fue eliminada del texto más reciente presentado por los brasileños el viernes 21 de noviembre de 2025, lo que ha generado descontento entre varios países y la sociedad civil presente en la ciudad amazónica de Belém.

Según una fuente de las delegaciones negociadoras, la presidencia brasileña se mantiene firme y se niega a incluir cualquier referencia a los hidrocarburos en el documento final.

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Oportunidades de negocio en Pará

Según la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), los productos que son compatibles con el bosque generan a nivel global unos 300.000 millones de dólares. Brasil participa con solo el 1% de esa cifra, a pesar de que alberga cerca del 60% de la mayor selva tropical del mundo. Viana afirmó: “Si ampliamos la presencia de nuestros productos de biosocioeconomía, podemos transformar la realidad amazónica (…) y generar más de 2.000 millones de dólares solo en la región”.

La COP30 no solo sirve como un escaparate global para la región y sus productos, sino que también brinda a empresas, instituciones y autoridades la oportunidad de conocer las diversas realidades de la Amazonía brasileña. Este evento se considera un momento ideal para fortalecer las conexiones entre la riqueza local y el mercado internacional.

Estudios sobre la Amazonía

ApexBrasil ha lanzado nuevos estudios sobre los estados amazónicos, incluyendo Pará, donde se han identificado oportunidades comerciales con mercados como Estados Unidos, México, Francia y China. Pará es la sede de la primera COP que se celebra en la Amazonía y se destaca por su potencial en cadenas productivas que pueden generar empleo e ingresos con un bajo impacto ambiental.

Este estado, que es el más poblado del norte de Brasil, cuenta con cerca de 8 millones de habitantes. En 2024, fue el mayor exportador de la región, representando el 77,5% de las exportaciones, y el sexto del país. La industria extractiva constituyó el 70,1% de los 23.000 millones de dólares en ventas al extranjero. Entre 2019 y 2024, se anunciaron inversiones por 255,5 millones de dólares, provenientes principalmente de Estados Unidos (72,2%) y España (21,4%). Estas inversiones se concentraron en sectores como software informático (55,5%) y servicios financieros (23,1%).

El potencial de la Amazonía

Más allá de Pará, la selva amazónica ocupa casi el 50% del territorio brasileño y presenta oportunidades subexplotadas para transformar las comunidades locales y la economía nacional. Productos como café, cacao, castañas, açaí y pescados son ejemplos de este potencial. Viana enfatizó: “La Amazonía no solo es vital para el equilibrio climático, sino también una frontera estratégica para la bioeconomía y el comercio sostenible”.

Sin embargo, es fundamental avanzar en políticas públicas que permitan aumentar la producción y agregar valor a estos productos de manera inclusiva y sostenible. Aunque el cacao es originario de la Amazonía, Costa de Marfil y Ghana son responsables del 70% de la producción mundial. Según Viana, solo alrededor del 7% del valor del chocolate se queda en manos de los productores.

Productos compatibles con el bosque

El café tiene una variedad amazónica que se adapta al clima y podría ser utilizada por pequeños productores para recuperar áreas degradadas. Viana explicó que “es un producto compatible con el bosque, que puede ser entre 50 y 100 veces más rentable que la ganadería”. Otro producto destacado es el açaí, que se considera “el ejemplo de mayor éxito del enorme potencial que tienen los productos compatibles con el bosque en la Amazonía”.

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Según una nota de la Vicepresidencia publicada este miércoles 19 de noviembre, Lara mencionó que la reunión tiene como objetivo fortalecer la cooperación con Brasil para fomentar políticas ambientales. Además, destacó que Bolivia está promoviendo un enfoque integral para la protección de los bosques y la biodiversidad.

El Vicepresidente también subrayó la importancia de establecer normas más estrictas para abordar problemas como los incendios forestales, que afectan anualmente a millones de hectáreas. Afirmó que el actual Gobierno busca avanzar hacia una legislación más sólida en este ámbito.

Historia de las negociaciones climáticas

Durante la reunión, el embajador Do Lago revisó la evolución de las negociaciones climáticas desde la Cumbre de Río de 1992 hasta el Acuerdo de París. Destacó que los debates internacionales han evolucionado, pasando de ser un tema ambiental a convertirse en un proceso vinculado a la economía y al desarrollo.

Do Lago sostuvo que la cooperación entre países es un factor clave para enfrentar los desafíos globales actuales. Esta colaboración es esencial para abordar los problemas ambientales que afectan a la región y al mundo.

Compromiso de Bolivia

El Ministro de Aguas, Desarrollo Rural y Productivo, Óscar Mario Justiniano, también estuvo presente en el encuentro. Mencionó que Bolivia se mantiene comprometida con una agenda climática responsable y citó avances como los bonos de carbono, el sistema RENAPP para evitar la doble contabilidad y la aprobación de los NDC 3.0 sobre financiamiento climático.

Sin embargo, Justiniano reconoció que aún es necesario reforzar el marco normativo para garantizar una mayor efectividad en las políticas ambientales.

Mecanismos de carbono

En relación con los mecanismos de carbono, Do Lago explicó que los sistemas de alta calidad pueden contribuir a la prevención y mitigación de incendios forestales. Esto es fundamental para proteger los recursos naturales y la biodiversidad en la región.

Además, agregó que la coordinación entre los sectores de Hacienda y Medio Ambiente es crucial para atraer inversiones y consolidar políticas públicas sostenibles. También expresó que Brasil está dispuesto a compartir su experiencia legislativa y técnica en materia ambiental, lo que podría beneficiar a Bolivia en sus esfuerzos por mejorar su marco normativo.

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Protesta de los Munduruku

Casi 90 miembros de la etnia Munduruku, ataviados con penachos de plumas y collares de semillas, crearon alrededor de las 6:00 horas un cordón con bastones rituales de madera. Este cordón impidió que los participantes entraran a la conocida como Zona Azul, el área restringida bajo administración de la ONU donde se llevan a cabo las negociaciones.

Los organizadores de la cumbre abrieron una entrada alternativa, lo que provocó largas filas de más de una hora para acceder al recinto. Esto generó molestias entre los asistentes que intentaban ingresar al evento.

Diálogo con el presidente de la COP30

Alrededor de las 9:00 horas, unas tres horas después del inicio de la protesta, el presidente de la COP30, el brasileño André Corrêa do Lago, se acercó y comenzó una conversación con los líderes de la protesta. Después de media hora de diálogo, acordaron continuar la conversación en otro lugar y liberar la entrada bloqueada.

Demandas de los indígenas

Los Munduruku, que viven en las orillas del río Tapajós, protestan contra proyectos gubernamentales que consideran “predatorios”. Entre estos proyectos se encuentran los planes para desarrollar una línea de ferrocarril a través de la selva, destinada a transportar productos agrícolas del interior del país.

Además, pidieron al Gobierno brasileño que cancele un proyecto para drenar los ríos amazónicos con el objetivo de crear “hidrovías”. Este proyecto también busca facilitar el transporte de soja y otros cultivos, lo que preocupa a los indígenas por el impacto ambiental.

Mensaje de Alessandra Munduruku

“La COP30 no va a solucionar nuestros problemas, pero tienen que escucharnos”, afirmó a los medios Alessandra Munduruku, una de las líderes de la protesta. Munduruku añadió que “no se puede negociar” el futuro de sus hijos ni el de la “madre naturaleza”. También criticó la minería, que a menudo contamina con mercurio las aguas de los ríos de los que dependen.

Reflexiones sobre la integración

“Tenemos que ver cómo los integramos mejor”, declaró Corrêa do Lago mientras se abría paso entre la multitud. Su comentario refleja la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

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El informe, realizado en colaboración con la Universidad de Colorado, destaca que el ciclo de vida de los combustibles fósiles “destruye ecosistemas naturales insustituibles y perjudica los derechos humanos”. Esto afecta especialmente a quienes residen cerca de instalaciones de carbón, petróleo y gas.

El estudio también calcula el potencial de los daños globales que pueden ocasionar tanto las estructuras ya existentes como las que están en planificación.

Exploración de petróleo en Brasil

En Brasil, que es la sede de esta trigésima conferencia mundial sobre el clima (COP30), las autoridades ambientales, con el respaldo del Gobierno federal, han aprobado la exploración de petróleo en una zona cercana a la desembocadura del río Amazonas. Esta área es de alto valor biológico.

Agnès Callamard, secretaria general de AI, advirtió que “la constante expansión de la industria de los combustibles fósiles está poniendo en peligro miles de millones de vidas y alterando irreversiblemente el sistema climático”.

Datos sobre la exposición a riesgos

La Universidad de Colorado, a través de su departamento Better Planet Laboratory, ha mapeado el grado de exposición de las poblaciones a las infraestructuras de combustibles fósiles. También ha analizado las emisiones globales diarias de gases contaminantes.

Los datos recopilados indican que, entre las personas que viven a menos de 5 kilómetros de instalaciones petroleras o similares, hay 520 millones de niños expuestos a impactos medioambientales.

Además, se señala que “el sector de los combustibles fósiles sigue en expansión”, lo que podría poner en riesgo a al menos 135 millones de personas más en los próximos años.

Aumento de centrales y minas

El informe destaca que “el número de centrales y minas de carbón está aumentando principalmente en China y en India”. También alerta que “más del 16% de las infraestructuras de combustibles fósiles del mundo se encuentran en territorios indígenas”.

El documento incluye entrevistas con cerca de 100 personas afectadas, como pescadores artesanales en Brasil, defensores de tierras indígenas en Canadá y miembros de comunidades costeras en Senegal.

Limitaciones en la documentación

Los datos obtenidos se cruzaron con investigaciones anteriores contra grandes empresas del sector de petróleo y gas en Ecuador, Colombia y Nigeria.

Amnistía Internacional asegura que las conclusiones “subestiman las verdaderas dimensiones globales de esa exposición”. Esto se debe a lagunas en la documentación de los proyectos y a las limitaciones en los censos de varios países analizados.

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Relación con Brasil

Alcón destacó que Bolivia ha mantenido buenas relaciones con diversos gobiernos, bloques regionales y organismos internacionales, siempre basadas en el respeto mutuo. En este contexto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, extendió una invitación a Luis Arce para que participe en la cumbre. Sin embargo, la viceministra aclaró que, a pesar de la invitación, el Presidente no viajará a Brasil, ya que está enfocado en la transición democrática.

Transición democrática en Bolivia

La viceministra subrayó que, tras 28 años, Bolivia experimentará una transición de gobierno electo a otro electo, lo que significa que será un proceso ordenado y democrático. Actualmente, se están formando equipos de transición y organizando los actos ceremoniales y protocolares que se llevarán a cabo el 8 de noviembre de 2025. Luis Arce está coordinando con los ministerios y equipos técnicos las tareas relacionadas con el traspaso de mando.

Desmentido de versiones

Alcón enfatizó que, aunque la invitación de Lula está en pie, Bolivia se encuentra en un proceso de transición democrática. Por lo tanto, se desmienten todas las versiones que han circulado en las últimas horas sobre la participación del Presidente en la cumbre. La COP30 comenzará el 10 de noviembre de 2025, y será el nuevo gobierno el que decida la participación del país en este evento internacional.

Coordinación interna

En cuanto a la coordinación interna, se tiene programada una reunión entre el Presidente Luis Arce y el mandatario electo Rodrigo Paz para discutir diversos temas. Mientras tanto, los diferentes ministerios están llevando a cabo sus procesos de transición, entregando documentación e información de manera ordenada. También se está trabajando en conjunto con los equipos de protocolo, la Cancillería y otras instituciones para organizar los actos oficiales y ceremoniales del Estado, según lo informado a través de DTV.

Detalles de la COP30

La COP30, convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se llevará a cabo en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025. Antes de la cumbre, se prevé una reunión de mandatarios los días 6 y 7 de noviembre, donde se abordarán temas relevantes sobre el cambio climático y la cooperación internacional.

/KMMN

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El empresario, que celebra su 70° cumpleaños este martes y posee una fortuna cercana a 122.000 millones de dólares, explicó que, aunque el cambio climático tendrá efectos severos, especialmente en los países más vulnerables, la mayoría de la población podrá seguir viviendo y prosperando.

“Aunque el cambio climático tendrá graves consecuencias, especialmente para las personas de los países más pobres, no conducirá a la desaparición de la humanidad”, afirmó Gates en su blog.

Crítica a la visión apocalíptica

Gates subrayó que no está de acuerdo con la visión apocalíptica que predomina en parte del debate sobre el clima. Destacó los avances que se han logrado hasta ahora en la lucha contra el cambio climático. Afirmó que cada décima de grado de calentamiento que se evite tiene un impacto positivo, ya que un clima más estable mejora la calidad de vida y facilita el desarrollo humano.

Enfoque en la adaptación

Además, advirtió que un enfoque excesivo en la reducción de emisiones a corto plazo puede desviar recursos de otras medidas que son más efectivas para proteger tanto a las personas como al planeta. “Necesitamos seguir apoyando los avances que ayudarán al mundo a alcanzar cero emisiones”, añadió Gates, resaltando que ajustar las estrategias es clave para enfrentar los efectos del cambio climático de manera más integral.

Importancia de la COP30

Aunque no participará directamente en la COP30, Gates considera que la cumbre organizada por Brasil será un punto de partida significativo, ya que prioriza la adaptación climática y el desarrollo humano.

Los comentarios de Gates representan una actualización de su visión respecto a su libro de 2021, “Cómo evitar un desastre climático: Las soluciones que ya tenemos y los avances que aún necesitamos”. Su objetivo es enfatizar la importancia de fortalecer la resiliencia frente a los desafíos que presenta el cambio climático.

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La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, enfatizó que sin este acuerdo, el clima global estaría “fuera de control”. Este evento también sirvió como preparación para la próxima COP30, que se llevará a cabo en Belém, Brasil, en noviembre.

Hidalgo destacó que “si no hubiéramos tenido el Acuerdo de París, nos aproximaríamos a los 4 o 5 grados centígrados más, lo que querría decir una situación fuera de control en el planeta”. El objetivo de este acuerdo es mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de 2 °C a largo plazo y acercarlo a 1,5 °C.

Las ciudades y el cambio climático

Los participantes coincidieron en que las grandes ciudades son fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Sadiq Khan, alcalde de Londres, subrayó que “las ciudades han resistido firmes, no como algunos gobiernos que han sido retardadores de la lucha climática”.

Khan y Hidalgo también publicaron una tribuna en The Guardian, donde afirmaron que no se dejarán “intimidar” por campañas de desinformación sobre sus iniciativas. Hidalgo advirtió: “No moriremos mañana por el cambio climático, estamos muriendo ya hoy y estábamos muriendo ya ayer”.

Un cambio de tono en el debate

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica de España, recordó un clima de optimismo en 2015, pero expresó que ahora hay “miedo, silencio y frustración” en el debate cotidiano sobre el cambio climático. Abogó por una cooperación más directa entre municipios y organismos internacionales para financiar iniciativas verdes.

Medidas concretas de las ciudades

Se debatieron diversas medidas concretas que han tomado las ciudades para combatir la crisis climática. María Eugénia Gay, concejala de Barcelona, explicó que la ciudad trabaja en tres frentes: energía, movilidad y adaptabilidad.

Detalló que se utilizan fondos recaudados mediante tasas turísticas para la adaptación climática de las escuelas barcelonesas. Esta estrategia busca hacer frente a los desafíos climáticos de manera efectiva y sostenible.

Expectativas para la COP30

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, cerró el evento afirmando que la COP30 será “la oportunidad para que el mundo demuestre que el tiempo de promesas y compromisos se ha acabado”. Enfatizó la necesidad de colaboración del sector privado y otros niveles de gobierno.

También participaron en el evento Susana Muhamad, exministra de Medioambiente de Colombia; Mauricio Rodas, exalcalde de Quito; y Carlos Moreno, creador del concepto de la ciudad de los 15 minutos.

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María Fernanda Souza, directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Uruguay, señala que espera que la región logre unificar su voz en la COP30, que se llevará a cabo en noviembre de 2025 en Brasil.

Uruguay se destaca por su liderazgo en esta cuestión, ya que cuenta con leyes específicas, un sistema nacional de respuesta y la capacidad de coordinar acciones en el Cono Sur y en toda América Latina.

Coordinación del Grupo Sur

En abril de 2025, Uruguay asumió la coordinación del Grupo Sur, que incluye a otros 4 países de la región: Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay. “Uruguay ahora tiene la responsabilidad de liderar la negociación a nivel de este grupo regional de cara a la COP30”, explica Souza.

La directora también menciona que ya se están llevando a cabo reuniones entre los países miembros para lograr posturas comunes. En este sentido, enfatiza que el multilateralismo enfrenta amenazas debido a las posturas que niegan el cambio climático, lo que requiere un esfuerzo conjunto.

Voz común para América Latina

Souza subraya la importancia de que América Latina encuentre una voz unificada. “Necesitamos una voz que nos permita posicionarnos en la negociación internacional, considerando nuestra vulnerabilidad climática, lo que debería facilitarnos el acceso a financiamiento para enfrentar los impactos del cambio climático sin sacrificar los recursos destinados al desarrollo”, señala.

Esta unión será fundamental en la COP30, donde se abordará el financiamiento climático y la arquitectura de la financiación a nivel internacional. “Esa arquitectura tiene que ser justa, sustentable y capaz de alimentarse a sí misma”, añade.

Fuentes de financiamiento internacional

Souza también menciona la necesidad de buscar fuentes de financiamiento internacional que permitan establecer una arquitectura financiera climática. Esto es crucial para que los países puedan acceder a fondos directamente en caso de desastres, sin depender de las decisiones de algunos gobiernos del norte.

Además, destaca que Latinoamérica debe potenciar la cooperación sur-sur y asumir un papel de liderazgo en este ámbito. “Tenemos la capacidad de liderar y vamos a liderar esta reformulación del multilateralismo desde el sur y desde América Latina”, afirma.

Fondo para pérdidas y daños

En abril de 2025, Souza participó en Barbados en la quinta Reunión del Fondo para pérdidas y daños, creado para apoyar a los países que sufren los impactos del cambio climático. La directora sostiene que al menos el 50% de ese fondo debe destinarse a financiar proyectos de recuperación en islas y países en desarrollo que son especialmente vulnerables.

Sin embargo, advierte que otros países en desarrollo, que no se consideran especialmente vulnerables, corren el riesgo de quedar excluidos de esta financiación. “Esto requiere que unifiquemos la voz del sur”, dice Souza, quien agrega que los países de África, Asia y Latinoamérica deben colaborar para que el fondo sea equitativo.

Preocupaciones por la vulnerabilidad

Finalmente, al ser consultada sobre sus principales preocupaciones respecto a lo que podría suceder en Uruguay, Souza destaca que se centran en las personas “especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático”.

Recordando las inundaciones y sequías que afectaron al país en 2023, enfatiza: “Las personas que más sufren los efectos del cambio climático son aquellas en situaciones de vulnerabilidad. Son las que tienen menos recursos y menores ingresos”.

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María Fernanda Souza, directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Uruguay, señala que espera que la región logre unificar su voz en la COP30, que se llevará a cabo en noviembre de 2025 en Brasil.

Uruguay se destaca por su liderazgo en esta cuestión, ya que cuenta con leyes específicas, un sistema nacional de respuesta y la capacidad de coordinar acciones en el Cono Sur y en toda América Latina.

Coordinación del Grupo Sur

En abril de 2025, Uruguay asumió la coordinación del Grupo Sur, que incluye a otros 4 países de la región: Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay. “Uruguay ahora tiene la responsabilidad de liderar la negociación a nivel de este grupo regional de cara a la COP30”, explica Souza.

La directora también menciona que ya se están llevando a cabo reuniones entre los países miembros para lograr posturas comunes. En este sentido, enfatiza que el multilateralismo enfrenta amenazas debido a las posturas que niegan el cambio climático, lo que requiere un esfuerzo conjunto.

Voz común para América Latina

Souza subraya la importancia de que América Latina encuentre una voz unificada. “Necesitamos una voz que nos permita posicionarnos en la negociación internacional, considerando nuestra vulnerabilidad climática, lo que debería facilitarnos el acceso a financiamiento para enfrentar los impactos del cambio climático sin sacrificar los recursos destinados al desarrollo”, señala.

Esta unión será fundamental en la COP30, donde se abordará el financiamiento climático y la arquitectura de la financiación a nivel internacional. “Esa arquitectura tiene que ser justa, sustentable y capaz de alimentarse a sí misma”, añade.

Fuentes de financiamiento internacional

Souza también menciona la necesidad de buscar fuentes de financiamiento internacional que permitan establecer una arquitectura financiera climática. Esto es crucial para que los países puedan acceder a fondos directamente en caso de desastres, sin depender de las decisiones de algunos gobiernos del norte.

Además, destaca que Latinoamérica debe potenciar la cooperación sur-sur y asumir un papel de liderazgo en este ámbito. “Tenemos la capacidad de liderar y vamos a liderar esta reformulación del multilateralismo desde el sur y desde América Latina”, afirma.

Fondo para pérdidas y daños

En abril de 2025, Souza participó en Barbados en la quinta Reunión del Fondo para pérdidas y daños, creado para apoyar a los países que sufren los impactos del cambio climático. La directora sostiene que al menos el 50% de ese fondo debe destinarse a financiar proyectos de recuperación en islas y países en desarrollo que son especialmente vulnerables.

Sin embargo, advierte que otros países en desarrollo, que no se consideran especialmente vulnerables, corren el riesgo de quedar excluidos de esta financiación. “Esto requiere que unifiquemos la voz del sur”, dice Souza, quien agrega que los países de África, Asia y Latinoamérica deben colaborar para que el fondo sea equitativo.

Preocupaciones por la vulnerabilidad

Finalmente, al ser consultada sobre sus principales preocupaciones respecto a lo que podría suceder en Uruguay, Souza destaca que se centran en las personas “especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático”.

Recordando las inundaciones y sequías que afectaron al país en 2023, enfatiza: “Las personas que más sufren los efectos del cambio climático son aquellas en situaciones de vulnerabilidad. Son las que tienen menos recursos y menores ingresos”.

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