Más de 60 organizaciones sociales, campesinas, sindicales, mineras y de transporte de las provincias Ingavi, Aroma, Loayza y Pacajes han expresado su apoyo a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce). Esto ocurrió tras la firma de un voto resolutivo conjunto en defensa de la empresa.
El documento fue suscrito el 23 de abril de 2025 y también declara un estado de emergencia permanente. Las organizaciones consideran que hay un atropello a la justicia y una parcialización institucional por parte de la Procuraduría General del Estado.
Cuestionamientos al procurador
Las organizaciones han cuestionado la actuación del Procurador del Estado, Ricardo Condori. Según denunciaron, él se alineó públicamente con una de las partes en un conflicto entre dos sociedades privadas.
Señalaron que el Procurador no tiene competencia para intervenir en conflictos de interés que son exclusivamente privados. Su función debería limitarse a velar por la legalidad en asuntos que involucren al Estado.
Críticas a la intervención
Las organizaciones criticaron que el Procurador emitiera juicios de valor, conminatorias e incluso amenazas sin un sustento jurídico en un litigio que no le corresponde. Alertaron que su proceder vulnera la independencia del Poder Judicial, lo que constituye una forma de usurpación de funciones.
En su pronunciamiento, las organizaciones advirtieron que la actuación del Procurador representa un favoritismo institucional hacia la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa). Consideraron que esto es una injerencia inaceptable en un proceso que involucra a partes privadas.
Demandas de las organizaciones
Exigieron una retractación pública de Ricardo Condori y advirtieron que, si persiste esta parcialización, asumirán medidas de presión drásticas tanto a nivel regional como nacional.
El respaldo a Soboce también se manifestó en una movilización masiva frente a la Procuraduría General del Estado. Miles de personas protestaron no solo contra la actuación del Procurador, sino también contra el reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia.
Impacto del fallo judicial
Este fallo impuso a la empresa una multa superior a 700 millones de bolivianos, a pesar de que en el proceso no se demostró competencia desleal.
Los manifestantes denunciaron que esta sanción injustificada pone en riesgo el empleo directo de más de 1.000 trabajadores. También afecta a más de 200.000 familias que dependen de la cadena de valor del cemento, que incluye a productores de materias primas, transportistas, proveedores logísticos y comercios.
Exigencias al Estado
Finalmente, las organizaciones firmantes reiteraron su respaldo incondicional a Soboce. Exigieron al Estado garantizar un proceso judicial justo y transparente, sin injerencias políticas ni institucionales.
