El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció este lunes 31 de marzo que tomará acciones legales para exigir su liberación. Esto ocurre después de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinara que su detención es ilegal y recomendara su inmediata excarcelación.
Camacho se pronunció a través de su familia y sus abogados, tras la decisión del Grupo de Trabajo que calificó su detención como arbitraria y sugirió su liberación, además de una indemnización por los daños sufridos.
Advertencias de la defensa
La defensa de Camacho también advirtió que, si no se acata el dictamen de la ONU, se iniciarán procesos internacionales contra quienes son responsables de su encarcelamiento.
Informe de la ONU
El informe de la ONU señala que la detención de Camacho viola sus derechos fundamentales, incluyendo la presunción de inocencia y el derecho a un juicio imparcial. Además, sostiene que el Gobierno no cuenta con pruebas que justifiquen su detención preventiva ni su posterior enjuiciamiento.
Posición de la Human Rights Foundation
La Human Rights Foundation enfatizó que el dictamen es vinculante, dado que Bolivia es signataria de tratados internacionales que garantizan los derechos humanos.
Reacciones familiares
Fátima Jordán, esposa de Camacho, informó que solicitará sanciones internacionales contra el presidente Luis Arce y otras autoridades implicadas, describiendo la situación de su esposo como un “secuestro”.
Acciones legales en curso
Mientras tanto, el equipo jurídico del gobernador está preparando denuncias ante organismos internacionales para exigir responsabilidad penal contra los jueces y fiscales que participaron en su detención.
Opinión de Carlos Mesa
El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, calificó la negativa del Gobierno a cumplir con el dictamen de la ONU como una clara evidencia de persecución política.
Selección del caso
Según la Human Rights Foundation, el caso de Camacho fue seleccionado entre miles de solicitudes debido a su relevancia y a las graves violaciones a derechos fundamentales que implica.
