El gabinete de ministros del gobierno boliviano ha aprobado una ley que busca modificar los artículos 261 y 262 del Código Penal. Esta modificación tiene como objetivo endurecer las penas por delitos relacionados con accidentes de tránsito. La noticia fue anunciada por el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, quien subrayó el aumento en la mortalidad y lesiones causadas por estos incidentes en el país. La propuesta deberá pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Desde el año 2020 hasta el 2024, se ha observado un aumento en el número de personas heridas debido a accidentes de tránsito. En la gestión 2023, se registraron 15,051 casos, mientras que en la gestión 2024, el total ascendió a 15,817. Esto representa un incremento del 5.09% en las lesiones. En cuanto a las muertes por accidentes de tránsito, en la gestión 2023 se contabilizaron 1,515 fallecimientos, y en la gestión 2024, el número aumentó a 1,748, lo que equivale a un incremento del 15.38%.
Causas de los accidentes
Aproximadamente el 61% de todos estos accidentes son provocados principalmente por imprudencia al conducir. Esto incluye comportamientos como no respetar las normas y señalización de tránsito, el uso del teléfono celular mientras se conduce y el rebasar límites de velocidad en lugares no permitidos. Además, un 5.1% de los accidentes son ocasionados por personas que conducen bajo el efecto de sustancias o alcohol.
Modificaciones en las penas
La normativa actual sanciona con la misma pena a quienes causan lesiones graves, gravísimas o muerte. Según el artículo 261, aquellas personas que causen alguna gravedad a la salud o muerte son sancionadas con uno a tres años de prisión. Esto permite que muchos puedan acogerse al perdón judicial y evitar ser enviados a prisión.
Las modificaciones propuestas incluyen sanciones más severas. Quienes produzcan lesiones graves serán sancionados con reclusión de uno a tres años. Aquellos que causen lesiones gravísimas enfrentarán reclusión de dos a cuatro años, y quienes causen la muerte tendrán una pena de tres a cinco años. Si estas acciones ocurren bajo efectos del alcohol o estupefacientes, las penas aumentarán significativamente.
Inhabilitación para conducir
Además, se impondrá la inhabilitación definitiva para conducir a los autores involucrados en estos casos. En relación al artículo 262 sobre omisión de socorro, se propone aumentar la sanción a dos a cinco años y establecer agravantes si ocurre en lugares deshabitados.
Campañas educativas sobre seguridad
El ministro Ríos también mencionó que no solo se busca endurecer las penas para reducir los accidentes. Se están llevando a cabo campañas educativas dirigidas a estudiantes secundarios y universitarios sobre conducción segura y medidas preventivas para disminuir tanto muertes como problemas derivados de estos incidentes.
Se espera que esta propuesta no sea paralizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que los representantes devuelvan la confianza al pueblo mediante su aprobación.
