Por: Michelle Muschett de Latinoamérica21
En el 2024, América Latina y el Caribe alcanzó sus niveles más bajos de pobreza en su historia, sin embargo, todavía una de cada cuatro personas vive en condiciones de pobreza. Pero el desafío va mucho más allá: un 31% adicional de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad, apenas por encima de la línea de pobreza, y en riesgo de caer en ella ante cualquier choque, sea económico, climático, social o político. En otras palabras, más de la mitad de la población total de la región carece de mecanismos para hacer frente a crisis, o adversidades en sus vidas, sin sufrir retrocesos significativos –y a menudo permanentes- en su bienestar.
Esta realidad desafía el pensamiento tradicional en materia de desarrollo que asume la movilidad social como algo lineal: que una vez las personas salen de la pobreza, continuarían en una tendencia ascendente de expansión de capacidades y oportunidades. En otras palabras, el notable progreso de las últimas décadas en América Latina y el Caribe no fue suficiente para consolidar clases medias estables, lo que no solo compromete su trayectoria, sino que la pone en riesgo de sufrir retrocesos.
A esto, se suma otro desafío de particular importancia para la región: el aumento de la pobreza urbana. Si bien sus tasas siguen siendo inferiores a la pobreza rural, el número de personas en condición de pobreza en ciudades crece con mayor rapidez. Esto en una región en la que el 82% de la población vive en áreas urbanas; muy por encima del promedio mundial del 58%.
En un contexto de creciente incertidumbre, en el que los riesgos tradicionales son cada vez más frecuentes e intensos, y se ven agravados por la rápida evolución tecnológica, la fragmentación social y un clima cada vez más cambiante, las políticas públicas para la reducción de la pobreza requieren de un cambio de paradigma. Uno que les permita abordar la fragilidad de su trayectoria de desarrollo y al mismo tiempo dar resultados en medio de esta nueva complejidad. Una cosa es clara: lo que funcionó en el pasado, ya no será suficiente.
Resiliencia como hoja de ruta
El Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD 2025 propone una salida a este desafío: poner la resiliencia al centro de la agenda de desarrollo en la región, como un habilitador de agencia y protector de libertades efectivas, pero también como hoja de ruta. Se trata de dotar a las personas, a los hogares y a las comunidades de bienes y mecanismos que les permitan progresar y al mismo tiempo prevenir, mitigar y recuperarse del impacto de choques, pudiendo reconstruir sus vidas. Solo a través de un desarrollo humano resiliente las personas podrán vivir de vidas valiosas, con confianza en su futuro, sabiendo que están protegidas de impactos adversos.
En términos concretos, esto exige innovar en las estrategias de reducción de pobreza: incorporar la construcción de resiliencia como parte integral de sus objetivos. Esto implica seguir avanzando hacia el concepto de universalidad en la provisión de servicios y en la protección social, expandiendo su cobertura y alcance para incluir también a la población en condiciones de vulnerabilidad que, por no considerarse en pobreza ni estar formalmente empleada, han sido tradicionalmente excluida de los sistemas de protección social. Finalmente, estas estrategias deben promover la acumulación de activos y capacidades que permitan a los hogares anticiparse, resistir y recuperarse frente a eventos adversos, contribuyendo así a un desarrollo humano más resiliente e inclusivo.
Ciudades, innovación y democracia
Desde el punto de vista de focalización territorial, es fundamental considerar que, si bien las ciudades pueden ofrecer oportunidades para mejorar el bienestar, también plantean desafíos para quienes migran a ellas: dificultades de acceso a empleos dignos, altos costos de vida o segregación espacial, cuando no de exclusión social. Por otro lado, este fenómeno de urbanización también impone grandes presiones sobre los gobiernos subnacionales, con mayores demandas de suelo urbano e inversión pública, dificultades técnicas para diseñar políticas sociales eficaces ante esta realidad creciente, como pueda ser el aprovechar las oportunidades de economía de escala, la tecnología y desplegar la geolocalización de servicios o atender a las personas en situación de calle. Además, el medio urbano puede amplificar las privaciones, la vulnerabilidad y riesgo a (re)caer en situación, y condiciones de pobreza, ya sea por desempleo en tiempos de crisis, la imposibilidad de producir alimentos, o por el impacto de episodios climáticos adversos en infraestructuras críticas o asentamientos localizados en zonas de riesgo.
Poner fin a la pobreza a través de un desarrollo humano resiliente no es un tema exclusivo de política social; se trata de un imperativo para la consolidación democrática. La confianza en las instituciones y la legitimidad democrática se erosionan cuando los sistemas no responden a las expectativas, cuando no reducen las desigualdades sociales, ni garantizan el acceso efectivo a derechos, a oportunidades y condiciones de seguridad y prosperidad compartida sin restricción alguna a la agencia y libertades humanas.
En un contexto de incertidumbre y polarización creciente, la innovación para generar soluciones que respondan a las necesidades concretas de las personas es clave para construir resiliencia, cerrar brechas y acelerar la eliminación de la pobreza. La región ya ha demostrado su capacidad de innovar: fue pionera en incorporar mediciones multidimensionales de la pobreza y en desarrollar las transferencias monetarias condicionadas, luego replicadas en todo el mundo, y cuenta con innovaciones técnicas y sociales que podemos y debemos ampliar a escala. La resiliencia y lucha contra la pobreza no se da únicamente desde arriba, sino también desde los hogares, las comunidades, los territorios.
Pero para todo ello, la pobreza debe recuperar la centralidad que otrora tuvo en el debate público, incorporando ahora también la vulnerabilidad. Es necesario adoptar como prioridad política la focalización y alineación de esfuerzos, el ordenamiento de políticas públicas y el despliegue de nuevos instrumentos técnicos y de financiación que mejoren la eficacia y eficiencia de la inversión social, especialmente en contextos de restricción fiscal y dificultades de acceso a financiación al desarrollo.
Enfrentar estos desafíos exige una renovada visión del desarrollo en la región, que reconozca la pobreza como la privación de capacidades para llevar una vida plena y coloque la resiliencia en el centro de las estrategias de desarrollo. Solo desde la colaboración y la construcción colectiva podremos garantizar que las respuestas lleguen a donde deben llegar, y en la escala y forma adecuadas.
Lo que está en juego no es solo el futuro del desarrollo en la región, sino también el futuro de nuestras democracias. Avanzar hacia trayectorias de vida más dignas y seguras, menos vulnerables, y eliminar definitivamente la pobreza. Es posible, es lo justo y es impostergable.
Michelle Muschett es Subsecretaria General de las Naciones Unidas, Administradora Auxiliar y Directora de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
