Por: Ronald Nostas Ardaya. Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
En 2002 Gonzalo Sánchez de Lozada ganó las elecciones con un margen muy estrecho. El voto se había dispersado entre cuatro fuerzas principales: el MNR con 22,46% (47 parlamentarios); el MAS con 20,94% (35); NFR con 20,91% (27); y el MIR con 16,32% (31). Por si solo el MNR no tenía mayoría legislativa para implementar su propuesta electoral y por ello decidió hacer un pacto de cogobierno con el MIR, al que se sumó NFR un año después, asegurando 105 votos y los dos tercios en el Congreso Nacional.
A pesar de contar con mayoría parlamentaria, respaldo institucional, apoyo internacional y un plan económico sólido, el gobierno de Sánchez de Lozada colapsó en pocos meses, arrasado por la presión de sectores sociales que rechazaban el nuevo impuesto a los ingresos y la exportación de gas por puertos chilenos. El presidente controlaba el aparato político e institucional, pero había perdido la gobernabilidad. Y en ausencia de esta, la legalidad resultó insuficiente para sostener su mandato.
La gobernabilidad puede definirse como la capacidad de un gobierno para ejercer autoridad legítima, implementar políticas, aprobar normas, gestionar conflictos y mantener el equilibrio entre estabilidad y ajuste. No se limita a la obediencia formal, sino que exige reconocimiento social al poder constituido. Es una condición indispensable para el funcionamiento democrático, sustentada en legalidad, legitimidad y eficacia. No depende solo del gobierno, sino también de la madurez cívica, la vigencia del Estado de derecho, la participación ciudadana y la capacidad de construir consensos en medio en una compleja interacción con instituciones, actores sociales, sectores productivos y eficacia estatal.
Contrario a lo que se cree, el gobierno del MAS tampoco tuvo verdadera gobernabilidad. Su ejercicio del poder se apoyó en una hegemonía autocrática basada en la imposición, el verticalismo, la prebenda y la exclusión. La disidencia fue reprimida mediante mecanismos coercitivos y el uso discrecional del aparato judicial. Al dividirse el MAS, su modelo de poder colapsó, y puso en evidencia la fragmentación de su base electoral, la pérdida de control parlamentario y la realidad de un régimen inestable, desprovisto del apoyo social y político que pregonaba.
Para ser sostenible, la gobernabilidad exige la convergencia de diversos factores interdependientes como: una institucionalidad sólida, liderazgo legítimo, inclusión social y económica, participación ciudadana activa, diálogo y concertación, transparencia y eficiencia en la gestión, y un sistema de justicia independiente. En países como Bolivia, que atraviesan procesos de transición democrática y ajuste estructural, la gobernabilidad es vital, especialmente si se precisa aplicar reformas económicas que pueden resultar impopulares.
Lamentablemente, en el actual proceso electoral, este componente está ausente. Ni en los discursos ni en los planes de gobierno aparece una reflexión clara sobre cómo generar gobernabilidad en un contexto de alta fragmentación política, debilidad institucional y expectativas sobredimensionadas. No hay propuestas para incorporar activamente los sectores económicos, sociales y territoriales al diseño de políticas; crear canales de participación y concertación reales; y enfrentar las desigualdades que erosionan la cohesión nacional.
Este vacío es muy preocupante debido precisamente a que la historia reciente demuestra que ni los pactos multipartidarios ni los gobiernos hegemónicos lograron sostener una gestión efectiva y duradera. Ambos fracasaron en construir consensos, responder a demandas urgentes y articular una institucionalidad inclusiva.
Por eso mismo, de no abordarse el tema de la gobernabilidad como un objetivo central de la gestión, Bolivia corre el grave riesgo de repetir un ciclo de gobiernos débiles, inestables o autoritarios, incapaces de encarar la crisis económica y social que se profundiza, y de seguir atrapada en un ciclo de inestabilidad y crisis, aunque cambien los rostros en el poder.
No se trata de mostrar debilidad ante los grupos radicales, corromper dirigentes, imponer medidas a toda costa ni de gobernar en base a leyes punitivas, sino de entender que por la complejidad de las estructuras sociales, la desigualdad y la crisis multidimensional, hoy más que nunca se necesita incorporar mecanismos de prevención y espacios de concertación para alcanzar consenso mínimos que equilibren: el cumplimiento de la Ley, la vigencia de las instituciones y la implementación de políticas de ajuste, con el desarrollo armónico, la justicia social y las necesidades de los menos favorecidos.
Es urgente que los candidatos que aspiran a dirigir el Estado incluyan en sus propuestas no solo medidas económicas técnicas, sino también estrategias de gobernabilidad integradora, realistas y sostenibles. De ello depende no solo la eficacia del futuro gobierno, sino la posibilidad misma de sostener la democracia.
