El abogado Paúl Coca ha negado su implicación en la asonada militar que ocurrió el 26 de junio de 2024. Además, afirmó que no tiene planes de huir del país. Estas declaraciones se producen tras la aprehensión del abogado Jorge Valda en Santa Cruz, mientras el Gobierno presentó un documental que aborda el supuesto golpe de Estado.
Coca hizo estas afirmaciones después de que grupos de inteligencia de la Policía detuvieran a Valda, quien fue llevado a la Sede de Gobierno. En un video que compartió en sus redes sociales, Coca manifestó: “Secuestraron a Jorge Valda, ahora vienen por nosotros. Solo quiero decirles que sigamos luchando por la democracia y por nuestros presos políticos. Vamos a ser aprehendidos en las próximas horas”.
Documental sobre el golpe
El Gobierno presentó un documental titulado ¿Qué pasó el 26J?, en el que se mostró un esquema de un presunto gabinete que sería liderado por el exgeneral Juan José Zúñiga. En este esquema, Valda aparece como futuro ministro o fiscal general, mientras que Coca está mencionado como ministro de Obras Públicas.
Paúl Coca defendió que ninguno de los nombres mencionados por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tiene relación con el supuesto golpe de Estado que habría encabezado Zúñiga.
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Gabinete ministerial mencionado
En el presunto gabinete ministerial que se menciona en el documental ¿Qué pasó el 26J?, también aparecen otros nombres. Gonzalo Chávez sería el ministro de Economía; Joshua Bellot, el ministro de Planificación del Desarrollo; José Luis Álvarez, el ministro de Educación; Armin Lluta, el ministro de Desarrollo Productivo; Ana María Morales, la ministra de Justicia; y Jorge Valda en la cartera de Justicia o como fiscal general.
Preocupación por derechos humanos
La situación ha generado inquietud entre sectores que defienden la democracia y los derechos humanos. Estos grupos ven en los recientes acontecimientos una posible amenaza para las libertades civiles. La detención de figuras vinculadas a este caso podría tener repercusiones significativas en el clima político del país y en la percepción pública sobre la justicia y el estado de derecho.
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