El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, defendió un anteproyecto de ley que busca endurecer las penas por hechos de tránsito. Esta medida surge como respuesta al incremento del 15,38% en muertes por accidentes viales entre 2023 y 2024 en Bolivia. La propuesta, que modifica los artículos 261 y 262 del Código Penal, ya fue aprobada por el gabinete y enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La iniciativa establece sanciones más severas para quienes, por imprudencia o por el consumo de alcohol o drogas, causen accidentes con consecuencias graves o fatales. Además, plantea la inhabilitación definitiva para conducir en situaciones extremas. Según datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana (OBSC), las muertes por accidentes viales aumentaron de 1.515 a 1.748 casos.
Las lesiones también han mostrado un aumento del 5,09%, alcanzando un total de 15.817 personas heridas. El 61% de los siniestros se deben a imprudencias al volante, como el uso del celular, el exceso de velocidad o maniobras indebidas. Un 5,1% de los accidentes está relacionado con el consumo de sustancias. Ante el rechazo de algunos sectores del transporte público a este proyecto de ley, el ministro Ríos aseguró que el Ejecutivo mantendrá el diálogo.
Diálogo con el transporte público
“Reconocemos la importancia del trabajo que realizan, pero también les pedimos reflexionar sobre las cifras y el impacto de estos hechos en las familias bolivianas. Vamos a realizar esta explicación con las organizaciones correspondientes del transporte público, que serían los principales opositores a esta normativa, para que entiendan”, afirmó Ríos.
Modificaciones al artículo 262
El proyecto también incluye cambios en el artículo 262, que se refiere a la omisión de socorro. La pena aumentará para aquellos que no auxilien a las víctimas tras un accidente, especialmente si ocurre en lugares deshabitados. Ríos destacó que esta iniciativa forma parte de una reforma integral a la Ley de Seguridad Vial, que no solo busca sancionar, sino también educar y prevenir.
Objetivos de la reforma
Esta reforma aborda factores clave de la seguridad vial y tiene como objetivo reducir la impunidad relacionada con estos delitos. Con estas medidas, el gobierno espera mejorar la seguridad en las vías y proteger a los ciudadanos bolivianos.
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