El presidente Nicolás Maduro emitió un decreto de Estado de Emergencia Económica el 8 de abril de 2025. Este decreto otorga amplias facultades al Ejecutivo para implementar regulaciones y medidas excepcionales en respuesta a lo que se describe como una «guerra comercial» por parte de Estados Unidos.
El abogado y activista en Derechos Humanos Carlos Isaías Aponte González advirtió sobre las implicaciones legales del decreto. Aponte González señala que podría haber posibles vulneraciones a principios constitucionales y derechos económicos en Venezuela.
Implicaciones del decreto
Aponte González considera que el decreto “podría profundizar la concentración de poder, debilitar las garantías económicas y la seguridad jurídica, y erosionar aún más el Estado de Derecho en Venezuela”. En su análisis preliminar, destaca la violación del Principio de Separación de Poderes y Controles Legislativos, así como la suspensión inconstitucional del principio de legalidad en materia económica.
El decreto establece el Estado de Emergencia Económica durante 60 días, con posibilidad de prórroga en todo el territorio nacional. “Concede amplísimas facultades al Ejecutivo Nacional para dictar regulaciones y medidas excepcionales de forma discrecional”, señala Aponte.
Facultades del Ejecutivo
Esto incluye autorizar erogaciones no previstas en la Ley de Presupuesto y operaciones de crédito público sin seguir el procedimiento ordinario. La Constitución establece en el Artículo 136 una clara división de poderes, asignándole a la Asamblea Nacional funciones específicas como aprobar el presupuesto, autorizar créditos adicionales y operaciones de crédito público.
“El decreto, al permitir al Ejecutivo actuar sin estos controles, vulnera la separación de poderes y anula por completo el control parlamentario sobre áreas cruciales”, afirma Aponte.
Suspensión de garantías legales
En cuanto a la Suspensión de la Garantía de Reserva Legal, Aponte recuerda que “en el artículo 5 del Decreto suspende la garantía constitucional de reserva legal en materia económica, financiera y monetaria”. Esto implica que el Ejecutivo podría actuar sin una ley previa o instrumento jurídico que regule sus acciones.
De esta manera, Maduro tendría la facultad de “dictar decretos o decretos leyes” que intervengan en la economía y comercio. Aponte destaca que el principio de legalidad es fundamental para el Estado de Derecho.
Cuestionamientos sobre el decreto
Si bien el Artículo 337 permite restricciones temporales durante estados de excepción, “la suspensión genérica de la reserva legal en materias tan amplias es altamente cuestionable”. Podría interpretarse como una “habilitación de facto e ilimitada para legislar por decreto”.
Aponte advierte que, aunque el Artículo 6 del Decreto faculta al presidente a dictar “otras medidas sociales, económicas y políticas que considere necesarias”, esa redacción es vaga y otorga discrecionalidad casi ilimitada al Ejecutivo.
Impacto en derechos económicos
Esto podría permitirle tomar medidas que afecten derechos fundamentales económicos, sociales e incluso políticos sin límites claros. Las medidas contempladas pueden afectar directamente garantías económicas.
La Constitución garantiza la libertad económica y establece principios para el sistema tributario. Para Aponte González, “la aplicación del Decreto podría implicar restricciones a estas libertades” y alteraciones al régimen tributario sin debido proceso legislativo.
Esto podría tener un impacto negativo sobre la iniciativa privada, manifestándose en acciones confiscatorias y medidas tributarias impuestas por decreto. Todo ello amplifica las condiciones de inseguridad jurídica que han desalentado la inversión en Venezuela.
Riesgos para derechos ciudadanos
La aplicación del decreto también plantea riesgos significativos para los derechos fundamentales ciudadanos. Las medidas podrían ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente económicos, como restricciones a derechos políticos o sociales.
