El gobierno de Bolivia ha declarado una emergencia nacional debido a las intensas lluvias que han afectado a los 9 departamentos del país. Estas lluvias han causado daños en más de 290 municipios, con 770 viviendas destruidas y aproximadamente 3,800 familias damnificadas. Además, el sector agrícola ha sufrido severas afectaciones.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó sobre la situación tras una evaluación realizada el 22 de marzo con el Presidente Luis Arce y varios ministros. Novillo destacó la necesidad de recursos para la asistencia inmediata y la reconstrucción de las áreas afectadas.
El ministro mencionó que, por el momento, se han asignado 40 millones de bolivianos para la asistencia inmediata. Sin embargo, se prevé que las lluvias continúen en los próximos días y que sean más intensas. Para enfrentar esta situación, se han aprobado 75 millones de dólares, además de un crédito adicional de 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales 150 millones pueden ser utilizados específicamente para inundaciones.
Preocupaciones de los legisladores
El senador de Creemos, Erik Morón, expresó su preocupación por la declaratoria de desastre nacional, indicando que es necesaria en regiones como el departamento de Beni y el departamento de Santa Cruz. Morón señaló que hay una afectación aproximada de más de 200,000 reses entre ambos departamentos, lo que podría generar escasez de alimento en el futuro.
El senador también criticó que estos recursos deben ser empleados adecuadamente para atender los desastres nacionales. Se destacó la importancia del seguimiento por parte de legisladores y fiscalizadores sobre la asignación de recursos destinados a las emergencias.
Transparencia en la asignación de recursos
Morón subrayó que «deberían transparentar la asignación de estos recursos» para asegurar que la ayuda efectiva llegue a los municipios en estado de emergencia. También hizo hincapié en la falta de rendición de cuentas por parte del gobierno ante el Senado.
La situación actual plantea desafíos significativos en términos económicos y sociales. Muchas familias han perdido sus hogares y medios de subsistencia debido a las inundaciones. La infraestructura productiva y caminera ha sido severamente dañada, lo cual impacta directamente en la capacidad del país para recuperarse rápidamente.
Afectaciones al sector agropecuario
Además, se mencionó que «se está perdiendo mucho en el sector agropecuario», lo cual requiere atención inmediata por parte del gobierno local y nacional. La gestión ante organismos internacionales es crucial para obtener apoyo financiero adicional destinado a la reconstrucción y asistencia a las familias afectadas.
Finalmente, se enfatizó que sin un ente fiscalizador efectivo, será difícil garantizar que los recursos sean utilizados adecuadamente y lleguen a quienes realmente lo necesitan.
