La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, ha denunciado que el Gobierno ha autorizado la transferencia de más de 6,7 millones de bolivianos del Tesoro General de la Nación (TGN) hacia el Ministerio de Gobierno, en un momento que coincide con la campaña electoral.
Campero ha cuestionado esta asignación, señalando que se realiza justo cuando Eduardo Del Castillo ha sido proclamado como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS). Según la legisladora, esto genera serias dudas sobre el uso de recursos públicos con fines políticos.
Detalles del decreto supremo
“A través del Decreto Supremo 5413, que fue publicado recientemente en la Gaceta, se aprueba la transferencia de 6,7 millones de bolivianos al Ministerio de Gobierno para la contratación de supuestos consultores”, manifestó Campero.
El decreto mencionado por Campero fue promulgado el 18 de junio y contempla dos transferencias al Ministerio de Gobierno por un total de 6,74 millones de bolivianos. Este decreto también autoriza la contratación de “consultores individuales de línea” y “consultorías por producto”.
Uso de recursos públicos
Para la legisladora, el hecho de contratar a estos consultores en plena época electoral demuestra “con claridad y contundencia” que esos recursos serán utilizados “para la campaña del candidato Eduardo Del Castillo”.
En respuesta a estas acusaciones, el candidato presidencial Eduardo Del Castillo ha negado cualquier vinculación con el uso de recursos estatales para su campaña. Aseguró que la mayor parte del presupuesto que maneja el Ministerio de Gobierno se destina al pago de sueldos y salarios. Además, afirmó que debido a la campaña “sus ahorros se están acabando”.
Desmentido del ministro
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, también ha desmentido a Campero. Afirmó que no existe ningún desvío de fondos públicos hacia actividades políticas. “Ni un solo centavo se transfiere a temas políticos, temas que tienen que ver con campañas”, aseguró.
Petición de informe
A pesar de las declaraciones del Gobierno, Campero ha desafiado al Ejecutivo a responder la Petición de Informe que fue enviada desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esto lo considera una forma de demostrar que dichos fondos no están siendo utilizados para actividades electorales.
