El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha aceptado los cargos contra 6 aliados del expresidente Jair Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Esta decisión unánime se tomó el 22 de abril de 2025. La investigación abarca a un total de 33 personas, que se dividen en cinco grupos según sus roles en el complot.
El panel ya había aceptado previamente los cargos contra Bolsonaro y 7 de sus aliados por el intento de mantenerse en el poder. En esta ocasión, se revisaron los cargos contra aquellos que ocupaban roles gerenciales. El segundo grupo incluye al exasesor presidencial de asuntos exteriores, Filipe Martins; al general retirado Mario Fernandes; al exdirector de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vasques; al exasistente presidencial, coronel Marcelo Câmara; y a dos oficiales de la policía federal, Fernando Oliveira y Marilia Alencar.
Según el procurador general Paulo Gonet, estas personas coordinaron acciones planificadas por el grupo central. Estas acciones incluyen movilizar a policías para apoyar el presunto golpe y redactar un documento destinado a justificar un estado de excepción en el país. Si la mayoría vota a favor, los acusados se convertirán en imputados en un caso penal.
Bolsonaro y sus aliados han negado repetidamente haber cometido irregularidades. El expresidente sostiene que está siendo perseguido políticamente. Actualmente, ha estado hospitalizado por más de una semana, recuperándose de una cirugía intestinal. Desde su cama de hospital en Brasilia, dio una entrevista a la cadena SBT, donde insistió en que su juicio no era técnico, sino político.
Cuando Gonet acusó a Bolsonaro y a otras 33 personas de intentar un golpe, los dividió en cinco grupos basándose en sus roles y posiciones en el presunto complot. La Corte Suprema aceptó los cargos contra seis aliados del expresidente dentro del marco de la investigación por intento de golpe de Estado. Los acusados están vinculados a acciones planificadas para apoyar el presunto complot del 8 de enero de 2023.
El pasado 26 de marzo de 2025, el Tribunal Supremo ya se había pronunciado sobre Bolsonaro y otras siete figuras, acusándolos de querer romper el orden constitucional y definiendo su pase a juicio. La causa abarca un total de 33 personas, divididas según sus roles en el presunto complot. El expresidente y sus asesores más cercanos fueron incluidos en el primer grupo y acusados formalmente a finales de marzo.
Bolsonaro ha denunciado una maniobra política ordenada por su sucesor Lula da Silva para dejarlo fuera de las próximas elecciones presidenciales. “Quieren impedir que yo llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay ningún candidato capaz de vencerme”, afirmó al conocer la decisión del tribunal.
Bolsonaro advirtió que todo el proceso se desarrollará con una “celeridad sin precedentes” para mantenerlo inhabilitado para ocupar cargos públicos entrado el año 2026. “Lo que está en curso es una especie de atentado jurídico a la democracia: un juicio político, conducido de forma parcial y abiertamente injusta”, agregó en esa ocasión.
Días más tarde, convocó en San Pablo a una protesta para manifestar su repudio al accionar de la Justicia y pedir amnistía para todos los condenados por los hechos de enero. “El activismo judicial (trabaja) para inhabilitar a la derecha (…) como inhabilitaron a (Marine) Le Pen en Francia”, advirtió durante su intervención ante miles de seguidores.
Según la ley brasileña, una condena por golpe de Estado conlleva una sentencia de hasta 12 años para quienes integran los niveles dos a cinco en esta causa. En el caso del expresidente y sus aliados más cercanos, el riesgo del tiempo tras las rejas asciende hasta 40 años.
