La Federación Departamental de Profesionales de Oruro ha presentado un recurso de reconsideración ante el Concejo Municipal de Oruro (CMO) con el objetivo de anular la Ley Municipal de Patentes.
Evert Revollo, quien es el presidente de la federación, informó sobre las gestiones legales que se han llevado a cabo. Además, anticipó que si no se recibe una respuesta favorable por parte del Concejo, se recurrirá a instancias superiores en Sucre.
Detalles del recurso presentado
Revollo comentó: “Sabemos también de conocimiento y de parte informativa que el recurso de reconsideración que ha presentado Marcelo Cortez creo que ha tenido alguna deficiencia y no ha sido tomado en cuenta”. Expresó su confianza en que su recurso no enfrente los mismos problemas y espera recibir una respuesta positiva en un plazo de 15 a 30 días.
En caso de que el recurso no tenga efectos en el Concejo Municipal, se ha anunciado que se acudirá hasta Sucre para buscar la anulación de la ley. “Estamos esperando las respuestas. Sabemos que tienen de 15 a 30 días para poder tener respuesta de nuestro recurso”, sostuvo Revollo.
Interés en participar en nuevas leyes
Revollo también manifestó su deseo de participar en la construcción de una nueva ley si se recibe una respuesta favorable. Según él, tras la promulgación de la ley por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), el sector profesional recibió cartas solicitando trabajar en la reglamentación.
No obstante, estas solicitudes fueron rechazadas debido a un consenso entre los 24 colegios profesionales, que indicaron que nadie participará en actividades convocadas por la Alcaldía.
Postura firme del sector profesional
“Si algún colega profesional asiste a cualquier reunión, es a título personal, no es emanado de la Federación, menos de ningún colegio de profesionales”, afirmó Revollo. Reiteró que tanto su sector como el gremial están trabajando por la abrogación o anulación de la ley y no darán validez a decisiones externas hasta que se reconstruya el proceso.
Este rechazo al trabajo conjunto con la Alcaldía refleja una postura firme del sector profesional frente a lo que consideran una normativa perjudicial. La situación actual podría tener repercusiones significativas en las relaciones entre los profesionales y las autoridades municipales si no se logra un acuerdo satisfactorio.
