La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) ha denunciado la existencia de presuntas redes de extorsión que, utilizando los decretos departamentales en el sector minero, generan preocupación entre las empresas comercializadoras que operan en el departamento.
Esta información fue compartida en una conferencia de prensa por Jaime Cuellar, asesor externo de la FEPO. Cuellar indicó que estos hechos ya han sido reportados ante el Ministerio Público, el Ministerio de Transparencia, el Ministerio de Minería y el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador). Actualmente, estos casos están en proceso en el sistema judicial.
“Hemos denunciado anteriormente que nuestros empresarios han sido víctimas del acoso por parte de una red de extorsión compuesta por exfuncionarios de la gobernación y del Senarecom (Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales). Esta situación ya está en el Ministerio Público; incluso el gobernador Johnny Vedia se presentó como parte afectada. Todo esto se gestionó utilizando los Decretos Departamentales emitidos por la Gobernación”, mencionó Cuellar.
Recurso de inconstitucionalidad
Por su parte, Jill Peñafiel, presidenta de la FEPO, informó que, en coordinación con el diputado Enrique Urquidi, se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el convenio firmado entre el Senarecom y la gobernación. Este convenio presenta vicios tanto de fondo como de forma, y transgrede competencias y atribuciones.
La empresaria también respaldó la Resolución de Directorio 004 de Senarecom, que modifica el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS). Esta modificación establece una reducción en las tarifas de multas y sanciones. “Se trata de una estandarización en el tema de multas por sanciones e infracciones, que consideramos más equilibrada, técnica y acorde a la realidad del sector minero privado”, explicó Peñafiel.
Compromiso con la ley
Además, reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la ley y la disposición de trabajar de manera coordinada con las autoridades departamentales y todos los actores del sector minero. Esto es para asegurarse de que todos estén debidamente informados sobre la modificación del RIS y que cada uno asuma la responsabilidad de contribuir a una minería próspera y sostenible.
Problemas en el convenio
Por otro lado, Cuellar aseguró que todos los problemas que enfrenta el sector se originan en el convenio de competencias firmado entre el Senarecom y la gobernación. Este convenio afecta significativamente al sector privado, que cumple con el pago de impuestos, regalías y patentes.
“Lamentamos que se intente desinformar. La modificación del RIS no afecta la recaudación de regalías mineras; simplemente es una estandarización en el tema de sanciones por infracciones, cuyo destino de esos montos es desconocido”, concluyó el asesor legal.
