La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni tomó una decisión importante el lunes 21 de julio de 2025. Rechazó una acción popular que buscaba inhabilitar a los postulantes a la presidencia que todavía ocupan funciones públicas. Esta determinación se dio durante una audiencia dirigida por el vocal Charles Mejía.
Recurso presentado por Marlene Sierra
El recurso fue interpuesto por Marlene María Sierra Terán, quien demandó al presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel. La demandante argumentó que la alcaldesa de El Alto, Eva Copa; el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no habían renunciado a sus cargos antes de postularse a los comicios programados para el 17 de agosto de 2025. Según Sierra, esta situación contraviene las normas vigentes.
Decisión del tribunal
No obstante, el tribunal determinó que no había suficientes elementos que justificaran una medida de protección constitucional. Mejía explicó que la acción fue denegada porque no se encontraron derechos ni garantías constitucionales que merecieran protección. En este caso, no se trataba de derechos difusos ni colectivos.
La resolución adoptada será notificada formalmente a todas las partes involucradas en el proceso. Además, Mejía aprovechó la ocasión para expresar sus críticas hacia el Consejo de la Magistratura, al que acusó de intentar intervenir en la sala constitucional con el propósito de influir en la audiencia. Este acto fue calificado como un intento de amedrentamiento al Órgano Judicial.
Críticas al Consejo de la Magistratura
“Vamos a seguir denunciando porque no puede amedrentarse de esa forma el Órgano Judicial”, afirmó el vocal, dejando claro su rechazo a cualquier intento de presión externa sobre las decisiones jurisdiccionales.
Defensa del TSE
Días antes de la audiencia, desde el TSE aseguraron que se había cumplido con lo estipulado en la normativa vigente en relación a las renuncias de autoridades electas que buscan postularse a un nuevo cargo. La entidad afirmó que los procedimientos seguidos fueron ajustados a derecho y que no existían causales para cuestionarlos.
LDVY
