Por: Miguel Angel Foronda Calle
¿Qué representa hoy un partido político en Bolivia? En los últimos días se ha vuelto a evidenciar un fenómeno llamativo: algunos partidos ya no actúan como tales, sino como simples vehículos electorales. Algunos de estos ponen abiertamente su sigla a disposición de terceros, dejando a la imaginación de militantes y electores si se trata de un acto de generosidad, afinidad programática o, quizás, de intereses no transparentados. Pero, ¿es esto compatible con la legislación electoral?
La Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, vigente desde el 1 de septiembre de 2018, establece que los partidos deben contar con una Declaración de Principios y una Plataforma Programática (Art. 5, inc. c). Esta última debe expresar una visión de país, propuestas de políticas públicas y objetivos a mediano y largo plazo (Art. 20). A su vez, los principios deben reflejar la base ideológica y filosófica que orienta su acción política (Art. 19).
En este marco, la ideología y la plataforma programática no son elementos accesorios, sino el ajayu—el alma—del partido político. La ideología puede entenderse como el conjunto de ideas que caracteriza a una organización política y define su forma de interpretar la realidad, mientras que la plataforma es la traducción programática de esa ideología, que debe presentarse a la militancia en la etapa preelectoral y al electorado en general durante la campaña.
¿Puede acaso construirse o adoptarse coherentemente una ideología y visión de país en medio de la premura por definir candidaturas? En el actual proceso electoral, se evidencia que varios partidos enfrentan dificultades para realizar actividades de vital importancia como la realización de congresos orgánicos, la comunicación con sus bases o, incluso, la identificación de sus dirigentes. Algunas estructuras “reviven” únicamente ante la proximidad de las elecciones, mientras líderes imponen candidaturas a espaldas de sus militantes. Más grave aún, hay siglas que se prestan como franquicias electorales, olvidando todo contenido ideológico y programático.
La desideologización tiene consecuencias profundas. Primero, la pérdida de confianza ciudadana: los votantes ya no saben qué representa cada partido, porque sus discursos cambian con el viento. Segundo, la imposibilidad de construir proyectos de país duraderos, ya que todo gira en torno a la próxima elección. Y tercero, quizás lo más grave: el debilitamiento de la cultura democrática. Si los partidos no educan, no forman cuadros ni promueven el debate, ¿quién lo hará?
Frente a este panorama, urge una reflexión colectiva que recupere el sentido ideológico y formativo de los partidos. Esto no implica volver a viejos y caducos dogmatismos, sino restablecer un mínimo de coherencia, proyecto y compromiso con la ciudadanía. Se requieren reformas legales y educación electoral que promuevan mayor transparencia y democracia interna, pero, sobre todo, voluntad política para abrir espacios de formación, deliberación y vínculo con las bases. Sin partidos con ideas y visión de Estado, la democracia boliviana puede verse seriamente afectada, y con ello los derechos políticos consagrados en la Constitución Política del Estado.
Al ser los partidos políticos el único “vehículo” en el caso de las elecciones generales, la carrera por conseguir siglas se intensificó en días anteriores y dejó en segundo plano aspectos esenciales como la coherencia ideológica y programática. De cara a las elecciones subnacionales del próximo año, este es un aspecto urgente a reflexionar y corregir para no desnaturalizar el rol que deberían cumplir no solo los partidos políticos, sino también las agrupaciones ciudadanas y organizaciones indígenas que buscan representar intereses colectivos desde una base sólida y coherente.
Abogado constitucionalista
