Tras el anuncio del vocero presidencial, José Luis Gálvez, sobre la permanencia del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, a pesar de su censura por parte de la Asamblea Legislativa, los parlamentarios manifestaron su descontento. Este miércoles 19 de agosto, afirmaron que el Ejecutivo debe respetar esta decisión y descartaron cualquier irregularidad en el proceso.

Tuición de la Asamblea Legislativa

La diputada Adriana Jiménez destacó que la Asamblea tiene la autoridad para censurar a los ministros con el voto de dos tercios de los legisladores presentes. En este contexto, consideró que buscar alternativas administrativas para evitar la destitución es “tratar de encontrar cinco pies al gato”.

“Estamos cumpliendo nuestro rol constitucional ejerciendo nuestra tuición no solo respecto a la persona del ministro, sino también sobre su trabajo. Las denuncias que recibimos y el descontento de la gente se reflejan en esta censura”, afirmó Jiménez.

Posibles acciones legales

En caso de que el ministro Espinoza continúe en su cargo, Jiménez no descartó iniciar un juicio de responsabilidades contra el Presidente Rodrigo Paz. Esto se fundamenta en que las atribuciones de los parlamentarios están respaldadas por la Constitución Política del Estado (CPE).

Opiniones divergentes dentro del Legislativo

Por su parte, la diputada Claudia Bilbao opinó que Espinoza debería renunciar, ya sea por decisión del Presidente o por iniciativa propia. Afirmó que no hubo irregularidades durante la sesión y que los parlamentarios actuaron con criterio propio, sin responder a órdenes superiores.

Requisitos para la censura

El gobierno sostiene que se necesitaban 111 votos para validar la censura, lo cual equivale a dos tercios de todos los legisladores. Sin embargo, Bilbao argumentó que se lograron 91 votos, correspondientes a dos tercios de los presentes, y que esta diferencia numérica no es significativa.

“El Presidente tiene que ver que no tiene muy buenos acompañantes dentro de su gabinete”, declaró la legisladora.

Advertencias sobre posibles injerencias

El diputado Freddy Camacho recordó que durante la sesión se expuso que se requerían dos tercios de toda la Asamblea para censurar al ministro. Consideró que el gobierno tiene razón al afirmar que no se cumplieron los requisitos necesarios para llevar a cabo la censura.

Consecuencias legales potenciales

Camacho advirtió sobre las implicaciones legales si se permite que se recurra al Tribunal Constitucional para anular la resolución. Esto podría resultar en una injerencia del Órgano Judicial en el Legislativo, lo cual sería muy grave.

Censura y justificación del ministro

La Asamblea Legislativa sancionó al ministro de Economía tras rechazar su justificativo por inasistencia a una interpelación. No obstante, desde el Ejecutivo afirmaron que el procedimiento seguido no fue correcto y defendieron la permanencia del ministro en su puesto.

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Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo modificar la Ley 1350, que fue promulgada el 16 de septiembre de 2020. La ley regula los efectos de la censura determinada por el Legislativo, de acuerdo con lo que establece la Sentencia Constitucional 0023 del 5 de abril de 2023.

Plazo para la destitución

Uno de los cambios importantes en la iniciativa aprobada indica que, tras la resolución de la censura, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia deberá destituir al ministro censurado. Esta destitución debe realizarse mediante un decreto presidencial en un plazo máximo de 24 horas desde que el presidente tenga conocimiento formal de la censura.

Prohibición de designación

Además, se incluye en la Ley 1350 que el presidente del Estado no podrá nombrar a la misma persona que haya sido censurada por la Asamblea Legislativa Plurinacional en la misma cartera de Estado. Esto significa que un ciudadano o ciudadana que haya sido objeto de censura no podrá volver a ocupar el mismo cargo.

Remisión a la Cámara de Diputados

El proyecto de ley fue aprobado tanto en sus estaciones grande como en detalle y ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su consideración y tratamiento. Esta acción es un paso importante en el proceso legislativo.

Contexto de la norma

La norma surge como respuesta a situaciones ocurridas en años anteriores, donde ministros que fueron censurados durante interpelaciones fueron destituidos, pero posteriormente volvieron a ser posesionados en sus mismos cargos. Este hecho generó críticas y controversias en torno a las decisiones tomadas por el Ejecutivo.

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Alarcón explicó que hizo esta petición después de que el ministro de Justicia, Iván Lima, suspendiera su propia interpelación argumentando la necesidad de adecuar la Ley 1350 a la Sentencia Constitucional 020 sobre las especificaciones de la censura.

Según declaraciones del legislador desde la sede del Gobierno, consideró “insólito e irregular” que el Ministro de Justicia decida posponer su propia interpelación y que el vicepresidente actúe como intermediario para evitar cumplir con sus deberes constitucionales como presidente nato de la Asamblea.

Alarcón señaló que esta propuesta del mandatario cumple plenamente con los lineamientos constitucionales y normativos vigentes, por lo tanto es probable que sea aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, hasta que esta situación se resuelva lamentó que las censuras no tendrán efecto y ninguna interpelación programada a los ministros se llevará a cabo debido a una solicitud del ministro Lima.

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La parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) indicó que se censuró a los ministros de Gobierno y Educación, Arturo Murillo y Víctor Hugo Cárdenas, respectivamente y de acuerdo a la CPE, se debe hacer la remoción inmediata por la inasistencia injustificada a la interpelación convocada por los legisladores.

En declaraciones a la prensa, la titular del Legislativo fue consultada sobre la publicación en redes de Murillo, que refiere que la ALP “no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario”, lo que provocó que Copa responda que “a diferencia de él, nosotros (asambleístas) hemos sido elegidos por el pueblo boliviano y no nos hemos autoproclamado”, según refleja la Unidad de Prensa de la Cámara de Senadores.

“Este Gobierno de transición la única tarea que tenía era llamar a elecciones, pero quiere perpetuarse en el poder a la fuerza y no lo vamos a permitir. Lamento mucho por parte de Jeanine (Añez), porque ella es abogada y debería conocer la Constitución, claramente en su artículo 158 numeral 18 menciona el tema de la destitución”, manifestó a los periodistas.

La Presidenta de la ALP advirtió que en caso que Añez no proceda con la destitución, estaría incurriendo en el incumplimiento de deberes.

“Es la máxima autoridad y claramente la Constitución dice que ella (la Presidenta) tiene que hacer cumplir lo que dice la Constitución y en este caso no se lo está haciendo”, dijo.

El artículo 158 numeral 18 establece que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional: “Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro”.

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“El Bono contra el Hambre fue promulgado por mi persona ya que se rechazó las observaciones que hizo el Ejecutivo. Este saldrá de los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial que suman 740 millones de dólares. Es un bono que espera la población boliviana porque muchos no pudieron salir a sus fuentes de empleos ni vender su mercadería”, dijo Copa después de la sesión, en reporte de la unidad de prensa de la Cámara de Senadores.

El 26 de agosto, la Presidente Jeanine Añez presentó sus observaciones a la mencionada ley, por lo que el pleno de la ALP la derivó a la Comisión Mixta de Planificación y Política Económica para su análisis a fin de no ingresar en contradicciones.

En la sesión de la comisión se determinó que las tres observaciones no tienen fundamento, ya que los créditos con los que se financiará el pago del bono no cambiarán de objetivo, que es “reponer gastos de actividades ejecutadas por la pandemia”, explicó la presidenta de esa instancia legislativa, la senadora Sonia Chiri.

Ante el informe de la comisión y después de un debate de más de tres horas, el pleno de la ALP determinó, por mayoría de los asambleístas presentes en la sesión, declarar infundadas las observaciones, por lo que la presidenta del Órgano Legislativo procedió a la promulgación.

Concluida la sesión, la senadora Eva Copa dio lectura al numeral 10 del artículo 173 de la Constitución Política del Estado (CPE), que indica que en caso que una ley no sea promulgada u observada por la Presidente del Estado tras los diez días de ser sancionada, ésta debe ser promulgada por la presidente de la ALP.

“Es una ley que regula el artículo 158 en su numeral 18 (de la Constitución Política del Estado) en el tema de las censuras. Si nosotros censuramos al ministro, éste tiene que ser destituido de su cargo”, precisó la primera autoridad del Legislativo, en declaraciones a la prensa.

Anticipó que a partir de la siguiente semana se programarán las interpelaciones a los ministros, esto debido a las dificultades para la entrega de documentación en la ventanilla única del Ministerio de la Presidencia.

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