La investigación sobre el caso de las butacas para el Teatro Municipal de Cultura “Javier Echenique Álvarez” ha sido trasladada a la Contraloría General del Estado para que se realice una investigación exhaustiva. El concejal de Oruro, Iván Quispe, ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de estas butacas. Desde la Secretaría Municipal de Cultura, se ha afirmado que el proceso fue llevado a cabo de manera legal y legítima.
El concejal Quispe ha cuestionado la caída de las convocatorias, además de señalar un presunto sobreprecio y un posible favorecimiento a la empresa que fue adjudicada mediante invitación directa. También ha alegado que en los documentos presentados faltaban requisitos, firmas y otros elementos en fechas específicas.
“Se ha hecho un proceso de licitación para 490 butacas con un precio de Bs. 1.718.500. Se ha solicitado que sean 220 con mesas y 270 sin mesas. Además, cayó la tercera citación. Según la normativa, esto da la posibilidad al alcalde de hacer una invitación directa. El 12 de noviembre se entregaron las actas en Bienes y Servicios, y nosotros nos apersonamos el 15. Al revisar el acta, notamos algo llamativo: no había firmas, fecha ni hora. Cuando cayó el tercer proceso, se presentaron dos informes, uno técnico y otro de la unidad solicitante que mencionó que el proceso había caído”, sostuvo el concejal en su denuncia.
Defensa de la Secretaría Municipal
Por su parte, el secretario municipal de Cultura, Víctor Hugo Vásquez, aclaró que tras las caídas de las convocatorias, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), que en este caso es el alcalde Adhemar Wilcarani, realizó la invitación directa. Vásquez argumentó que el proceso fue legal y legítimo.
“Hemos escuchado las declaraciones del concejal, pero queremos ratificar a la población que el proceso de contratación de las butacas se ha hecho de manera legal y legítima. Se ha cumplido con todas las normas de contratación de bienes y servicios. Dos convocatorias se declararon desiertas y luego se procedió por invitación directa. Es legítimo porque en 6 años no se había abierto este espacio. El tema de precios lo evalúa la MAE, pero tengo la certeza de que se ha hecho todo de forma legal y legítima”, afirmó Vásquez.
Investigación ante la Contraloría
El concejal Quispe ha formalizado su denuncia para que el caso sea investigado por la Contraloría General del Estado. En este sentido, Vásquez ha expresado su disposición para colaborar en las indagaciones que se realicen.
