Extrabajadores de la extinta empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos Sociedad Anónima (Sabsa) exigieron este martes 15 de abril de 2025 a las autoridades policiales que se ejecute la orden de aprehensión emitida por un juez de Yapacaní contra el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
Esta medida se toma debido al incumplimiento en el pago de una deuda que supera los 55 millones de bolivianos por concepto de finiquitos laborales.
Orden judicial contra el ministro
Según la resolución judicial, Montaño debe ser trasladado a la carceleta de Buena Vista, ubicada en el departamento de Santa Cruz, hasta que se realice el pago pendiente.
Los extrabajadores explicaron que el proceso judicial lleva más de 10 años y que ya existe una sentencia favorable que establece la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas como accionista mayoritario de Sabsa en el cumplimiento de estas obligaciones.
Conflicto laboral prolongado
El conflicto se remonta a febrero de 2022, cuando finalizó el contrato de concesión de Sabsa y se creó una nueva entidad, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), en reemplazo de Aasana.
De los 648 trabajadores que formaban parte de Sabsa, más de 100 fueron despedidos, mientras que el resto fue incorporado a Naabol con nuevos contratos. A pesar de los compromisos previos, como el anunciado en marzo de 2024 por el director de Naabol, Elmer Pozo, el pago total aún no se ha concretado.
Rechazo de la orden de aprehensión
Los extrabajadores acudieron a las dependencias policiales para entregar la orden de aprehensión, pero denunciaron que esta fue rechazada bajo el argumento de que el trámite debe realizarse directamente en el juzgado laboral correspondiente.
Esta situación generó molestia entre los afectados, quienes consideran que existe una dilación injustificada en la ejecución de la orden.
Respuesta del ministro Montaño
Desde Tarija, el ministro Montaño respondió al fallo judicial calificándolo de parcializado y doloso. Cuestionó la legalidad de la orden al señalar que, en etapas anteriores del proceso, el juez descartó la participación del Ministerio de Obras Públicas como parte implicada.
Además, acusó a los extrabajadores de haber firmado acuerdos previos con montos definidos y de intentar ahora obtener un pago superior al establecido inicialmente.
Montaño afirmó que seguirá defendiendo los recursos estatales, argumentando que lo que está en juego son fondos públicos que deben ser protegidos. También anunció que presentará acciones legales contra la resolución judicial y la actuación del juez que emitió la orden de aprehensión.
