Productores agrícolas del municipio de San Pedro, en la provincia Obispo Santistevan del departamento de Santa Cruz, denunciaron este viernes 11 de abril que interculturales instalaron un retén ilegal en un camino vecinal, poniendo en riesgo la producción agrícola de más de 70,000 hectáreas.
Según la denuncia, el punto de control, que opera sin autorización oficial, fue instalado el 4 de abril de 2025 por interculturales provenientes de San Pedro y San Julián. Estos grupos presuntamente participaron en el avasallamiento del predio Santagro.
Ubicación del retén ilegal
El retén se encuentra ubicado en la intersección entre los predios Santagro, San Rafael y Hacienda Isabela. Es operado por personas que exigen a quienes transitan por el lugar la presentación de su cédula de identidad, así como datos del vehículo, origen y destino.
Los denunciantes señalaron que esta situación es una clara usurpación de funciones propias de la Policía Boliviana, la Aduana Nacional y otras instituciones del Estado.
Afectación a la producción agrícola
Indicaron que la situación afecta directamente a más de 70,000 hectáreas productivas, perjudicando el trabajo en predios como San Cayetano, Canaan, San Gabriel, La Moneda, Río Verde, La Luna y San Fernando. Además, impacta en comunidades campesinas afiliadas a la Federación Única de Campesinos.
En ese marco, los agricultores denunciaron que con esta acción se vulneran derechos constitucionales como la libre locomoción, el trabajo y la seguridad.
Denuncias formales presentadas
Ante esta situación, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) presentó denuncias formales al alcalde de San Pedro y al Comando Departamental de la Policía. Solicitaron una intervención inmediata y el procesamiento de los responsables, tanto materiales como intelectuales.
La organización recordó que el artículo 76, parágrafo II, de la Constitución prohíbe expresamente la instalación de retenes por parte de grupos particulares.
Solicitud a las autoridades
Asimismo, Anapo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y departamentales para restablecer el orden y garantizar el acceso libre y seguro a los predios productivos.
La entidad subrayó que acciones como estas generan incertidumbre y temor entre los productores, quienes desde hace más de 30 años invierten y producen alimentos en tierras legalmente tituladas en esa región del país. Por ello, demandó que se respete la seguridad jurídica del sector agrícola en Santa Cruz.
