La acción presentada por el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) busca detener la minería aurífera ilegal en el río Madre de Dios, que se encuentra en la Amazonía Norte de Bolivia. Esta demanda fue enviada el lunes 21 de julio a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, la máxima autoridad de justicia agroambiental en el país. La decisión se tomó tras comprobar que los daños ambientales y sociales afectan a varias regiones del territorio nacional y tienen repercusiones que cruzan fronteras.
Detalles de la demanda
La demanda fue presentada inicialmente el 1 de julio por las naciones indígenas Ese Ejja, Tacana y Cavineño, que forman parte del TIM II. Esta acción legal se presentó ante el juzgado agroambiental de El Sena, en Pando. Sin embargo, la jueza Milka Romero Murillo declaró que no tenía competencia territorial y decidió remitir el caso al Tribunal Agroambiental, que tiene su sede en Sucre. La magistrada argumentó que el daño causado por la minería ilegal abarca los departamentos de La Paz, Pando y Beni, extendiéndose incluso hasta Perú y Brasil.
Impacto de la minería ilegal
Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), explicó que la demanda no solo abarca la jurisdicción de El Sena, sino también la de Riberalta y otras áreas afectadas que tienen impacto transfronterizo. Además, mencionó que el proceso podría llevarse a cabo en una sola audiencia para definir medidas precautorias urgentes, tal como ha sucedido en casos similares en Bolivia.
El río Madre de Dios enfrenta una contaminación comprobada por mercurio, aceites y residuos sólidos, con niveles que superan los límites permitidos. La minería ilegal ha causado la pérdida de más de 8.000 hectáreas de bosque, lo que afecta directamente a las comunidades que forman parte del TIM II. Los niveles de mercurio en los organismos de estas poblaciones superan los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Responsabilidades legales
La acción legal responsabiliza al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y a la cooperativa Asobal – Madre de Dios RL. Se les acusa de permitir y encubrir esta situación, además de no cumplir con las obligaciones de consulta previa y acceso a información ambiental. La Gobernación de Pando también ha sido notificada sobre esta situación.
Apoyo de organizaciones indígenas
Lucio Ayala, presidente del TIM II, junto a dirigentes de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap), la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo), la Organización Indígena Cavineña (OICA) y la Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (Ominab), están liderando esta demanda histórica.
Estas organizaciones, junto con las naciones Ese Ejja, Tacana y Cavineño, exigen al Estado que garantice el derecho a un ambiente sano. En este sentido, solicitan que se tomen medidas inmediatas para frenar la minería ilegal y poner fin a la impunidad ambiental que está dañando la Amazonía boliviana.
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