La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha emitido una alerta sobre los graves daños ocasionados por los incendios forestales de 2024, que devastaron más de 12.6 millones de hectáreas de bosques y pastizales. Este número establece un nuevo récord histórico, superando con creces el registro anterior de 5.2 millones de hectáreas que se quemaron en 2019.
Desastre ambiental en Bolivia
Eder Santiváñez, quien es miembro del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, ha calificado la situación como un desastre ambiental de gran magnitud. Este desastre es impulsado por intereses que buscan expandir la frontera agrícola. Santiváñez también ha señalado que la deforestación autorizada está agravando el problema.
“Lo que hemos descubierto en Roboré es alarmante para un municipio cuya vocación principal es forestal y que alberga áreas protegidas. Allí se autorizó el desmonte de 39,000 hectáreas, aunque según la ABT solo se ejecutó la mitad”, explicó.
Riesgo para el bosque seco chiquitano
Además, advirtió sobre el riesgo que enfrenta el bosque seco chiquitano, que se utiliza principalmente con fines forestales. Santiváñez subrayó que la pérdida de cobertura boscosa incrementa considerablemente el riesgo de incendios.
“Aunque quizás este año no se queme tanta superficie como en 2024, la tendencia de crecimiento se mantendrá mientras la meta siga siendo ampliar las fronteras agrícolas”, agregó.
Importancia de los bosques
Los bosques no solo regulan la humedad, sino que también desempeñan un papel esencial en la protección de los ríos y en la mitigación de fenómenos climáticos extremos, como los vientos huracanados. En este contexto, Santiváñez mencionó cómo los ventarrones, exacerbados por la deforestación, han dejado a muchas familias sin techo en Roboré.
Iniciativas de prevención
Frente a esta grave situación, Santiváñez destacó que la sociedad civil, fundaciones y ONG están trabajando en diversas iniciativas de prevención. Sin embargo, reconoció que los esfuerzos del gobierno en todos sus niveles siguen siendo insuficientes.
“Es necesario dejar atrás el modelo extractivista, no solo en la industria y la minería, sino en toda actividad que agote los recursos naturales sin una visión de sostenibilidad”, señaló.
Acciones del gobierno
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha valorado los esfuerzos iniciales del gobierno para cumplir con una resolución constitucional emitida en octubre de 2024. Esta resolución exigía medidas ante los efectos devastadores de los incendios. Sin embargo, la Defensoría consideró que las acciones tomadas fueron insuficientes para evitar una posible repetición de la crisis ambiental vivida en 2024.
En este contexto, la Defensoría expresó su preocupación por la falta de protección de los ecosistemas y urgió a las autoridades a priorizar la previsión y prevención para evitar futuros desastres ambientales.
LDVY
