El exdirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, Armin Lluta, denunció el 12 de abril de 2025 que el Gobierno está intentando intimidarlo y silenciarlo. Esto ocurre tras la difusión de un video en el que aparece relacionado con un gabinete propuesto por Zúñiga, en el contexto del presunto intento de golpe.
La situación se intensificó después de que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentara el audiovisual el 10 de abril. En este video, se muestran las conexiones de Lluta con otros analistas y figuras políticas, como parte del gabinete que Zúñiga pretendía imponer el 26 de junio de 2024. Tras la difusión del video, se ejecutaron órdenes de aprehensión contra varios acusados, incluyendo a Jorge Valda y a militares en servicio pasivo.
Reacción de Armin Lluta
Lluta afirmó: “Yo no tengo ninguna participación. Lo que el Gobierno está haciendo conmigo es simplemente intimidarme, acallarme. No conozco a ningún Zúñiga. Lamento el actuar abusivo por parte del Gobierno.” El dirigente cocalero considera estas acciones como parte de una persecución política dirigida contra líderes sociales disidentes.
Denuncias de persecución política
El jueves 10 de abril, Del Castillo mostró el audiovisual donde aparece Lluta como eventual ministro de Desarrollo Productivo. Esto ha generado una gran preocupación sobre la libertad de expresión y los derechos políticos en Bolivia. Lluta se definió como campesino de origen indígena y aseguró que el Gobierno busca silenciarlo por haber mantenido siempre una postura crítica.
“Lo que se muestra en ese documental es totalmente falso y continuaré denunciando con más fuerza”, expresó Lluta. Además, concluyó indicando que: “si el Gobierno logra detenerme, no se callen. Después de que se vaya este Gobierno, habrá muchos años para exigir que las actuales autoridades respondan por lo que han hecho en el país.”
Tensiones en Bolivia
La situación actual refleja las tensiones entre sectores del gobierno y líderes sociales en Bolivia. Las acciones del Gobierno han generado preocupación sobre la libertad de expresión y los derechos políticos en el país, lo que podría tener repercusiones significativas en el futuro de la política boliviana.
