El presidente Luis Arce ha declarado que su gobierno no está ejerciendo presión para la aprobación de los contratos de explotación de litio. Esto ocurre en un contexto de debate legislativo donde la diputada Lissa Claros y otros legisladores han expresado su oposición.
La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados decidió suspender una sesión que tenía como objetivo discutir el contrato con la empresa rusa Uranium One Group. Esta suspensión se produce en medio de cuestionamientos sobre los beneficios y el impacto ambiental de los convenios que han sido firmados.
Críticas de la diputada Claros
La diputada Lissa Claros, quien se opone a la aprobación de las normas, ha manifestado que existe una “desesperación por parte del gobierno de Luis Arce para forzar e imponer el tratamiento y aprobación de los contratos de litio”. Además, se ha preguntado: “¿Qué está detrás de estos contratos? ¿Por qué la insistencia y desesperación por aprobar contratos que son lesivos al Estado? ¿Por qué no se avanza en una ley de litio?”
Convenio con Uranium One Group
El Gobierno ha firmado un convenio con Uranium One Group para establecer una planta que producirá 14,000 toneladas (t) de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni. Esta planta utilizará tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL) y requerirá una inversión superior a 970 millones de dólares estadounidenses.
La semana pasada, una sesión del pleno de la Cámara de Diputados fue suspendida debido a protestas de legisladores opositores y evistas cuando se discutía el contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited.
Compromisos del consorcio chino
Este consorcio se ha comprometido a construir dos plantas industriales utilizando tecnología EDL, con una inversión total de 1,030 millones de dólares para producir 10,000 y 25,000 toneladas anuales, respectivamente. Arce ha señalado que en 2021 su Gobierno asumió “con gran responsabilidad el desafío de la industrialización del litio boliviano”, convocando a más de 21 compañías internacionales.
Convenios firmados entre 2023 y 2024
Entre 2023 y 2024, se lograron firmar 14 convenios de validación tecnológica y estudios preliminares con socios estratégicos. Estos convenios han establecido las bases para la firma de dos contratos favorables para Bolivia en 2024, garantizando soberanía sobre este recurso natural estratégico y participación mayoritaria en toda la cadena productiva y de comercialización.
Presentación de contratos a la Asamblea
Arce también ha precisado que “como manda la ley”, en 2024 estos contratos fueron presentados a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento. Sin embargo, este tratamiento fue aplazado hasta febrero de 2025 para llevar a cabo su respectiva socialización.
Legisladores opositores y evistas se oponen al debate, argumentando que los contratos no dejan beneficios para el país. Además, han cuestionado las regalías mineras que quedarán para Potosí, así como el impacto ambiental que podría asociarse a estos proyectos.
